El diputado frenteamplista Gerardo Núñez (Partido Comunista del Uruguay) presentará dos proyectos de ley -uno enfocado a los empleos y el otro a la vivienda- que pretenden mitigar la crisis provocada por el nuevo coronavirus.
El primer artículo del proyecto, que busca proteger los empleos, dice que se prohíben los despidos por 180 días hábiles contados a partir del 13 de marzo (día en el que decretó la emergencia sanitaria) de “trabajadores y trabajadoras, salvo los casos de notoria mala conducta”.
Según el texto, si una persona es despedida como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 “la indemnización correspondiente para el trabajador o trabajadora será el doble de lo normal”. Además, el tercer artículo establece que tampoco se podrá, por 180 días, extinguir los vínculos laborales con el Estado, “sean de derecho público o privado, así como en las personas públicas no estatales con excepción de aquellos casos en los que se hubiere constatado una falta grave o muy grave”.
“La pandemia no puede ser excusa para el despido de trabajadores y trabajadoras”, dice el diputado en la exposición de motivos. Además asegura que el proyecto “pretende garantizar que la emergencia generada por la crisis sanitaria del Covid-19 no prive a las empresas de su capacidad real para organizar sus recursos una vez finalizada” la situación.
En el caso de los vínculos con el Estado, el texto asegura que pretende “evitar la rescisión de contratos laborales, provisoriatos y demás vínculos que no suponen la condición de funcionaria o funcionario público”.
En tanto, el otro proyecto del diputado propone suspender por 180 días hábiles “los lanzamientos dispuestos sobre inmuebles con destino casa habitación en el caso de personas que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad”.
El texto define qué personas o familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, y establece un tope respecto a sus ingresos: no se comprenderá en esta categoría a las familias que tengan un ingreso superior a las 10 Bases de Prestaciones y Contribuciones, unos $45.000 pesos. Además de suspender las ejecuciones hipotecarias, el proyecto establece un período de gracia de seis meses para los deudores.
Núñez aclaró que si bien por la vía de los hechos los desalojos no se están ejecutando -ya que se declaró una feria judicial sanitaria-, el proyecto busca contemplar a las personas que ya venían arrastrando una deuda y que podrían ser desalojadas en medio de la emergencia sanitaria. Sería una “garantía para asegurar que cuenten con un lugar acorde a las circunstancias”, dijo.
El diputado explicó que ambos proyectos serán tratados este jueves en la bancada del Frente Amplio y, de contar con el aval de la fuerza política, serán llevados al Parlamento.