La demanda civil entablada por la empresaria rochense Susana Nicodella contra el PIT-CNT por 2.800.000 dólares no dio sus frutos, según el fallo del juez letrado capital Hugo Fabián Rundie.
Nicodella, propietaria de una barraca en La Paloma, había otorgado cheques diferidos por 300.000 dólares a una empresa llamada Vivamax SA para la compra de terrenos en el marco del plan de vivienda sindical de la central, pero luego dijo haber comprobado que el dinero no se había comprado ningún terreno, sino para fines particulares.
Pero en su fallo, Rundie sostuvo que Nicodella “incurre en un contrasentido” en la medida que ella nunca firmó un contrato con la central ni tampoco le reclamó “ninguna formalidad” a la organización, salvo al momento de demandarlos.
Además, el juez sostuvo que Nicodella y el PIT-CNT no tenían vínculo previo alguno, y que el responsable del plan de vivienda sindical en aquel entonces, Eduardo Burgos, tomó conocimiento de la situación de Nicodella cuando ella se apersonó en la sede de la central a denunciar la situación que había vivido. Según el juez, la central tampoco tenía vínculo contractual ni con ella ni con con Vivamax, que había pasado los cheques diferidos de Nicodella a prestamistas que luego intentaron cobrarlos. Según el argumento del juez, si bien Vivamax había firmado un contrato con Burgos, este documento no pactó “relación alguna entre PIT-CNT y empresas constructoras”.
Por este caso fue procesado por estafa uno de los representantes de Vivamax en 2017, que junto a otro ya fallecido exhibían contratos suscritos entre esta empresa y Burgos, que usaban para pedir anticipos de dinero a su provecho.