Este lunes cerca de 40.000 trabajadores de la construcción retomarán sus actividades y habrá más ómnibus en las calles de Montevideo y el área metropolitana.
El presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, dijo en una rueda de prensa que se acordó, tanto con el Ministerio de Trasporte como con el de Salud Pública, que la frecuencia aumente a 40% de la cantidad que viene circulando de manera normal, especialmente para cubrir las horas pico, tanto de salida como de entrada, del personal de la salud.
Esta reactivación de las actividades no está exenta de dificultades. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció el viernes que tanto los pasajeros como los trabajadores del transporte público deberán usar tapabocas. Para eso el Sistema Nacional de Emergencia entregó una partida de 150.000 tapabocas, tanto para los trabajadores como para los usuarios, pero se espera que después sean las empresas de transporte las que se hagan cargo de este gasto. Salgado dijo a Subrayado que conocía la intención de las autoridades de que los trabajadores usaran tapabocas, pero le sorprendió que fuera el gobierno el que los haya facilitado. Según dijo, primero se entregarán insumos de seguridad a los trabajadores y después a los usuarios: “En el correr de la semana, de forma gradual, se estará instrumentando la segunda etapa, que consiste en entregarlos al pasajero”.
Por su parte, dirigentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte aseguraron que las empresas recién ahora se dan cuenta de que los trabajadores tienen que tener esta protección y anunciaron que este lunes a las 4.00 entregarán 1.200 tapabocas más.
En la construcción la negociación tampoco fue sencilla. En un comunicado emitido ayer, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) asegura que “no están dadas las condiciones para un retorno normal al trabajo, ni en la construcción ni en general”. Agrega que “deberían mantenerse las medidas de aislamiento social y acompañarlas de apoyos económicos para las y los trabajadores y sus familias”. El sábado se llegó a un acuerdo para retomar la actividad este lunes, pero los integrantes del SUNCA hicieron énfasis en que fue una decisión del gobierno y las cámaras empresariales, que llevó al sindicato a acordar una serie de medidas, en el marco de la negociación colectiva.
En el protocolo está la creación de un Fondo de Solidaridad Covid-19, cuyo fin es indemnizar a “los trabajadores que integran grupos de riesgo, por edad o por razones de salud”. El sábado, durante una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que será un beneficio para los trabajadores que no pueden acceder al seguro por enfermedad e informó que se trata de un fondo creado por trabajadores y empresarios.
El acuerdo firmado establece que accederán al fondo quienes “no tengan los jornales necesarios para la prestación económica [seguro por enfermedad] pero sí a la cobertura médica del servicio de salud”. Se les darán 16.377 pesos a quienes estén certificados por la cuarentena “por un máximo de 14 días”, y “si son menos días, se pagará de forma proporcional”. También se cubrirá a quienes no tengan los jornales necesarios para acceder a una cobertura de subsidio por enfermedad e integren colectivos de personas vulnerables por enfermedades preexistentes, que deberán ser certificadas. En ese grupo están las trabajadoras embarazadas, los pacientes diabéticos insulinodependientes y los pacientes portadores de enfermedades o en tratamientos que generan inmunodepresión. Además, “se cubrirá a las y los mayores de 65 años que no perciban prestación económica del subsidio por enfermedad y cuenten con certificación médica. En este caso, será con una partida de 23.382 pesos mensuales, por un máximo de dos meses”.
Además de las compensaciones económicas, “los vehículos dispuestos para el traslado de trabajadores al centro de trabajo no deberán ocuparse en más de la mitad de su capacidad y deberán ser desinfectados diariamente”. En cuanto a los alojamientos, está prevista la desinfección de las casas, y las empresas tendrán 15 días para reacondicionarlas y evitar el hacinamiento. Entre otros puntos, el acuerdo también establece que se desinfecten las herramientas; que se entreguen dos tapabocas de tela a los trabajadores –en el caso de que el trabajador lleve el suyo, la empresa debe reembolsarle 300 pesos–; que en los espacios comunes, como los comedores y los vestuarios, se respete la separación de un metro y medio entre personas; que las empresas compren termómetros para medir la temperatura, y que, en el caso de encontrar a una persona con síntomas de coronavirus, se la aísle y se la envíe a su domicilio con una mascarilla para que consulte a su prestador de salud.
Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo a Telenoche que las obras se retomarán en alrededor de 2.000 centros de trabajo, que abarcan entre 500 y 600 empresas. Dijo también que se piensa hacer “una contribución al resto de la sociedad” junto con los trabajadores y que por eso acordaron hacer un aporte al Fondo Solidario Covid-19, creado por ley a principios de abril, por medio de un proyecto enviado por el gobierno.
Los bares siguen cerrados
Uno de los sectores que se vio más afectados por las medidas de aislamiento social para impedir el contagio del coronavirus fue el de bares y restaurantes.
Antonio Ameijenda, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, dijo ayer a la diaria que no ve que los bares se reabran en un futuro próximo: “No se vislumbra, por lo menos a la brevedad”. Aseguró que en almacenes, autoservicios y supermercados de cercanía, en cambio, las ventas se incrementaron 20%. Como la gente tiene que permanecer en sus casas, cocina más, y eso ayudó a este tipo de comercio, explicó.
“Muchas escuelas, muchas realidades”
Los maestros rurales de Río Negro redactaron una carta para las autoridades gubernamentales en la que manifiestan su disconformidad con la decisión de que el 22 de abril se retomen las clases en las escuelas rurales y aseguran que la realidad de las escuelas es muy diversa. Agregan: “Con esta medida se está llevando el factor miedo al campo, siendo nosotros, los docentes, el agente que puede introducir el virus [en las 36 escuelas del departamento]”. “Estamos faltando a la equidad si decimos que [el reintegro] es voluntario. En ese aspecto, quien quiere proteger a sus hijos estaría en la dicotomía de elegir entre su aprendizaje y la prevención, dos cosas que desde la escuela tienen que ir juntas”, dicen en la carta.
Los maestros aseguran que no se aplican las medidas sanitarias necesarias en todas las escuelas para hacer frente a la pandemia: por ejemplo, algunas no tienen jabón, alcohol ni barbijos. Además, argumentan que el uso de tapabocas por parte de los niños no responde a la realidad económica ni al acceso a ese tipo de producto. Sobre la diversidad de las escuelas rurales, señalan que algunas tienen espacios acotados con comedores pequeños, “escuelas sin auxiliar de servicio, donde el maestro se encarga también de la higiene, [...] escuelas sin agua potable [...], con niños que viven en un pueblo o en casas aisladas” y otros que “vienen de estancias con patrones extranjeros”, en algunos casos haciendo cuarentena. “Muchas escuelas, muchas realidades para pensar”, resumen en la carta.