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Escuela rural de Cañada Grande, en el departamento de Canelones. Foto: Sandro Pereyra (archivo, mayo de 2006)

Sociedad de Medicina Rural solicitó al gobierno revisar la decisión de iniciar las clases el 22 de abril

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Pablo da Silveira aseguró que si la situación sanitaria se “complica”, hay tiempo suficiente “para dar marcha atrás”

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La Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (Someruy) manifestó su desacuerdo con la decisión del gobierno de retomar las clases presenciales en 973 escuelas rurales de todo el país, a excepción de Canelones, el miércoles 22 de abril. Someruy señaló que la apertura de las escuelas rurales aumentaría la movilidad de niños, docentes y padres; que la gran mayoría de los docentes de las escuelas rurales deben trasladarse desde la zona urbana donde residen hacia los centros educativos y que menos de 6% de los médicos uruguayos vive y asiste al norte del río Negro, por lo cual solicitó a las autoridades “sopesar” la decisión.

Entrevistado por Informativo Carve, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, aseguró que el retorno a la actividad en esos centros se enmarcará en un protocolo “muy preciso y muy exigente para dar las máximas garantías a los docentes, a los funcionarios, a los alumnos, a sus familias”, e indicó que el promedio de cantidad de alumnos en las escuelas rurales en cuestión es de diez alumnos. No obstante, afirmó que si “por alguna razón” Uruguay se aparta de la tendencia de casos en la que está actualmente, “si por alguna razón las cosas se complican”, hay tiempo suficiente “para dar marcha atrás”.

“El objetivo del gobierno es que 2020 no sea un año perdido en materia educativa. Si uno sólo pensara en el tema sanitario, pensaría ‘bueno, es muy fácil: no damos más clases, no hacemos más nada, repiten todos. Actuamos como si el año 2020 no hubiera existido’”, afirmó Da Silveira. El jerarca manifestó que “apuro no hay ninguno”, sino que “lo que hay es una preocupación por cuidar dos cosas que son igualmente importantes: una es la salud de los uruguayos, que es el norte del actual gobierno y una preocupación que hemos mantenido desde el día uno”. “Por otro lado, están los inmensos costos que tiene haber suspendido las clases presenciales: los aprendizajes que se pierden y el hecho de que inequidades que ya existían se refuerzan”, añadió.

Si bien comparte “la necesidad de comenzar el camino hacia la normalidad” y entiende adecuado “que se comience por los lugares donde la densidad poblacional es baja”, Someruy advierte que “la apertura de las escuelas rurales aumentaría la movilidad de niños, docentes y padres, con lo cual estaríamos contribuyendo a la circulación comunitaria del virus y al fracaso del trabajo de educación en salud realizado por el personal de salud rural en el marco de la campaña ‘Quedate en casa’”. La Federación Médica del Interior (Femi) y el Sindicato Médico de Uruguay compartieron las declaraciones de Someruy y manifestaron su “preocupación” por la decisión del gobierno.

La presidenta de Femi, Patricia Nava, dijo a la diaria que comparten el planteo porque los médicos son muy pocos en la ruralidad. “A veces en comunidades pequeñas sólo tienen un médico y ese médico tiene que cubrir varios pueblos a kilómetros de distancia. En algunos casos hay poco personal de enfermería. Entonces habría que rever si realmente están dadas las condiciones para el inicio de las clases”.

Por otra parte, Someruy recuerda que “la gran mayoría de los docentes” deben trasladarse desde la zona urbana donde residen hacia las zonas rurales donde ejercen, lo que “aumentaría los riesgos de contagio viral en una zona donde los servicios de salud no abundan”. En este sentido, Someruy subraya que “en una gran cantidad de poblaciones de menos de 3.500 habitantes existe un solo médico y no cuenta con más de dos o tres unidades de enfermería”. “A lo sumo viven dos choferes de ambulancia (con las dificultades que eso conlleva), y el personal de salud no es inmune al contagio, y en esos medios las suplencias no existen en la realidad”, enfatiza.

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