Entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020 hubo en Uruguay 26 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas, señala el sexto informe de monitoreo de amenazas realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).
Según el informe, la categoría que presentó más episodios fue la referida al “acceso a la información”, con nueve casos; seguida por “agresiones y ataques”, con ocho casos; y cuatro episodios relacionados con la categoría “discurso estigmatizante”. 80% de los casos ocurrió en Montevideo.
A pesar de que sólo un episodio no fue denunciado públicamente, ninguno llegó a la Policía o a la Justicia. Diez de los casos provinieron del ámbito público, ocho del privado y ocho fueron provocados por integrantes de partidos políticos. De las 26 amenazas a la libertad de expresión, 13 afectaron a equipos periodísticos o medios, diez afectaron a varones y tres a mujeres. El sexto informe evidenció un crecimiento en la cantidad de eventos, ocho más que en el informe anterior, en el que se registraron 18 casos.
Entre los elementos que preocupan a Cainfo está la ley de urgente consideración (LUC) que ingresó a la Cámara de Senadores la semana pasada, porque “si bien uno de los aspectos más preocupantes fue eliminado, ya que se quitó del articulado la pretensión de legislar respecto al denominado 'Derecho al Olvido', se mantienen limitaciones al derecho a la protesta pacífica, que atentan contra la libertad de expresión”, dice el informe..
Cainfo también lamenta que no haya prosperado el proyecto de ley sobre el uso de la publicidad oficial, “luego de que el Senado decidiera no aprobar el texto en el plenario y regresarlo a comisión para su análisis”. “Esta decisión, se tomó ante la falta de consenso entre los partidos en el Senado, a pesar de que el proyecto original contó con el apoyo de representantes del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente”.
Aunque no es parte del informe, Cainfo hace énfasis en la pérdida de puestos de trabajo, en especial en marzo de este año, lo que, “según las empresas periodísticas”, fue consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) consignó el envío al seguro de paro de más de 300 personas.
Cainfo manifiesta su preocupación por el funcionamiento de las conferencias en la Torre Ejecutiva, donde se permiten “pocas preguntas” y los periodistas “se ven imposibilitados de repreguntar”. Además existe un listado de medios y un orden en el que se hacen las preguntas; si un medio no envía a un periodista a cada una de las conferencias queda último en el listado. Cainfo alega que la “confección de una lista con un orden de prelación dificulta la participación de medios o periodistas (de Montevideo e interior) que no pueden asistir a todas y cada una de las conferencias de prensa ofrecidas”.
Por otra parte, el texto hace mención al creciente un número de agresiones en las redes sociales por cuestiones vinculadas al desempeño de la profesión, en especial a mujeres.
Algunos de los casos
El informe de Cainfo menciona los casos denunciados, que van desde impedimentos para acceder a la información hasta agresiones o ataques.
En cuanto al acceso a la información, en 2019, Antel definió como reservada la información relativa al costo de mantenimiento del estadio “Antel Arena”, una solicitud realizada por un periodista del diario El País. Además en julio de 2019, un asesor de Juan Sartori (Partido Nacional) comunicó que el portal Ecos, propiedad del político, dejaría de ser plural y pasaría a ser parte de la propaganda de su grupo. Presidencia, en octubre de 2019, negó información sobre cargos de confianza y pases en comisión, a un periodista del diario El Observador; en noviembre, la Justicia condenó a Presidencia a otorgar la información. También se menciona que en la asunción presidencial de Luis Lacalle Pou se limitó el acceso de los medios al Palacio Legislativo.
Agresiones, ataques y restricciones
En 2019 hubo varias denuncias de amenazas y ataques. Entre los periodistas amenazados o agredidos está Leonardo Haberkorn de El Observador que informó sobre el caso de José Gavazzo; el periodista del Teledoce Martín Kesman, que denunció que un camarógrafo fue agredido durante el partido Peñarol-Flamengo; y la periodista de Soriano María del Huerto Ramírez que denunció que fue agredida por un integrante de la comitiva del candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez. Además, un equipo de VTV Noticias fue agredido por manifestantes durante una protesta encabezada por ex candidato a presidente del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, y en una marcha realizada por la organización Plenaria, Memoria y Justicia.
Además, APU denunció en julio del año pasado que la periodista del semanario Brecha Azul Cordo, recibió insultos en las redes sociales luego de escribir una nota sobre la decisión de la Justicia de quitar la patria potestad a un integrante de la organización Todo por Nuestros Hijos Ya y Stop Abuso Uruguay.
Discurso estigmatizante y procesos judiciales
En de octubre del año pasado un equipo del diario La República fue hostigado por la seguridad y allegados al líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, durante un acto realizado en Minas (Lavalleja). En mayo de 2019 el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, presentó una denuncia penal por difamación e injurias contra el periodista Gabriel Pereyra, quien calificó de “cobardes y atorrantes” las expresiones del militar porque se negó a repudiar las desapariciones durante la dictadura; en setiembre de ese año, Antonio Romanelli, asesor del partido Cabildo Abierto, presentó una denuncia penal contra el diario La República, Radio Uruguay y Montevideo Portal, porque publicaron una carta de un colectivo de ex presos políticos.