Unos días antes de que el gobierno de Ecuador dispusiera el toque de queda para frenar la propagación del nuevo coronavirus, un grupo de mujeres indígenas y algunos representantes de Amnistía Internacional entregaron a la Fiscalía General del Estado de ese país más de 250.000 firmas. Las recolectaron en una campaña internacional que se extendió por 168 países, para reclamar que se investiguen las amenazas y ataques que sufrieron cuatro integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas.
La Fiscalía se comprometió a revisar esos casos, que abarcan desde amenazas de muerte hasta el incendio de la vivienda de una de las activistas. Los ataques ocurrieron en 2018 y las víctimas fueron Nema Grefa, Salomé Aranda, Margoth Escobar y Patricia Gualinga. Desde entonces, las investigaciones parecen estancadas, según las denunciantes.
“Ellos dicen que van a tratar de agilitarlas, pero veremos si pasamos de los dichos a los hechos”, dijo Gualinga a la diaria, en diálogo telefónico. “Ya llevamos dos años presionando para que den con los responsables de quemar la casa de Margoth, para saber quién vino a romper los vidrios del departamento donde yo estaba, quién nos amenazó de muerte, y no ha habido resultados. Aparecen filmaciones de cámaras en sitios que nada tienen que ver. Hay una investigación que realmente no es lo que debería ser”, agregó. La entrega de firmas busca poner en evidencia que estos casos no sólo despiertan la atención en Ecuador, “sino que hay 168 países que están apoyando este proceso de las mujeres”.
Cuando Gualinga fue amenazada de muerte y su vivienda fue apedreada, Amnistía Internacional reclamó al gobierno de Ecuador que actuara y que reconociera la legitimidad del trabajo de los defensores del medioambiente y el derecho a la tierra.
La dirigente, de 50 años, es una de las caras más visibles de Mujeres Amazónicas, un movimiento creado en 2013 para defender sus derechos, los de sus comunidades y sus territorios frente a diversas industrias extractivas, en particular la del petróleo. También ha liderado esa lucha como dirigente del pueblo kichwa de Sarayaku ‒una localidad de la provincia ecuatoriana de Pastaza‒ y es consejera indígena de la organización Amazon Watch. Uno de sus logros y los de su pueblo fue conseguir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de esa comunidad, en 2012.
Pueblos sin nombre
Las integrantes de Mujeres Amazónicas se movilizaron desde el comienzo contra la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana. Cuando Gualinga habla sobre esto, se refiere a los “bloques”, territorios habilitados para esa explotación. “Nos han dividido en bloques petroleros o mineros o hidroeléctricos”, dice la dirigente, en referencia a las autoridades. “Ellos ni siquiera nos ubican por el nombre de nuestros pueblos, nos ponen números. Desde ese mismo momento nos niegan nuestra identidad. Dicen: ‘Este es el bloque 28 y abarca todo este territorio, unas 200.000 hectáreas’, y ‘este es el bloque 10’. Y en ese bloque hay muchos pueblos indígenas, comunidades. Ya no somos los sarayakus, ya no somos los de [el pueblo de] Curaray. Desde que concesionan a las petroleras, nos convirtieron en bloques. Y eso pese a que somos territorios indígenas legalmente reconocidos dentro de la Constitución y con ese reconocimiento ganado en la Justicia y la ley”.
El territorio sarayaku es de 135.000 hectáreas y allí viven 1.340 personas. “No manejamos ese espacio para la agricultura extensiva, sino que lo tenemos como bosque primario y sólo utilizamos ciertos espacios, que son rotativos”, explica Gualinga. “Nosotros hemos logrado detener varios procesos de intromisión, expulsarlos. Hemos logrado que las rondas petroleras no avancen, y es una lucha diaria de muchísimos años”, destacó la dirigente. “Realmente a mi territorio no creo que se atrevan a entrar tan fácilmente, porque tenemos una sentencia de la CIDH y hemos estado muy visibles en los últimos años”, agregó.
Ahora luchan para que no se amplíen los bloques 10 y 28, algo que para la dirigente es inconstitucional. Si fueran ampliados, la medida afectaría a unas 25.000 personas de distintos pueblos, estimó.
De Correa a Moreno
Durante la presidencia de Rafael Correa, de 2007 a 2017, la relación del gobierno con las organizaciones de los pueblos indígenas fue muy crispada. El sucesor de Correa, Lenín Moreno, que fue aliado del ex presidente y ahora es su enemigo político, prometió dialogar con esas organizaciones. Pero ese diálogo nunca llegó, dijo Gualinga.
Consultada sobre si los movimientos indígenas notan algún cambio de un gobierno a otro, la dirigente dijo que no. “Lo que uno [Correa] hacía de una manera muy frontal, con insultos, este gobierno lo hace de una manera más discreta, pero es lo mismo. No ha cambiado absolutamente nada en el tema de la extracción y de las concesiones territoriales. Sigue la misma política, las mismas personas, los mismos ministerios. Sólo cambió el rostro del presidente para nosotros”, afirmó la dirigente, y agregó: “Yo creo que ambos gobiernos han estado casados con el capital extractivo”.
Si durante lo que va el gobierno de Moreno no hubo diálogo, el año pasado la distancia entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas se acrecentó. El punto de quiebre fue el decreto del 3 de octubre, que eliminó el subsidio a los combustibles, lo que aumentó el precio del transporte público y fue la causa de protestas masivas que continuaron por 11 días. El Ejecutivo de Moreno declaró el estado de excepción y reprimió brutalmente las manifestaciones, hasta que finalmente tuvo que dar marcha atrás y volver a aplicar el subsidio.
El movimiento indígena fue uno de los protagonistas de estas protestas, en particular la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que entre muchas otras organizaciones tiene entre sus integrantes a Mujeres Amazónicas. Consultada sobre el papel que ellas tuvieron en ese contexto, Gualinga señaló que Mujeres Amazónicas no participó en las manifestaciones como organización, pero sí lo hicieron algunas de sus líderes desde otras organizaciones que integran, pertenecientes a sus comunidades, “solidarizándose, tratando de ver una salida”. La dirigente agregó: “Lo que nosotras hicimos fueron varios pronunciamientos en los que llamamos a la paz, a una salida pacífica, a que no hubiera agresividad”.
“Pero obviamente lo de octubre fue desproporcionado, por la arremetida del gobierno, la represión que sufrió el pueblo, y porque en medio de tanta gente que se movilizó, creo no había un control de aquella gente que podía estar generando el caos”, afirmó Gualinga. “El Estado no pudo tener ningún control y lo único que se le ocurrió fue reprimir con una violencia brutal que costó varias vidas”, señaló.
En su opinión, octubre, además, “desnudó una parte camuflada del Ecuador: el racismo hacia los pueblos indígenas”. La Conaie fue una cara visible de las protestas, y por eso “culparon de todo a los indígenas”, dijo. “Pero no era solamente el sector indígena el que salió a manifestarse: eran los barrios, la gente de escasos recursos, los pequeños comerciantes. Fue fácil culpar a los líderes indígenas para no ver la desconformidad de toda una población que estaba ahí luchando, tratando de que alguien los representara y respondiera por ellos. La única que estaba ahí presente fue la Conaie”, agregó.
Una vez que el decreto fue derogado, “se volvió a una relativa calma”. De lo contrario, “iba a haber mucha pérdida de vidas humanas”, en una situación en la que tanto el gobierno como los manifestantes estaban decididos a mantener sus posiciones, y la represión no se detenía.
Para Gualinga, el problema de fondo en Ecuador y en aquella crisis es la inequidad social; sin embargo, considera que “fue un gran logro que se derogara el decreto, independientemente de lo que eso pudiera significar en términos ambientales o en análisis profundos”. Desde aquel punto, agrega, “no se ha avanzado más”.
“Yo creo que hay todavía un abismo profundo entre las organizaciones sociales, el gobierno, la Conaie, pero sobre todo he visto un abismo profundo con la sociedad media-alta intelectual de Quito, de Guayaquil, que de alguna manera se desnudó con una actitud de insultar y decir: ‘¡Estos indígenas!’”, afirmó la dirigente. Agregó que en su país “el racismo nunca fue superado, siempre estuvo ahí y lo que se hizo fue desnudar eso”.
Comunidades ante el coronavirus
Hasta el jueves, Ecuador había registrado casi 1.400 casos de Covid-19 y 34 muertes por esa enfermedad. Gualinga afirma que está aterrada por el impacto que puede tener el coronavirus en los pueblos indígenas. “No quiero ni imaginarme lo que puede pasar si llega la pandemia a las comunidades. Hemos sido exterminados en la historia por virus como la viruela, el sarampión, las gripes. Y ahora esta nueva pandemia”.
Como medida preventiva, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana se pronunciaron ante el avance del coronavirus y decidieron suspender actividades, y restringir la entrada y la salida de personas ajenas a sus pueblos. Lo mismo hicieron distintas organizaciones de base reunidas en esa confederación, señaló Gualinga.
“Hay comunidades en las que no hay ni siquiera un centro de salud, ni siquiera hay alcohol líquido. ¿Cómo lo vamos a afrontar?”, se preguntó la dirigente. “No hay centros hospitalarios que estén preparados para esta situación. Si llega a las comunidades esto va a ser un exterminio”, agregó la dirigente, y concluyó que si estos pueblos “antes eran desatendidos, ahora van a estar peor”.