Cabildo Abierto (CA) presentó la semana pasada un proyecto de ley para regular la actividad forestal. La iniciativa fue elaborada por el diputado de ese partido Rafael Menéndez. En diálogo con la diaria, el diputado explicó que uno de los objetivos del proyectos es evitar que se foreste fuera de zonas que no son de prioridad para la actividad, “como está ocurriendo”, y regular los “beneficios” de los que ha gozado la forestación que “no tienen otros sectores”.
Menéndez sostuvo que desde de la promulgación de la Ley Forestal 15.939 en 1988, cuando habían 30.000 hectáreas forestadas, hubo un aumento sostenido de la incorporación de tierras forestadas, hasta llegar hoy a un millón y medio de hectáreas forestadas.
El proyecto de ley consta de tres artículos. En el primero se limita la aprobación de proyectos forestales de bosques que “sobrepasen densidades de siembra de 150 por hectárea” y establece que se foreste “exclusivamente” en las áreas definidas como “suelos de prioridad forestal”. Asimismo, en este primer artículo se establece que las áreas forestadas no podrán superar el índice de productividad CONEAT (Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra, que mide la capacidad productiva de los suelos y el indicador promedio es 100) de 76. Además, el artículo primero indica que se debe mantener una distancia mínima entre los bordes de los montes y los cursos de agua “siempre superior a 300 metros”.
El segundo artículo establece que los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales dedicados a la “forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional” estarán “obligados” a realizar “proyectos de rotación entre cultivos” entre cada “turno forestal” (el período transcurrido entre la plantación y la cosecha de monte).
El tercer artículo refiere a la aprobación de los proyectos forestales de montes, que quedará sostenida a las condiciones de los artículos anteriores y que deberá contar con el acuerdo entre productores agropecuarios y empresas forestales “o de cualquier otra modalidad contractual”. La aprobación estará a cargo de la Dirección General Forestal y la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que deberán considerar en todos los casos “prioritariamente la voluntad de los habitantes de la zona afectada a la forestación”.
“La tercera planta de celulosa es un hecho, pero sabemos que hay una cuarta y una quinta planta de celulosa proyectadas y creemos que algo hay que hacer”, manifestó Menéndez, y reafirmó que los beneficios de los que gozan las pasteras “harán que el Uruguay se cubra de eucaliptos”. Sostuvo que CA no está en contra de la forestación, pero que no quiere que el país “sustituya la producción de alimentos por la producción de papel”, y el objetivo es “mantener un Uruguay diversificado”.
Otro de los propósitos de CA es reivindicar el capital nacional frente a la inversión de empresas extranjeras. Menéndez dijo que, si la inversión que se realizó en UPM2 se hubiera destinado a otros sectores productivos como tambos, ovinocultura, producción ganadera, “el producto bruto interno del Uruguay se hubiera incrementado por dos o tres”.