El sindicato de Presidencia está recogiendo adhesiones por medio de las redes sociales para dirigirle una carta al presidente Luis Lacalle Pou, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por la situación de trabajadores cuyos contratos culminan en los próximos días y meses, ya que “no hay una comunicación formal y clara” sobre su “continuidad”.
Según asegura la Asociación de Funcionarios del Inciso Presidencia (Afinpre), esta situación se da principalmente en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.
“Esta insuficiente y desprolija comunicación se agrava aún más debido a que no hay constancia de que la nueva Administración tome estas decisiones basada en una evaluación de las necesidades y funciones de los trabajadores contratados o habiendo estudiado una reestructura de las unidades ejecutoras. No ha habido tiempo ni condiciones para un análisis al respecto”, sostiene el sindicato en la misiva.
El gremio asegura que en total son más de 600 personas que mantienen “este tipo de vínculo con las distintas unidades ejecutoras de Presidencia”, y entre ellas hay “decenas de contratos”, en su mayoría de la OPP, que vencen a mitad de año.
“Se trata de personas que trabajan en Presidencia desde hace varios años, ingresaron a través de concurso, desempeñan funciones básicas al igual que los funcionarios presupuestados y además deben cumplir con el mismo tipo de obligaciones que estos trabajadores, a pesar de no contar con los mismos derechos. No se trata de cargos de confianza”, asegura el gremio.
Afinpre considera que dado el contexto económico del país y la agencia sanitaria, en caso de no renovarse esos contratos “serán muchos los trabajadores y trabajadoras que quedarán desempleados, considerando la inoportunidad para acceder a otro trabajo y el hecho de que tampoco tendrán derecho al seguro de desempleo, dado el tipo de contrato que mantienen”. Por eso, el gremio reclama que se considere “de forma inmediata la situación de estos trabajadores” y “suspender cualquier medida que deje sin su fuente laboral a cualquier trabajadora o trabajador del Inciso Presidencia”.
El 11 de marzo, Lacalle Pou anunció una resolución que prohíbe la renovación automática de todos los vínculos de servicios personales de carácter temporal, que no sean funcionarios públicos, cualquiera sea su fuente de financiamiento, en las oficinas públicas, lo que motivó la condena del gremio, que entre otras cosas consideró que se trataba de una disposición ilegal.