Vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, de Santa Catalina, se manifestarán el jueves para pedir el freno del proceso judicial

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Vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, del barrio Santa Catalina, volverán a manifestarse este jueves, esta vez frente a la Intendencia de Montevideo (IM), para exigir el freno del proceso judicial que iniciaron meses atrás la comuna capitalina y Dervalix SA, propietaria del predio actualmente ocupado. Los terrenos de la IM fueron desocupados en febrero, pero aún hay gente asentada en los predios privados y en una franja de servidumbre de la IM, que atraviesa un caño colector que traslada aguas servidas hacia la planta de pretratamiento de Punta Yeguas, ubicada en un terreno lindero.

El comienzo del caso se remonta a principios de enero y hasta el momento acumula 11 imputados por el fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez. Tres de estas personas, dos mujeres y un hombre, ya fueron formalizados por el “delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de usurpación, en calidad de autores”. El patrón común en el resto de las imputaciones de Pérez es el delito de “invasión ilegítima en fundo”. Según informó El País hace una semana, lo que Pérez investiga es si existe una “organización delictiva” detrás de las ocupaciones, que entrega los terrenos a los vecinos.

Pero los vecinos, que ya se manifestaron el lunes 20 frente a la Torre Ejecutiva, tienen otra versión de los hechos. Uno de ellos afirmó que la ocupación comenzó de forma “espontánea” y que “madres, amas de casa, fueron procesadas y coaccionadas por el fiscal Pérez a exhortar a las mil familias a desocupar dicho predio”. Romina, otra vecina del barrio, dijo a la diaria que las mujeres fueron “tomadas de rehenes para hacerse cargo de algo que no le corresponde a un civil: desalojar a casi mil familias. Y tenemos posibles nuevos rehenes, que son las caras visibles del inicio del barrio”.

En la proclama leída el lunes 20 se aseguró que las familias que están allí no cuentan con una solución habitacional: “Aquí viven mujeres víctimas de violencia, algunas se encontraban en refugios del Mides [Ministerio de Desarrollo Social]; jóvenes rehabilitados provenientes de ONG; personas de nacionalidad extranjera; madres, padres, jefes de hogar; militares; policías; pescadores. ¿Qué pasó con la campaña 'quedate en casa'? Si el fiscal no mal recuerda, se exhortó a la población a realizar una cuarentena debido a la pandemia que se transita a nivel mundial”, decía la declaración.

“Barrio en formación”

Los vecinos de Nuevo Comienzo no niegan que están llevando a cabo una ocupación; sin embargo, prefieren hablar de un “barrio en formación”, y mientras lo recorren cuentan con orgullo cómo se desmalezó cada camino y se dividió cada parcela y con cuánto esfuerzo se construyó el merendero que instalaron en el centro del asentamiento, que se destaca por su prolijidad y limpieza. También niegan que el barrio esté financiado por bandas dedicadas al narcotráfico y desconocen la existencia de bocas de venta de droga, aunque no descartan que pueda haber “alguna, como en todos los barrios”.

“Cuando se instalaron los primeros vecinos esto era un terreno baldío y quizás sí una cuna de delincuentes. Se empezó a limpiar todo, se sacaron esqueletos de autos y de motos y vehículos quemados. Y para ser un asentamiento esto es súper prolijo”, enfatiza Romina. “Y todo a pulmón lo hicimos. Nos juntamos, abrimos las calles, limpiamos. Con igualdad de terreno para todos”, agrega Alejandra. Cada parcela tiene 25 metros cuadrados y, por la explosión demográfica que hubo en la zona (pasando de 30 familias en enero a más de 700 en la actualidad), todas están ocupadas. La mayoría de las construcciones son de techo liviano, fabricadas con madera y chapa, y algunas son más sofisticadas que otras. También hay quienes cuidan sus terrenos en carpas, porque todavía no tienen los materiales para construir.

“Que quede asentado que esto no son varias ocupaciones, es una sola ocupación, y si sacan a uno, van a tener que sacar a todos. Acá el agua se ganó legal y no estamos usurpando nada más que la propiedad privada. Nada más. Todo lo que estamos logrando es legal. El merendero, el agua, todo legal lo estamos haciendo”, expresa Jorge, con la aprobación de decenas de vecinos que forman una ronda a su alrededor. Mientras habla, Jorge señala una canilla ubicada al costado de uno de los caminos.

Mientras mece a uno de sus hijos en sus brazos, Romina reflexiona: “Hoy nos instalaron la canilla de OSE. ¿Qué clase de delincuentes somos, entonces? Eso lo tenemos que pagar. Y luz no tenemos porque no robamos, no somos delincuentes. Somos gente que labura; hay de todo, como en todo barrio, pero la gente que trabaja y lucha el día a día, ¿qué culpa tiene?”. Luego agrega: “Yo llegué acá porque estaba en una situación bastante crítica con mis dos nenes, y la única solución que encontré fue venirme. Todavía estoy juntando pesito a pesito para edificarme algo medianamente digno para habitar con los chiquilines”.

FUCVAM recibió a delegación de Nuevo Comienzo

Nueve delegadas de Nuevo Comienzo se reunieron con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) en la tarde del lunes y se puso sobre la mesa la posibilidad de conformar una o varias cooperativas, algo que ya implementaron los vecinos que fueron desocupados del terreno de la IM en febrero, comentó el dirigente de FUCVAM Gustavo González a la diaria. “Nosotros nos pusimos a las órdenes para encontrarle una salida al problema, porque nos parece una barbaridad que en momentos de emergencia sanitaria se esté desalojando y procesando gente. Esto vale tanto para [los vecinos de] Santa Catalina como para cualquiera”, afirmó.

“Cuando empezó esa ocupación hablamos con algunos de ellos y conformamos la primera cooperativa de viviendas, que se llama Covisanta 1. Ellos ya tienen su terreno otorgado por la cartera de tierras de FUCVAM y la IM en la calle Camino Cibils, por lo que ayer planteamos nuevamente esa salida: si quieren agruparse en cooperativas los ayudaremos a hacerlo, veremos la posibilidad de buscar otros terrenos, etcétera”, indicó González, haciendo énfasis en que “la última palabra la tienen los vecinos”, quienes se reunirán en una nueva asamblea para analizar el planteo de FUCVAM.

El “fracaso” de las políticas sociales

Para el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Tabaré Hackenbruch, el surgimiento de este asentamiento no es “llamativo”, sino “una realidad que existe y que el cambio de gobierno y la pandemia han desnudado”. En diálogo con la diaria, el jerarca afirmó que se trata de “la punta de una madeja muy compleja que tiene que ver con que en los últimos 15 años se ha gastado mucho dinero en diferentes planes, tratando de solucionar la problemática de los asentamientos, y que a pesar de esa inversión de dinero y de recursos de los uruguayos, no se ha logrado solucionar”.

“Hay un dato objetivo y es que hoy tenemos más de 600 asentamientos, que se produjeron durante los años de bonanza económica en el país. Durante 15 años tuvimos un relato de que estábamos en un país de primera, y ahora se empieza a desnudar una problemática de acceso a la vivienda con déficit de 60.000 viviendas y 600 asentamientos”, señaló Hackenbruch. Respecto del caso concreto, el ex diputado colorado afirmó que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está “atado a la decisión de la Justicia, que obviamente será la que dictamine si estos asentamientos están en forma irregular o no”.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en no fomentar, en forma indirecta y por voluntarismo, la ocupación de terrenos privados o públicos. Las sociedades tenemos un contrato social por el cual nos regimos, y nuestra Constitución dice claramente en el artículo 32 que la propiedad es un derecho inviolable. Entonces, si el terreno es privado, no es tuyo”, puntualizó. Asimismo, el jerarca relacionó la problemática de la falta de vivienda con el “debilitamiento” del “tejido social de Uruguay”, que “ha seguido profundizando una brecha que la pandemia y el cambio de gobierno han puesto al descubierto”, aseguró.

Si bien aclaró que “no es que no se haya hecho nada en los últimos 15 años”, sino que, por el contrario, “se ha invertido mucho”, pero, a su entender, los planes implementados por los gobiernos frenteamplistas “no han logrado solucionar esta problemática”. “Va a haber que revisar la calidad del gasto y mantener los planes, pero orientándolos hacia la prevención de estas situaciones y no a la solución después de que se generó el problema”, sostuvo. “Lo importante no es regularizar asentamientos que ya estén, sino generar las condiciones para que la gente pueda acceder a la vivienda sin que tenga que ocupar terrenos de forma ilegal, porque ahí entramos en un proceso perverso y estamos dando el mensaje equivocado de que esa es la forma de acceder a una vivienda o a un terreno”, reflexionó.

Hackenbruch adelantó que una posible salida para esta situación es la construcción de viviendas, por medio de diferentes planes del tipo del Plan Juntos, el Plan Mejoramiento de Barrios, Mevir e incluso mediante cooperativas. En este sentido, señaló que “los planes de vivienda que se están elaborando para este quinquenio van a estar orientados principalmente en los deciles 5 y 6 para abajo, porque los deciles superiores consiguen por ellos mismos los préstamos y los recursos económicos para hacer sus viviendas”. Además, adelantó que la ministra de Vivienda, Irene Moreira, está estudiando el caso y, una vez que tenga toda la información, recibirá a los delegados del barrio.

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