Montevideo se encuentra dividido por Avenida Italia. Así lo asegura la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM): “Hacia el Sur, la playa, saneamiento, calles pavimentadas, casas bonitas, tierra cara, y rejas, muchas rejas; hacia el Norte, efluentes corriendo por las cunetas, casas modestas, falta de transporte y tierra barata. Los del Sur y los del Norte viven en la misma ciudad, en algunos casos separados por escasos metros, pero su derecho no es el mismo. ¿La Avenida Italia será la frontera para ejercer el derecho a la ciudad?”.
Este texto es parte de un documento que la dirección nacional de FUCVAM le entregó este jueves a la candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) Carolina Cosse, que estuvo acompañada por el ex subsecretario y actual ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi. Gustavo González, secretario general de la federación, contó a la diaria que la reunión había sido solicitada por la propia Cosse. El tema abordado fue “el derecho a la ciudad”.
El documento contiene 26 sugerencias para una “ciudad democrática y acceso al suelo urbano”. FUCVAM también le presentará las medidas, el lunes, a otro de los candidatos frenteamplistas, Álvaro Villar, y después a todos los postulantes a la comuna que quieran reunirse con su organización.
En otro de los puntos se propone establecer nuevas formas legales para la tenencia del suelo, que “no se limiten a la propiedad individual y respeten las modalidades ancestrales (como las arrendaticias, la propiedad colectiva, comunitaria y familiar, o los derechos de superficie, uso o posesión)”. A su vez, FUCVAM reclama que la propiedad no sea objeto de especulación inmobiliaria. Por eso entiende que si la vivienda fuera abandonada debe quedar “protegido el grupo familiar”. También sostiene que es necesario que exista mayor participación popular en las definiciones de decisiones, registros, programas y políticas de vivienda.
Los desalojos son otra de las problemáticas que se abordan en el texto. Ante su aumento –bajo en la figura legal de “usurpación”–, FUCVAM plantea la eliminación “en forma inmediata” de la “criminalización de las ocupaciones de tierras e inmuebles que realicen familias de bajos ingresos para resolver su problema habitacional”. Además, se reclama la suspensión de los desalojos en los asentamientos populares y que se garantice “el derecho al arraigo”. Pero en los casos en los que las familias efectivamente sean desalojadas de sus viviendas, se plantea que se debe asegurar “la defensa judicial y crear instancias de mediación pública de conflictos”. Además, se sugiere que en los casos excepcionales de reubicaciones consensuadas “el Estado debe garantizar previamente soluciones alternativas de realojo digno y adecuado”.
Con respecto a los edificios estatales que estén en desuso, se propone su traspaso a un banco de inmuebles para que puedan utilizarse en programas de hábitat popular. También deberían tener similar destino los inmuebles privados en desuso, que deberían pasar al dominio del Estado. Para evitar el abandono de tierras y edificios FUCVAM propone ejecutar “políticas tributarias fuertes, como el pago de impuestos progresivos”.
Además, reclama que en todos los “nuevos emprendimientos de vivienda y terrenos urbanizados” se destine “un área porcentual obligatoria de suelo adecuado como reserva para vivienda social”. Por otra parte, la federación cree necesario que el Estado otorgue créditos para el acceso al suelo y, en caso de que sea necesario, mediante subsidios o con mecanismos de cofinanciamiento “con ahorro de los pobladores y aporte del Estado”.