En una controvertida sesión, la Asamblea Nacional de Hungría, nombre formal del Parlamento unicameral de esa nación centroeuropea, aprobó este lunes una polémica iniciativa presentada por el Ejecutivo que encabeza el derechista Viktor Orbán, que le permitirá gobernar por decreto bajo un estado de emergencia de duración indeterminada, con el fin de combatir la expansión del coronavirus, que en la nación magiar, en la que habitan casi diez millones de habitantes, viene teniendo un impacto mínimo, con cerca de 400 personas infectadas y 15 fallecidas.
De acuerdo a lo que informaron agencias internacionales, fueron 137 los legisladores que votaron a favor de la norma, en tanto que los 53 representantes de la oposición se manifestaron en contra de la medida, a la que consideraron “desproporcionada”, teniendo en cuenta los datos sobre el alcance de la pandemia en el país.
Cuando la normativa entre en vigencia, el gobierno tendrá la potestad, entre otras cosas, de suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones “que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa” (frente a la epidemia), y de aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores, la misma pena que son pasibles de recibir quienes divulguen noticias falsas sobre el gobierno o la enfermedad.
Paralelamente, el gobierno podrá también “suspender la aplicación de ciertas leyes, desviarse de las disposiciones legales e introducir otras medidas extraordinarias”, con el objetivo de garantizar “la salud, la seguridad personal y material de los ciudadanos, así como la economía”.
Una de las críticas más fuertes de los opositores es que será el Ejecutivo de Orbán el que determinará cuándo la situación de emergencia haya sido superada.
Además, los opositores de quien preside el Ejecutivo húngaro desde 2010 temen que esta norma sirva como un instrumento de censura y para silenciar las críticas. Tanto los partidos de izquierda como el ultraderechista Jobbik cuestionaron que no haya limitación al tiempo en que el gobierno dirigirá el país sin control alguno por parte del Parlamento y solicitaron que ese período se restrinja a 90 días.