Unas cinco horas duró la asamblea general de delegados de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) de este jueves, en la que los docentes analizaron el inicio de clases y la transición de gobierno, incluyendo el anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) que discute el gobierno electo.
Por consenso, la Fenapes resolvió ratificar “el rechazo al anteproyecto de LUC, en los términos que manifestó el consejo ejecutivo de la federación y el PIT-CNT, por la forma y el contenido”, informó José Olivera, presidente de la federación. Además, el gremio resolvió declararse en conflicto, de forma que las distintas filiales comiencen a trabajar en medidas organizativas y propagandísticas. También se resolvió convocar a una movilización nacional el 12 de marzo, para lo que “cada filial, en el marco de su autonomía, definirá las características de la movilización, con asambleas, algunas con paro parcial y otras con paro de 24 horas”, añadió Olivera. El dirigente acotó que algunas filiales plantearon que no han avanzado en la discusión como para adoptar una medida de paro ese día. En cambio, otras, como la de Montevideo, ya anunciaron que harán un paro de 24 horas.
En otro de los puntos de la resolución de la asamblea se apunta a generar, en el marco de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), “un gran movimiento en defensa de la educación pública, y plantear una movilización con paralización a fines de marzo”. A la vez se planteará en la Mesa Representativa del PIT-CNT convocar a otra movilización en rechazo de la LUC para abril. La asamblea de delegados pasó a un cuarto intermedio, que retomará el 15 de marzo.
Sobre el inicio de cursos, además de plantear algunas situaciones puntuales con dificultades en temas de infraestructura y conformación de equipos, Fenapes mantiene su crítica respecto de comenzar las clases el primer día hábil de marzo, ya que no están dadas las condiciones de trabajo en secundaria, afirmó Olivera. Por otro lado, se evaluó “muy positivamente la elección de horas”, que permite llegar al 2 de marzo con “casi 98% de las horas cubiertas”, informó el dirigente.
“Un retroceso”
Los consejeros electos de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani; de Secundaria, Carlos Rivero; y del Consejo Directivo Central, Juan Pérez –todos propuestos por el PIT-CNT– emitieron una declaración sobre el contenido del anteproyecto de LUC, que consideran que anticipa “un planteo de privatización y mercantilización que confirma el carácter regresivo” de la propuesta. “El diagnóstico que plantean para la reforma del gobierno es que la educación está en crisis y para revertirla existe la necesidad de retomar el control partidario”, señalan. Según advierten, los cambios refieren no sólo a la estructura de gobierno del sistema educativo, sino también a la “concepción del mismo, desmantelamiento de áreas y formas de administración del sistema educativo y la incorporación de mecanismos de cuasi mercado en la construcción de la carrera docente”. Según concluyen, los cambios implican un “retroceso para la educación pública de nuestro país”.
La declaración cuestiona que el anteproyecto plantea la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, la pérdida de la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la flexibilización laboral, la pérdida del carácter colegiado de los consejos, y la eliminación del cargo de consejeros electos. Sobre esto último, consideran que la sustitución de los consejos por direcciones unipersonales propone “figuras más próximas a cargos gerenciales del ámbito privado que a una fórmula que permita la correcta conducción del sistema de educación pública”. En cambio, aseguran que los consejeros electos, en lugar de ser “un obstáculo para la toma de decisiones”, como se sugiere, “han mantenido la gobernabilidad cuando el Poder Ejecutivo ha tenido dificultades para mantener la conformación en los diferentes consejos”.