Sobre la calle Agraciada, en una casona típica de la zona, entre Marmarajá y General Fraga, funciona una de la tantas pensiones montevideanas ocupadas principalmente por migrantes. Este lunes, 30 de sus habitantes esperaron ser desalojados. Alex, uno de los inquilinos, dijo a la diaria que no todas las familias pudieron esperar la orden, porque algunas personas conservan su trabajo, aunque la mayoría, como él, perdieron sus empleos a causa de la crisis económica que provocó el nuevo coronavirus. En el correr de la mañana, su abogado, integrante de la organización Idas y Vueltas, les informó que tenían unos días más de respiro: después de que se levante la feria judicial, a partir del viernes, un juez decidirá cuándo deberán abandonar el lugar.
“Es una incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar, y no queremos quedarnos aquí sabiendo que no es de nosotros”, dijo Alex. Hace cinco años que vino a Uruguay, proveniente de República Dominicana. En estos años logró conseguir empleo en una empresa de seguridad, pero ahora está en el seguro de desempleo y su pareja, embarazada, también se encuentra desocupada. Ellos llegaron a la pensión hace un año y otra de las inquilinas les “vendió” una habitación; no hubo papeles de por medio, sólo un acuerdo de palabra. Esta persona les cobraba por el mantenimiento, la limpieza y la seguridad del lugar. Cada una de las familias pagaba a esa mujer entre 3.000 y 4.000 pesos por mes. Alex comentó que el precio de “venta” de las piezas también variaba: iba desde los 10.000 a los 15.000 pesos, y ellos creían que se pagaba por única vez. Si bien en esta pensión hay uruguayos, la mayoría son dominicanos y haitianos, que trabajan en changas informales, e incluso algunos no tienen documentación.
“La gente más vieja nos dijo que esto estaba en un juzgado y que teníamos mucho tiempo para vivir tranquilos. Ella nos ‘vendía’ la habitación para no seguir pagando más alquiler”, contó. El hombre relató que la mujer nunca les mostró papeles de desalojo, pero a fines de abril se mudó y empezaron a sospechar. “Cuando empecé a preguntar, nadie me daba una respuesta positiva, porque todo estaba cerrado. La señora, después de que se muda, vuelve a la pensión y hace una reunión con todos, en la que dice que ella tiene un abogado y nos va a dar tiempo, aunque teníamos que seguir pagando alquiler”, algo a lo que se negaron. Después de eso, se contactaron con Idas y Vueltas, que tramitará una prórroga cuando vuelvan a funcionar los juzgados.
Leonardo Fossatti, integrante de la organización, comentó a la diaria que esa modalidad de “venta” de habitaciones es una estafa “súper frecuente”. “En primer lugar, no es legal el subarriendo de un inmueble y mucho menos la ‘venta’, pero la persona que compra no sabe”, dijo. Contó que el año pasado en otra pensión le llegaron a cobrar a un inquilino 4.000 dólares y a los dos meses lo sacaron. “Es un abuso hacia el que viene al país y no conoce los procedimientos jurídicos de compraventa; además, se juega mucho con la necesidad de las personas”, expresó. El integrante de Idas y Vueltas dijo que desde 2015 denuncian este tipo de maniobras, y “no puede ser que siempre terminemos hablando de las personas desalojadas y no del problema en sí, que es cómo proliferan estos negocios, por qué hay un margen de irregularidad tan amplio y cómo puede ser que nunca se investigue a los estafadores”. Además, aclaró que la estafa no consiste sólo en “vender” algo que no puede ser vendido, sino que muchas veces estas personas saben que en algún momento habrá un desalojo.
Sobre la pensión de la calle Agraciada, comentó que el titular del inmueble, que no es la misma mujer que hacía las “ventas”, desapareció. El dueño fue contra el titular de la pensión y a la vez accedió a dar siete meses de prórroga, que ya vencieron. “Cuando desapareció el titular esa inquilina ‘vendió’ los cuartos sabiendo que habían acordado un desalojo”, relató. Fossatti comentó que en 2019 la organización siguió seis procesos y “otras tantas de estafas”, y que en lo que va de 2020 hubo tres desalojos por la vía civil o por “usurpación” antes de que se declarara la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, “todos con una semana de distancia”.
A pesar de que hubo un freno en los desalojos, con la pandemia proliferó el abuso en los precios: “Si hoy vas a alquilar un cuarto te van a cobrar más porque saben que hay un contexto de pandemia. Por otro lado, hay gente que se niega a alquilar a personas con niños, a mujeres embarazadas o a personas con alguna enfermedad; si antes era un problema, ahora es peor”, aseguró Fossatti.