La vicepresidenta Lucía Topolansky fue entrevistada por La República Radio, donde sostuvo que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, pretende “desmonetizar” las empresas públicas. “Viene otra vez un Lacalle al gobierno; eso lo debemos visualizar. En su momento estuvo la idea de eliminar las empresas públicas. Ahora eso tan grueso no se puede hacer, pero se hace lo mismo. Se busca hacer lo mismo con la lima: limarlas de modo de desmonetizarlas”, agregó. Además, dijo que pasa algo similar con las modificaciones de las unidades reguladoras. “Nosotros en su momento no las votamos, cuando se quedaron en el presupuesto del gobierno del presidente [Jorge] Batlle, porque Uruguay no tenía tantas petroleras, tantas empresas de agua como para que se justificara un ente regulador”, señaló.
El sábado, Lacalle Pou participó en una cena benéfica en Punta del Este y fue consultado por la prensa sobre las declaraciones de Topolansky. Contestó que el futuro gobierno quiere “fortalecer” las empresas públicas y que, entre otras cosas, fortalecerá las unidades reguladoras, ya que en los últimos años el gobierno de Frente Amplio (FA) “las absorbió” y “les sacó potestades”, por lo que “no se podía controlar y regular independientemente”. “Lo que queremos es una reguladora, ya sea la Ursec [Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones] o la Ursea [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua], que realmente tenga las potestades para hacer mejores empresas públicas. Porque el concepto de base, distinto al de algunos dirigentes del FA, sobre todo de los que gobernaron o fundieron empresas públicas –recordemos cómo terminó ANCAP en un período de gobierno–, es que el Estado y las empresas públicas deben estar al servicio de la gente y no a la inversa”, señaló Lacalle.
Entre otros aspectos relacionados con las empresas públicas, en el borrador del proyecto de ley de urgente consideración se incluyó la creación la Agencia Reguladora de Compras Estatales, como órgano desconcentrado, “la cual funcionará con autonomía técnica”. Entre las competencias del nuevo organismo está “asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación y conducción de la política en materia de compras públicas”, así como “asesorar a las entidades estatales dependientes del Poder Ejecutivo en materia de compras y contrataciones y, mediante convenios, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos”. También “desarrollar, publicar y coordinar con las diversas entidades estatales la efectiva aplicación de un catálogo único para la adquisición de bienes por parte del Estado”.