Pablo Abdala: “En el INAU quiero reforzar la línea de acogimiento familiar y contención de la violencia”

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El 1º de abril Pablo Abdala dejó su lugar como presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional para ocupar el de presidente de otro directorio: el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Tras 15 años como legislador, el abogado llegó a uno de los organismos públicos más complejos –tiene un presupuesto de 370 millones de dólares anuales– en medio de una emergencia sanitaria.

“Estoy recién empezando”, aseguró el ex legislador en diálogo con la diaria. Debe ponerse a tiro con los más de 2.000 proyectos de gestión directa y por convenio con la sociedad civil que administra el INAU; los 140 centros de atención completa de 24 horas, que atienden a unas 2.500 personas; los refugios para mujeres y niños víctimas de violencia, y otros asuntos relativos a una institución que se encarga de 90.000 niños, adolescentes y personas en situación de discapacidad. Sobre “la gran envergadura” que tiene el INAU, Abdala opina que “probablemente los uruguayos no tengamos conciencia cabal de lo que la institución significa”.

Con Marisa Lindner, la ex presidenta, les tocó una transición en tiempos de coronavirus. ¿Cómo fue el cambio?

Fue una muy buena experiencia. Tengo que reconocer la buena voluntad de la presidenta saliente, que actuó con gran transparencia y nos proporcionó toda la información. De hecho, concurrimos juntos a entrevistarnos con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, por los temas vinculados al protocolo de Covid-19 en los centros de 24 horas. También hubo una buena colaboración de los directores que siguen en funciones y de toda la estructura del organismo.

¿Hasta cuándo siguen los demás directores?

Esa es una decisión política que depende del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Veremos qué decisión se adopta en el marco de los acuerdos políticos. Por lo que ha trascendido, la representante del Frente Amplio sería del sector de la diputada Cristina Lustemberg. Eso me dio mucho entusiasmo, porque no sólo tengo una muy buena relación con la diputada, sino que además he trabajado con ella en el Parlamento, en distintos proyectos vinculados con la niñez.

A la dirección anterior le preocupaba la cantidad de funcionarios que están en sus casas con certificado médico. ¿Cómo sigue la situación?

Estamos trabajando en eso. Es un tema de preocupación del directorio. El ministro de Salud Pública decidió que los trabajadores del INAU estén entre el personal prioritario a la hora de realizar los test. La cantidad de trabajadores certificados no es alarmante, pero ya estamos sustituyendo personal con personas que trabajan honorariamente en el marco de la ley de voluntariado. Mucha gente quiere ayudar, pero la cantidad de voluntarios no será suficiente. Advertimos que es necesario prever medidas adicionales y complementarias.

¿Cuáles son las líneas de trabajo de prevención del Covid-19?

Trabajamos con diferentes actores. UNICEF está ayudando mucho con la contención, la gestión de la crisis y el impacto en los hogares. El Ministerio de Salud Pública definió un protocolo, que estará pronto a la brevedad, para actuar en los hogares, donde sería un problema grave, porque es la casa de los niños: no tienen otro lugar para cumplir el reposo, están ahí porque no tienen familia o la que tienen no cumplió con los deberes de la patria potestad. Todo esto llegaría con consecuencias que hay que atender, como el impacto emocional. Para eso están los equipos, que tienen mucha tarea que cumplir en condiciones normales, más en esta situación.

¿Qué seguimiento se hace de los niños y los jóvenes que acudían a los centros de tiempo parcial, que ahora están cerrados?

Se hace un seguimiento muy estrecho de los equipos que están en contacto con ellos y sus familias. Se aseguran de que estén bien y no les falte nada. En general, la situación es de normalidad. Hay un grupo de seguimiento –que encabezo y está integrado por distintas áreas y las cuatro redes de organizaciones sociales que tienen convenio con el organismo– que está haciendo, por videoconferencia, un seguimiento muy cercano.

En estos centros no se suspendió la alimentación de los chicos. ¿Cómo funciona el mecanismo de entrega?

No todos están yendo a buscar la vianda. Es algo menos del 50% en una población que llega, en números muy redondos, a los 60.000 chicos en total y funciona en una situación que es un espejo de lo que ha ocurrido en Primaria. Estamos trabajando en la posibilidad de cambiar la modalidad de la alimentación: en lugar de realizarla cocinando en los centros y entregando viandas, podemos manejar alternativas, como la sustitución por ticket de alimentación, que podría ser más efectiva y eficiente, porque evitaría los traslados. Son opciones que estamos viendo para mejorar la atención.

¿Cómo sigue la educación de esos chiquilines?

Los educadores están haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo si se toman en cuenta las particularidades que tiene un menor de estas características. Por eso, esto nos permite reforzar la necesidad de preocuparnos, por todos los medios posibles, de la desinternalización. Personalmente, es un objetivo que me he trazado. Los menores son sujetos de derecho: por supuesto que lo primero es salvaguardar su vida y su salud, pero creo que hay que incorporar al elenco de derechos el de vivir en una familia. Entonces, todos los mecanismos que conduzcan a eso serán impulsados.

¿Cómo te proponés impulsar la desinternalización?

Hay dos caminos: el de la adopción –que avanzó mucho, pero en el que creo que hay que hacer más– y el del acogimiento familiar. En cuanto a la adopción, el año pasado se concretaron 110 adopciones. Notoriamente hemos mejorado, pero no es suficiente: en este momento hay 420 chicos en condiciones de adoptabilidad. En la Ley de Urgente Consideración algunas disposiciones mejoran aspectos procesales: se establece un plazo máximo de 18 meses para completar los trámites y se le da la potestad de decisión al juez en temas complejos, como el de los niños adoptables que están en familias de acogida. Eso implicaría ponerles algunos límites a las potestades del INAU, que es el órgano rector, cuya opinión es central, pero eventualmente el juez podría tener potestades de decisión.

¿Cómo pensás impulsar el acogimiento familiar?

Creo que es una alternativa estupenda, aunque todavía no sé cómo, porque estoy empezando. Me propongo fomentar y desarrollar esta vía todo lo posible. Hoy hay 800 familias de acogida y quedan todavía unas 100 familias sustitutas del viejo modelo, que está en retirada. Me parece que una clave está en la difusión, porque es un sistema que capaz que los uruguayos no conocen lo suficiente. Mucha gente, por muchas razones, quiere darle cuidado y amor a un niño, y por acá puede encontrar el camino.

¿Qué otros objetivos te planteás para tu gestión?

Tenemos que reforzar los centros de 24 horas. Tendría que haber más, con más personal. Es un reclamo que me hace el sindicato y es de recibo. Nos está pasando con relativa frecuencia que hay una orden judicial de internación que tenemos que cumplir y no es tan fácil. Eso me lleva a otra debilidad: la concentración en los centros de derivación. Tenemos tres centros: el de adolescentes mujeres, el de adolescentes varones y el de niñas y niños. Se supone que la estadía allí es breve, de horas o días, pero a veces pasan semanas o meses y los chicos no son derivados porque no hay adónde. Ahí tenemos un problema, sin dudas. Por lo que sé, ahora la situación está relativamente controlada, pero puede descontrolarse y tenemos que prevenirlo.

Otro aspecto que me preocupa mucho es la violencia familiar, que es contra la mujer y contra los menores. El INAU tiene mucho para hacer con respecto a eso. Tenemos la Línea Azul, que funciona muy bien: recibe 7.000 llamados por año, que luego, en denuncias concretas, son la mitad; lo otro más bien son llamados no relacionados a la violencia.

Hay cinco albergues que no están resultando suficientes para madres e hijos maltratados, con una capacidad de 30 o 40 cupos cada uno. Pero muchas veces se generan cuellos de botella de madres que necesitan una respuesta inmediata y no la tienen. Ahí estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Las soluciones de estos problemas van de la mano de un mayor presupuesto para el INAU, algo que se va a discutir los próximos meses.

Estamos trabajando en eso. Tenemos que ser realistas: me gustaría pedir mucho presupuesto para el INAU y que se nos concediera, pero el país ya arrastra un problema fiscal muy severo, con el que se inició este gobierno. Hay un desfasaje de 2.800 millones de dólares por año, y ese déficit probablemente ya aumentó, a raíz de la crisis sanitaria que vive el país, que deriva en un problema económico y social. En la medida de lo posible, trataremos de reforzar algunos rubros, lo que no quiere decir, necesariamente, que aumentemos el presupuesto global del INAU. Ojalá pudiéramos, pero en este contexto capaz que hay que pensar cómo se redistribuye la torta del INAU. En lo personal, voy a tratar de reforzar la línea de acogimiento familiar y de contención de la violencia.

El INAU trabajaba con los menores infractores. Ahora está el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), pero se mantiene cierta relación por medio de las actividades socioeducativas. Rosanna de Olivera, de Cabildo Abierto, estará al frente del INISA. ¿Te parece que es un buen perfil para la institución? ¿Cómo se va a mantener la relación entre los institutos?

Sé que ella estará en el cargo, pero, sinceramente, no la he conocido; ya lo haré. Los programas socioeducativos siguen a cargo del INAU, aunque correspondan a menores internados en el INISA. Lo ideal sería que el INISA los absorbiera, pero el costo de que lo haga no puede ser que los programas no se cumplan. Tendremos que avanzar en una saludable transición, en la que el Mides va a tener que ayudarnos mucho como titular de la política. También sé que para el Mides las políticas de infancia y adolescencia van a ser centrales.

¿Te parece que los demás gobiernos no lo tenían como un tema central?

No, no, para nada. Sé que hay una línea invisible de continuidad, que empezó antes del Frente Amplio y va a seguir con nosotros. Está en el ADN de los uruguayos. Se ha avanzado mucho a lo largo de los distintos gobiernos. Son procesos largos que el país ha recorrido. En políticas de infancia, Uruguay construyó políticas de Estado fuertes y, por eso, el INAU no ha sido motivo de disputa política. Ha habido dificultades, las hay y las habrá, pero nunca se ha politizado desmedidamente, y creo que eso es muy bueno.

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