Este jueves se cumple la fecha límite que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, dio a sus socios para plantear aportes y discrepancias al borrador de la ley de urgente consideración (LUC). Este martes, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, se reunieron con representantes del Partido Independiente (PI) y Cabildo Abierto (CA) para recibir sus propuestas. En tanto, el Partido Colorado (PC) finalizará este miércoles el estudio del proyecto.
Luego del encuentro, el diputado electo por el PI Iván Posada dijo que esta “etapa de intercambio” debe manejarse con “reserva” e hizo pocos comentarios sobre las sugerencias de su colectividad política. “Todo nuestro esfuerzo tiende a que la LUC sea un proyecto de consenso”, dijo Posada. “No se nos escapa que la LUC será el primer acto del gobierno y, en consecuencia, será la primera prueba a la que se someterá la coalición y debe ser exitosa”, agregó.
El diputado fue consultado acerca de si existen discrepancias con las modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP) y la desmonopolización de ANCAP incluidas en el borrador, y se limitó a responder que el PI está “comprometido” con los contenidos del acuerdo Compromiso por el País. En consecuencia, este partido planteará “que aquellas cosas que no están en el documento, no deberían estar [en la LUC]”. Precisamente la liberalización de combustible y las modificaciones al proceso abreviado no están en el acuerdo. “Nosotros nos sentimos comprometidos con lo que firmamos”, sintetizó.
Un dirigente de ese partido dijo a la diaria que en el PI discrepan con los cambios al CPP porque consideran que “las fiscalías van a estar saturadas”. “Prácticamente se elimina el proceso abreviado”, y “en los hechos eso va a significar que se multipliquen los juicios de una manera exponencial”, planteó, y además dijo que “no se prevén las consecuencias respecto de la demanda del servicio de fiscales”. El lunes, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se reunió con Lacalle Pou para advertirle de que estos cambios podrían dificultar el funcionamiento del organismo que dirige.
A su vez, la fuente comentó que en seguridad se hicieron “algunas propuestas de corrección”, ya que el PI “no comparte en absoluto” la extensión del período de dos a cuatro horas del límite de la Policía para informar al fiscal ante una detención o denuncia. Se entiende que el cambio “viola las garantías constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado Uruguay”.
“Numerosas propuestas”
Quien se apersonó en la reunión con Argimón y Ferrés por CA fue el senador Guillermo Domenech. El legislador manifestó que su partido hizo “numerosas propuestas en materia de seguridad, salud pública, comercio fronterizo y vivienda”, mientras que en otros temas el partido no tiene una “posición definitiva” y continuará el análisis. Desde el partido explicaron a la diaria que este miércoles habrá una reunión “para ver todo el material”, “hacer un combo” y “redondear un producto”.
Domenech ratificó las discrepancias de CA con las modificaciones introducidas en la normativa del Instituto Nacional de Colonización. El senador electo y líder del partido, Guido Manini Ríos, y la designada ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, ya se habían manifestado en contra.
Iván Posadas (c), ayer, en la salida del anexo del Palacio Legislativo.
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Además, si bien Domenech dijo que “no hay ningún compromiso” con proponer modificaciones a los cambios en la Ley General de Educación (como habían asegurado dirigentes de la Federación Uruguaya de Magisterio tras reunirse con Manini Ríos a comienzos de febrero), según supo la diaria, CA sí sugerirá cambios en esta área.
El senador no hizo ninguna referencia a los cambios en el CPP, aunque estos no conforman a algunos integrantes de CA. Un dirigente de este partido dijo a la diaria que el nuevo abordaje del proceso abreviado “tiene un problema técnico que tiene que resolverse”. Además, sostuvo que CA “seguramente” ofrezca “alguna solución en la naturaleza jurídica de la Fiscalía”, tema del que “no se habla”.
El partido liderado por Manini Ríos también hará aportes a los cambios en la legislación sobre la seguridad social. El anteproyecto propone la creación de una “Comisión de Expertos en Seguridad Social” dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa comisión tendrá plazo hasta diciembre de 2020 para presentar “un informe diagnóstico preliminar” y, luego, un informe final para diciembre de 2021, pero CA pretende achicar estos plazos.
Cambios a todo el borrador
En tanto, el PC sigue estudiando el proyecto. Según supo la diaria, los colorados van a proponer modificaciones “de redacción o agregados en todas las secciones”. Además, solicitarán que algunos temas ingresen al Parlamento como proyectos independientes de la LUC.
Entre las principales diferencias también está el temor de que las modificaciones al CPP hagan colapsar el sistema, y que no se especifica qué tipo de delitos pasarían a juicio oral. Estos juicios “son más largos”, por lo que “implicarían que se otorgara muchos más recursos a la Fiscalía General de la Nación”, explicó un legislador.
El diputado Conrado Rodríguez dijo que dentro del PC hay quienes rechazan la desmonopolización de ANCAP, por lo que sostuvo que sería más adecuado abordar este tema por fuera de la LUC. De todas formas, dijo que en el PC no son “categóricos en rechazar totalmente la propuesta”, pero señaló que “en este momento no tenemos los insumos necesarios para saber si es una política que pueda beneficiar a los usuarios y al Estado”. El legislador recordó que este punto no estaba en el acuerdo suscrito por la coalición.
En el PC coinciden con CA en que la reforma de la seguridad social debe ser más rápida, y también plantean excluirla de la LUC. “Así como está en el borrador, podría llevarnos a que recién en el 2022 se termine remitiendo un proyecto de ley al Parlamento”, dijo Rodríguez. Según aseguró, este planteo ya fue transmitido a Lacalle Pou.