Varios de los artículos del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) deberían ser tratados “por fuera del marco de urgente consideración, en la medida en que permitiría un mejor proceso de análisis y aportes”, asegura la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en un documento elaborado como aporte para el debate de esta iniciativa.
Algunos de los puntos que la CNFR quiere que se discutan por separado son: el monopolio de ANCAP; las competencias del Instituto Nacional de Carnes (Inac); la creación del Instituto Nacional de la Granja, y los artículos referidos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
La CNFR también se expresó respecto de otros artículos que fueron recientemente modificados o retirados del proyecto, como, por ejemplo, los que modificaban el régimen de propiedad de los inmuebles rurales o las excepciones para que los colonos habiten terrenos del Instituto Nacional de Colonización. El miércoles, el Poder Ejecutivo (PE) decidió retirar de la LUC el capítulo sobre titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, y agregar nuevas excepciones a la obligación de los colonos de trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia.
Algunas de las observaciones
Los integrantes de la CNFR advierten sobre los riesgos de la desmonopolización del mercado de combustibles, “por la concentración de este mercado a nivel internacional, la particular importancia que tiene en el funcionamiento y soberanía de las naciones, los efectos sobre la escala de trabajo y viabilidad económica de la empresa pública, la evaluación conveniencia económica de medio y largo”, temas que “merecen un tratamiento en profundidad y con mayor tiempo”.
Además manifiestan su preocupación por la habilitación, registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor por parte del Inac. Para que estas acciones sean posibles, dicen, es necesario dotar al instituto de más presupuesto y de una adecuación estructural.
Sobre la creación del Instituto Nacional de la Granja, la CNFR dice que es necesario asegurar “la representatividad en la nueva institucionalidad de las organizaciones de productores familiares de la granja”. La gremial señala que “la definición amplia y general de 'granja' no es representativa de un modelo de producción, ya que dentro de este concepto se engloban una serie de rubros de producción y cadenas de valor, sistemas agroalimentarios y circuitos de comercialización que son muy diferentes”.
Con relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el texto señala que con la nueva legislación se limitará la protección de los sitios que son propiedad del Estado o de los de particulares que “voluntariamente lo acepten”. “Ante aquellos propietarios que no acepten acatar medidas de protección, necesariamente se les deberá expropiar sus campos. Esto puede parecer inocuo, pero leído con atención, le quita herramientas al Estado para actuar en favor del interés nacional en áreas de alta sensibilidad agroecológica”.
La CNFR no es la primera organización que plantea este asunto. El viernes pasado investigadores de la Universidad de la República cuestionaron los artículos 500 y 501 del proyecto y aseguraron que el SNAP “es un compromiso nacional asumido frente a la comunidad internacional”.