El doctor en Economía Sebastián Fleitas advirtió que el acuerdo de precios anunciado el 8 de mayo por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, podría ser ilegal, si no se redacta un decreto o una ley específica que lo ampare. El economista explicó en el programa No toquen nada de Del Sol FM que la legislación vigente sobre la libre competencia (Ley 19.833) prohíbe expresamente los acuerdos de precios, a la vez que advirtió sobre los riesgos asociados a estos acuerdos, que pueden incentivar negociaciones ilegales entre empresas para subir precios, en desmedro de la libre competencia.
“No es claro que los acuerdos de precios, de la forma que se plantearon, sean legales en Uruguay. Hay una nueva legislación de competencia vigente en Uruguay a partir de la Ley 19.833, que modificó la ley de competencia original, que es la 18.159. Esta modificación prohíbe los acuerdos de precios de por sí, es decir, explícitamente y sin tener que demostrar que generan problemas para los consumidores”, sostuvo Fleitas en su columna en el programa radial. El economista hizo referencia al artículo 4º bis, que enumera la prácticas expresamente prohibidas, entre ellas “establecer, de forma directa o indirecta, precios u otras condiciones comerciales o de servicio”.
En ese sentido, Fleitas indicó que “la única salvedad” para que el acuerdo funcione dentro del marco legal es que se redacte un decreto de ley que lo ampare. No obstante, advirtió que este tipo de prácticas pueden generar consecuencias negativas en el futuro, al funcionar como un “gimnasio” en el que las empresas “practican cómo acordar precios”. “Después es complicado sacarnos esas prácticas de arriba”, aseguró. Por esta razón, señaló que “si en algún caso algunos productos se consideran esenciales por la crisis de la covid hay maneras de regular esos precios en particular, pero la solución no es poner a todos los oferentes de la economía a negociar cuáles son los precios”.
El anuncio sobre el acuerdo de precios fue realizado en una conferencia de prensa la semana en la que se conoció que el acumulado anual de la inflación llegó a 10,86%. En ese contexto, el gobierno acordó con comerciantes, intermediarios y productores el “congelamiento voluntario” de precios de cerca de 80 familias de productos de la canasta básica de alimentos, limpieza e higiene por tres meses. Arbeleche expresó que la idea es mantener los precios, “salvo que hubiera un factor extraordinario”, y como ejemplo mencionó una “sequía muy grande” o un “problema cambiario”. Además, aclaró que la medida no ataca la inflación, sino “el aumento abusivo de precios que veíamos en muchos artículos”.
Por otra parte, Fleitas consideró “fundamental” que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, se exprese respecto de la legalidad o no de los acuerdos. Ayer la diaria intentó comunicarse con las autoridades de dicha comisión, pero no obtuvo respuesta.