Con el voto de todos los partidos políticos, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que crea el Fondo Coronavirus y que establece un impuesto transitorio a empleados y jubilados del sector público.
El nacionalista Jorge Gandini, que ofició como miembro informante en la cámara, explicó que el proyecto de ley sufrió algunos cambios en la Comisión de Hacienda. Se definió que los trabajadores y directivos del derecho público no estatal y de sociedades anónimas propiedad del Estado que cobren salarios con fondos del Estado también aporten al fondo.
Además de la rebaja a los salarios públicos, la iniciativa original establece que el impuesto gravará a todas las jubilaciones, pensiones o retiros mayores a 100.000 pesos líquidos. El senador dijo que se aclaró en el texto que esto incluye a retirados policiales y militares y de cajas paraestatales. Además, explicó que este componente no tiene como destino el fondo porque la Constitución establece que los gravámenes a las jubilaciones sólo pueden ir dirigidas al Banco de Previsión Social, pero aseguró que eso también ayudará a este organismo, porque tendrá que hacer frente a los cuantiosos envíos a seguros de paro, que suman 86.000.
Asimismo, se acotó la posible prórroga del Poder Ejecutivo de continuar aplicando los impuestos. El proyecto original habilitaba a hacerlo por tres meses más y ahora se restringe a dos. El senador informó que el Fondo Coronavirus existirá siempre que se mantenga la emergencia sanitaria, y luego de que esta cese, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para presentar una rendición de cuentas.
La modificación que no fue
En la tarde de ayer, el Frente Amplio (FA) planteó -sin éxito- agregar un aditivo para que el impuesto para cargos políticos y de particular confianza sea permanente y, luego del cese de la emergencia sanitaria, se destine al Fondo Nacional de Viviendas.
Durante la sesión, los senadores opositores defendieron esta propuesta y plantearon sus matices con el proyecto enviado por el gobierno. En esa línea, el senador frenteamplista Mario Bergara admitió que en circunstancias normales su fuerza política no hubiera acompañado “en absoluto” parte del proyecto, pero el FA ha definido un “posicionamiento político” de diálogo para la emergencia sanitaria.
Luego, Bergara admitió que las medidas van en la “dirección correcta”, pero también hay que tomar otras adicionales “para que los males no sean mayores”. Tras detallar la propuesta que la izquierda le hizo al presidente Luis Lacalle Pou, dijo que además de funcionarios públicos y pasivos –insinuó una “clara discriminación” en gravarlos sólo a ellos- hay “segmentos del sector privado que están en condiciones de aportar” y que “no están alcanzados por las problemáticas”.
Al igual que Bergara, el frenteamplista Daniel Olesker opinó que la iniciativa tiene tres problemas. La principal crítica es que, a su entender, se hace una discriminación entre capital y trabajo: “Las rentas del capital no aportan, pero algunas rentas del trabajo sí. Ahí hay una primera discriminación. Nos parece injusto, porque si el aporte es solidario, de un umbral hacia arriba, las rentas arriba de ese umbral son indistintamente del capital o del trabajo. Discriminar sólo a las del trabajo es un problema; y dentro de las del trabajo, también hay un problema, porque discrimina entre público y privado y todos sabemos que hay cargos gerenciales, cargos muy importantes en el sector privado, que perfectamente están en ese umbral”.
El tercer problema, agregó, es que el impuesto va “achatar” la “pirámide notoriamente” y explicó: “Es probable que hasta 200. 000 pesos prácticamente se gane lo mismo en términos líquidos y entonces se pone sobre un sistema que es progresional -en referencia a la reforma triburaria de 2008- una tasa fija. Esa tasa fija lo que termina haciendo es que prácticamente alguien que gana 130.000 y alguien que gana 200.000 van a ganar lo mismo en términos líquidos y eso va a desestimular carreras profesionales”.
Por su parte, Alejandro Sánchez, también del FA, planteó que el fondo se va a nutrir de dos impuestos: uno dirigido a los pasivos de todas las cajas y otro a los activos, que sólo afecta a los públicos, dejando de lado “a ciudadanos y ciudadanas que quizás tengan una ganancia superior”. Por otro lado, Sánchez cuestionó que el proyecto no determine quiénes están en primera línea de la salud luchando contra el nuevo coronavirus. A modo de ejemplo, señaló que los anestésicos quirúrgicos quedaron exceptuados de aportar al fondo y planteó que se podría “haber trabajado para ver quién está en la línea de fuego y quiénes no están”. Más allá de estas puntualizaciones, afirmó que la coalición de izquierda apoyaba la iniciativa, pero precisó que “en el sacrificio, falta gente”.
Desde filas nacionalistas, cuestionaron las críticas al proyecto del FA y, en especial, el aditivo propuesto en la de tarde de ayer. Sebastián Da Silva, del PN, criticó que los legisladores de la coalición de izquierda hicieran “gárgaras de solidaridad”, pero sólo en el plano teórico y no en la práctica; contrapusieran conceptos sobre “lo magnificente del Estado versus lo malo de los privados” y no hicieran “autocrítica”. Luego arremetió contra la propuesta del FA y dijo que se trata de una “maniobra chiquitita”. “¿En el diálogo del martes estuvo presente? ¿Se le dijo al presidente que querían esto? No, señor, porque estamos frente a lo más chiquitito de la miseria política. ¡Se está fundiendo la gente y nosotros tenemos que estar discutiendo esto”, dijo, y agregó que se trata de una “picardía rastrera”.
El nacionalista Amin Niffouri calificó a la propuesta como una “chicana política”. El nacionalista cuestionó que hace “dos días” el FA planteó la necesidad de un “diálogo nacional”, pero no le comunicó esta idea a Lacalle Pou. “Nos sorprendieron con estas pequeñeces. Me pregunto por qué no lo hicieron cuando tenían mayoría absoluta y gobernaron 15 años. Por ejemplo, cuando hubo que recapitalizar Ancap porque la re fundieron capaz que hubiera estado bueno”.
Por su parte, Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, afirmó que su partido presentó un proyecto “en el mismo sentido, que afectaba a los activos y no a los pasivos” y opinó que era una buena iniciativa porque “hay un sector menos perjudiciado que el resto de la sociedad: el público”. Para Manini, se trata de una ley de “excepción para un momento de excepción” y por eso dijo que no votaría el aditivo del FA. “Nosotros podemos coincidir en que haya que revisar los niveles de remuneraciones públicas, pero entendemos que no es en esta ley que se debe plantear”.
Sobre el final de la sesión, Gandini pidió la palabra y sostuvo que durante cuatro horas se discutió el proyecto en la Comisión de Hacienda y el FA no propuso el aditivo. Además, sostuvo que,a pedido de la coalición de izquierda, se cambió el plazo para poder prorrogar el impuesto de tres a dos meses. El senador sostuvo que el planteo del FA es una manera indirecta de bajar los salarios. “La Constitución es sabia porque impide la demagogia, por eso determina que por dos tercios la Asamblea General puede modificar el salario de los legisladores en el último año de la Legislatura, pensando en el futuro. Los que se van fijan el salario de los que vienen”.