Si bien en 2018 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición desde Argentina del coronel retirado Manuel Cordero -preso en ese país por violaciones a los derechos humanos del Plan Cóndor-, la Justicia uruguaya no pudo completar el trámite para presentar la solicitud formal en los siguientes 30 días, como establece la normativa.
Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, el pedido de extradición realizado por el fiscal Ricardo Perciballe hizo que se dispusiera un arresto preventivo de Cordero (que de todas maneras se encuentra en prisión domiciliaria), pero en los 30 días posteriores la Justicia no logró continuar con el trámite, por lo que se debió levantar el arresto preventivo.
Perciballe sostuvo al semanario que el levantamiento del arresto preventivo no tuvo consecuencias graves debido a que Cordero se encuentra en prisión domiciliaria, lo que evita que exista riesgo de fuga. “La situación es de mayor preocupación si la persona requerida está libre. En este caso está sujeto a la Justicia argentina”, comentó.
El fiscal explicó que la extradición de Cordero también depende, en última instancia, de que Brasil la autorice: el militar retirado fue detenido en ese país y desde allí fue extraditado a Argentina. Entonces, si un tercer país lo requiere, es el Estado que habilitó su traslado inicial quien debe aprobar la extradición. Perciballe informó que Uruguay no obtuvo aún la autorización de Brasil, por lo que no pudo enviar la autorización formal a tiempo.
A pesar de estas dificultades burocráticas, el fiscal aseguró que no haber presentado el pedido formal “no inhibe que el proceso de extradición se mantenga”.
Perciballe busca investigar a Cordero por abusos sexuales y torturas cometidas contra 28 mujeres en centros de detención clandestina durante la Dictadura.