La Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) señaló en un comunicado que, en el marco de las medidas tomadas por el gobierno sobre el coronavirus, los funcionarios de esta cartera son “la primera línea de respuesta” de esa cartera y se encuentran en una “difícil situación” ante “comunicados que se han difundido de manera oficial, en redes sociales, prensa y en conferencias de prensa”. Según describe el gremio, “se ha brindado información sobre prestaciones de manera masiva”, de las que los trabajadores del Mides se enteraron “a través de trascendidos de prensa”.
“Esto lleva a que la gente cuente con información que desconocemos, porque no nos llega en tiempo y forma por los medios institucionales. Lo que repercute de manera directa en la calidad de la respuesta que brindamos y el consiguiente descontento de quienes la reciben”, se señala en el comunicado. Los trabajadores agregan que las medidas anunciadas “carecen de solvencia y claridad, generando múltiples dificultades en el desarrollo de las tareas de los distintos servicios y programas”.
“Hemos solicitado reiteradas veces lineamientos de trabajo para poder desarrollar nuestra tarea de manera responsable y con garantías. Como sindicato, nos preocupa profundamente la situación actual y cómo afecta a las personas con las que trabajamos y sus derechos”, subraya el comunicado.
El sindicato pone como ejemplo que quienes atienden en el número 0800 7263, por donde se centralizan los servicios del Instituto Nacional de Alimentación, entre otros, no cuentan con “criterios técnicos para entregar una canasta de emergencia”. “Muchos programas ya entregaron todas las canastas disponibles y no sabemos cuándo se recibirán más. Esta incertidumbre nos genera frustración tanto a trabajadoras y trabajadores, como malestar a la población por no recibir respuestas claras”, se señala.
Por último, Utmides exige “transparencia a la hora de asignar fondos”, y por eso repudia la “compra directa realizada al hotel Urban Express del Centro de Montevideo perteneciente a una sociedad anónima integrada por familiares políticos de Verónica Alonso”. “Demandamos no sólo el cumplimiento de las formalidades legales para realizar compras del Estado, sino tener en cuenta criterios éticos a la hora de asignar los recursos públicos”, finaliza el comunicado.