La cuarentena obligatoria dictada por el gobierno de Perú para evitar la expansión del coronavirus fue reforzada en los últimos días con una serie de acciones y medidas, entre ellas una “ley de protección policial” que ya tiene el visto bueno del Congreso.
Esa norma exime de responsabilidad penal a los policías y militares que causen lesiones o muerte a otras personas mientras controlan que se cumplan las disposiciones sanitarias. Además, el Congreso delegó algunas facultades en el Poder Ejecutivo por 45 días para que este actúe ante la pandemia.
Desde el 16 de marzo Perú está bajo un estado de emergencia y con toque de queda para frenar la expansión de la Covid-19. El cumplimiento de ese régimen es vigilado mediante un patrullaje de policías y también de militares, a quienes ahora protege la nueva ley.
Quienes sí enfrentarán penas de prisión y multas son los ciudadanos que no respeten la cuarentena, advirtió el presidente Martín Vizcarra. “Llamamos la atención de todos los ciudadanos. Piénselo dos veces [si sale de casa en los horarios en los que rige un toque de queda] porque [eso] representará un proceso penal”, advirtió. “Su irresponsabilidad no va a quedar impune”, sentenció.
El presidente reconoció en esa conferencia de prensa que “ha habido casos muy particulares que pueden haber sido calificados como un exceso” de las fuerzas de seguridad, pero agregó que el de estas “ha sido un trabajo muy profesional”.
Sin embargo, han surgido denuncias al respecto. El medio periodístico digital Ojo Público informó que uno de sus editores regionales, Ralph Zapata, fue detenido por la Policía en su propia casa, en la ciudad de Piura, en el noroeste del país, y trasladado por la fuerza y con violencia a una comisaría.
“Los hechos ocurrieron minutos después de las 9:00 p.m. La madre del periodista se encontraba sentada en la puerta del domicilio de ambos [...], cuando observó la presencia de la Policía con agentes de serenazgo local”, informó Ojo Público. Los policías se acercaron a la madre del periodista y él acudió a ver qué sucedía, al igual que sus dos hermanos. Le preguntaron a Zapata por su moto, que estaba afuera de la casa, y finalmente lo llevaron a la fuerza, y a los hermanos también.
La Policía argumentó que Zapata se encontraba fuera de su casa, pero Ojo Público asegura que tiene pruebas de que no, y publicó un chat entre el periodista y la editora general en Lima, Nelly Luna Amancio, que transcurría en ese momento. Zapata llegó a comunicarle a Amancio su detención, cuatro minutos después de su último intercambio.
“Lo que pasó anoche fue una violación de los derechos fundamentales”, dijo luego Zapata, y agregó: “He estado trabajando dentro de mi casa, coordinando con mi editora cuando ha ocurrido este hecho que considero excesivo por parte de la Policía”.
Ayer el presidente Vizcarra amplió el período en que rige el toque de queda, cuyo comienzo adelantó dos horas, desde las 18.00 hasta las 5.00 en todo el país, excepto en algunas regiones, entre ellas la de Piura, donde comenzará a las 16.00. “El sábado batimos todos los récords: 4.000 personas detenidas por no cumplir, justo precisamente en esas regiones del norte y la selva que tienen, coincidentemente, el mayor número de infectados e incremento en los últimos días”, dijo.
La responsabilidad de los gobiernos
Amnistía Internacional (AI) advirtió que los gobiernos son “responsables de proteger a la población y sus derechos humanos” y manifestó que “en las Américas, en muchos casos no lo han hecho”; advirtió que en la región, la “profunda desigualdad, la discriminación estructural, la tendencia a recurrir a la represión policial, la censura, sistemas de salud pública insuficientemente dotados de recursos, y salvaguardias inadecuadas respecto a seguridad social y empleo son muy anteriores al brote de Covid-19”.
La organización afirmó que “la manera en que los gobiernos respondan a esta pandemia podría determinar el futuro de millones de personas”, y señaló que “las autoridades de toda la región deben mostrar liderazgo y deben hacerlo dando prioridad a los derechos humanos y absteniéndose de abusar de su poder en medio de esta emergencia”.
Llamó a los gobiernos a garantizar que sus respuestas a la expansión del coronavirus “no refuercen discriminación de ningún tipo”. Destacó que se debe asegurar el acceso a la atención de la salud, que “toda propuesta de separar o aislar a personas con Covid-19 debe ser legítima, necesaria y proporcionada, y no debe discriminar a las personas en función de su origen étnico, entorno socioeconómico, raza, orientación sexual, identidad de género, religión, ciudadanía, condición migratoria o cualquier otra categoría”.
AI señaló en particular la situación de los migrantes, desplazados y refugiados, que según han informado la Organización Mundial de la Salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, corren mayores riesgos ante la enfermedad. Mencionó también que los pueblos indígenas, “incluidos los que viven en aislamiento voluntario; las comunidades afrodescendientes y las poblaciones rurales también necesitan protecciones especiales”, porque “muchas de estas comunidades viven en condiciones precarias, lo que las hace más vulnerables a algunas enfermedades”. Lo mismo ocurre con quienes viven en zonas marginadas, como las favelas.
La entidad llamó también a “no recurrir a la represión o al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía al ejercer labores de control de las medidas de salud pública que requieren restricciones a la libertad de circulación o privación de libertad”, y advirtió de la importancia de “no censurar o limitar el acceso a información basada en datos o medidas de prevención”. Agregó que los estados deben “garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la seguridad social”, así como un enfoque de género que prevenga la violencia.
Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas, advirtió que “la historia no juzgará con benevolencia a quienes utilicen la pandemia como pretexto para la discriminación, la represión o la censura”.
No sólo Perú
“Mientras el presidente [estadounidense, Donald] Trump lo califica de ‘virus chino’ y algunos representantes políticos de Brasil culpan asimismo a China del brote, hemos visto a dirigentes de las Américas fomentando peligrosamente el racismo y la discriminación a través de sus respuestas públicas”, dijo Guevara-Rosas. Señaló que el gobierno de Justin Trudeau ha negado solicitudes de asilo en Canadá, y que en Venezuela fueron detenidos dos trabajadores de la salud por denunciar que faltan recursos.
En Argentina, pese a que se suspendieron los desalojos debido a la crisis sanitaria, la Policía Bonaerense desalojó de una vivienda abandonada a cuatro cuidacoches que se estaban quedando allí para que no los arrestaran por violar la cuarentena, informó el diario Tiempo Argentino. El operativo, que se desarrolló en la ciudad de Bahía Blanca, incluyó represión con balas de goma.
“Los trabajadores cuidacoches estaban en situación de calle, asediados por la Policía con la excusa del aislamiento, pero sin respuesta frente a su situación habitacional”, manifestó en un comunicado el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, según citó el periódico. Agregó que “se instalaron en una vivienda abandonada para pasar la cuarentena, y allí fue donde las fuerzas de seguridad aprovecharon para realizar un desalojo violento”. Un integrante de esa organización, Martín Aveiro, fue detenido cuando “intervino para frenar los disparos con balas de goma que constan en el informe policial”.
Duterte y la pandemia
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, es uno de los gobernantes que decretaron cuarentena obligatoria, en este caso en la isla de Luzón, la más grande del país. Quien viole el toque de queda se expone a castigos que incluyen desde ser encerrado en jaulas para perros hasta ser obligado a permanecer horas sentado bajo un fuerte sol, denunció la organización Human Rights Watch. Por tres meses, Duterte cuenta con poderes especiales para actuar ante la pandemia, y el plan para atender esta emergencia en su país no es dirigido por autoridades sanitarias, sino directamente por el Ejército y la Policía.