La expresión “servicio militar obligatorio” no significa lo mismo en todas partes. En Rusia, por ejemplo, no implica nada para los hijos o hermanos de los militares fallecidos, porque quedan exentos de prestarlo. En Venezuela está prohibido el reclutamiento obligatorio, pero las tareas –civiles o militares– necesarias para la defensa nacional se consideran un deber ciudadano y todos los mayores de 18 años deben estar inscritos en un registro militar.
Además, quienes se alistan voluntariamente tienen ciertas ventajas, como un seguro dental y un seguro de vida. Igualmente, aunque Estados Unidos dejó de reclutar forzosamente en 1973, sus ciudadanos también deben registrarse al alcanzar la mayoría de edad y la ley todavía permite la llamada a filas. En los pocos países del planeta que no tienen fuerzas armadas propias, la expresión suena lejana. Es el caso de Islandia, cuya defensa depende de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o de Mónaco, que depende de Francia.
En lo que se refiere al servicio militar obligatorio, existen casi tantas combinaciones en el mundo como países. Alrededor de 60 lo mantienen en la actualidad, incluidos algunos con servicio militar voluntario y la alternativa de hacer trabajos comunitarios, como Austria y Bielorrusia. No obstante, la mayoría de los países considera que servir a la defensa del Estado es un acto voluntario. La conscripción es tan antigua como las propias entidades políticas a las que busca defender y todavía hoy tiene defensores y detractores.
El servicio militar obligatorio desde una perspectiva histórica
El Estado, en tanto que organización política y jurídica, tiene cuatro requisitos fundamentales: una población estable, un territorio definido, un gobierno y el reconocimiento internacional. En muchas ocasiones a lo largo de la historia, el Estado se ha visto obligado a defender su territorio por la fuerza y ha recurrido para ello a su población por la vía del reclutamiento forzoso. Sin embargo, el servicio militar obligatorio también tiene una utilidad estatal en tiempos de paz. Para legitimar su poder y promover la cohesión de su población, el Estado intenta generar una idea nacional con la que todos los ciudadanos se puedan sentir representados. Con el aumento de las migraciones y de la polarización social, las poblaciones son cada vez menos homogéneas, lo que está abriendo paso a una nueva forma de entender la identidad nacional. En ese aspecto, el servicio militar obligatorio podría ser un espacio en el que generar y reforzar valores compartidos en la población.
El servicio militar obligatorio forma parte de los servicios a la patria o nacionales, entre los que se puede encontrar también una gran variedad de trabajos para la comunidad y voluntariado. Ya en tiempos del Imperio romano, autores como Plutarco defendían el servicio nacional como una manera de igualar a pobres y ricos en un servicio común, predisponerlos a la amistad y el entendimiento, y hacerlos compartir valores y objetivos. A propósito de Roma, durante los primeros siglos el servicio militar fue un deber que duraba toda la vida del ciudadano romano. Esta forma de entenderlo cambió cuando el cónsul Cayo Mario, tío de Julio César, introdujo el reclutamiento voluntario, lo que permitió el establecimiento de un Ejército profesional y permanente.
El modelo de servicio militar obligatorio tal y como lo conocemos en la actualidad, aunque sólo para varones, nació en la Revolución francesa como una forma rápida de construir una gran fuerza militar. La Francia revolucionaria necesitaba tropas para combatir las muchas monarquías europeas con las que estaba en guerra, incluidas Austria, Inglaterra y Prusia. Pronto, el servicio militar obligatorio se extendió por toda Europa: frente a las levas puntuales, este modelo ofrecía la ventaja de una fuerza militar semiprofesionalizada disponible en todo momento, ya que, terminado el servicio, los reclutas pasaban a una reserva y podían volver a ser llamados a filas. Así, en caso de necesidad, la población masculina en determinado rango de edad estaba preparada para defender el Estado, como ocurrió durante las dos guerras mundiales.
Sin embargo, entre finales del siglo XX y principios del XXI, el servicio militar obligatorio, vigente durante siglos, comenzó a tener más objetores que apoyos y un gran número de países optó por un nuevo modelo: las fuerzas armadas profesionales y permanentes. En vez de entrenar a una gran parte de la población, los ejércitos se nutrían de voluntarios cuya dedicación exclusiva era la defensa del Estado. Al mismo tiempo, ese concepto de la Revolución francesa del servicio a la nación se empezó a ofrecer con la alternativa de los servicios comunitarios, vigentes hoy en Austria, Finlandia, Chipre, Bielorrusia, Rusia y Estonia. Incluso hubo países que eliminaron por completo el servicio a la patria, como España, en 2001. Los estados pasaron a profesionalizar lo que el sociólogo alemán Max Weber llamó “monopolio de la violencia”.
Contra la libertad individual y malo para la economía
Países como Taiwán y Moldavia han comunicado sus intenciones de eliminar el servicio militar obligatorio en un futuro cercano, en 2020 y 2021, respectivamente. Otros, como Ecuador, Albania, Jordania, Croacia, Guinea y Polonia, lo han abolido en los últimos 15 años. En España fue especialmente importante el movimiento insumiso, una corriente antimilitarista de desobediencia civil que nació a finales de los años 70 y plantaba cara al reclutamiento forzoso. En total, 1.670 hombres terminaron en la cárcel por negarse a prestar el servicio, pero su reivindicación fue muy importante para que “la mili” fuera finalmente eliminada en 2001. Y es que el cambio de modelo hacia un cuerpo militar profesionalizado se debía, en parte, al despertar de voces que criticaban el servicio militar obligatorio desde varios puntos de vista.
En primer lugar, se comenzó a cuestionar la necesidad de prepararse para una guerra que no iba a llegar: si no existía ese riesgo, ¿cuál era el sentido de preparar a la población y ponerla en lo peor? Según este argumento, el objetivo final de los estados no debería ser preparar a los ciudadanos para una posible guerra, sino disminuir el gasto en defensa y destinar esos fondos a necesidades básicas, como sanidad, alimentación y vivienda.
Además, cuando se trata de servicio militar obligatorio, el Estado no puede estar seguro de si quienes son llamados a filas defienden el país porque así lo quieren o porque se les obliga. Este es, quizá, el punto más controvertido de la conscripción. Un modelo que fuerza a los ciudadanos a poner en riesgo su vida atenta contra este derecho básico: ya no se trata sólo del servicio militar obligatorio, pues, en caso de conflicto, los reclutas pueden verse obligados a defender su nación en contra de su voluntad. El servicio militar obligatorio da a entender que la vida de los ciudadanos pertenece al Estado y no a sí mismos; es decir, es incoherente con la libertad individual. Esta coerción estatal puede traer graves consecuencias psicológicas, como ocurrió en Estados Unidos tras la guerra de Vietnam: los reclutas a menudo regresaban albergando resentimiento y rechazo hacia el Estado, lo que podría ahondar en divisiones civiles y problemas institucionales.
Por otro lado, no todos los ciudadanos están hechos para el entrenamiento militar. Homogeneizar poblaciones por medio de una instrucción marcial margina a quienes por razones físicas o psíquicas no son aptos para ese tipo de servicio. Corea del Sur, por ejemplo, mantiene el servicio militar obligatorio a causa de la guerra que tiene con Corea del Norte desde hace 70 años. Sin embargo, el gobierno surcoreano usa un sistema de puntos para determinar si las condiciones físicas y psíquicas de los posibles reclutas los hacen aptos para el entrenamiento militar. En otros países que no aplican ese sistema, la efectividad de los militares puede verse reducida, pues cada persona tiene su manera de gestionar ciertas circunstancias extremas, como, por ejemplo, la posibilidad de matar a alguien. También aumentan los riesgos, ya que los soldados psicológicamente inestables podrían poner en peligro a sus compañeros o a los civiles.
Desde el punto de vista económico, el servicio militar obligatorio no trae beneficios, sino todo lo contrario. No se trata solamente del gasto que supone entrenar a los reclutas o, incluso, de pagarles durante el período que dediquen a la instrucción, como ocurre en Suiza. La duración puede variar entre seis meses, como en Finlandia, y diez años, como es el caso de los varones en Corea del Norte, y la edad de ingreso habitual es de 18 años, vigente en países como Finlandia, Camboya, China, Irán y Singapur. Por tanto, el servicio militar obligatorio mantiene ocupada a la población en un momento fundamental de su carrera educativa, lo que retrasa su incorporación al mercado laboral y, consecuentemente, provoca pérdidas económicas. En una sociedad posindustrial en la que los niveles educativos son altos y es difícil suplir ausencias de trabajadores especializados, este problema cobra todavía mayor relevancia. Por si fuera poco, la conscripción también requiere de recursos burocráticos estatales, que son un gasto adicional.
Desde la perspectiva de género, la historia del servicio militar obligatorio, igual que la historia militar en un sentido amplio, tiene un componente discriminatorio innegable. De los 60 países que en la actualidad mantienen algún modelo de reclutamiento forzoso, sólo 11 admiten mujeres, incluidos Noruega, Israel, Corea del Norte y Túnez. No obstante, la tendencia histórica de reclutar solamente a hombres para los puestos de combate y reservar a las mujeres, generalmente, para actividades de retaguardia también ha estado cambiando en los últimos años: si cada vez hay más países que permiten la presencia de mujeres en todas las labores militares, incluido el combate, también los hay que, al retomar el servicio militar obligatorio recientemente, imponen el reclutamiento a las mujeres; es el caso de, por ejemplo, Marruecos y Suecia.
Cohesión nacional y seguridad geopolítica
El servicio militar obligatorio también tiene otra cara, la de las ventajas, y está ganando adeptos en Europa. Francia abandera el debate: abolió el reclutamiento militar obligatorio en 1997, pero el presidente Macron lo trajo de vuelta en 2019 con un programa piloto que combina servicio militar con un voluntariado para adolescentes. Desde junio de 2019, adolescentes franceses de ambos sexos entre 15 y 16 años viajan a otra región del país y pasan dos semanas uniformados. Cantan el himno nacional todas las mañanas y aprenden primeros auxilios, a leer mapas y coordenadas, y a responder a distintas situaciones de emergencia, como ataques terroristas y desastres naturales. El objetivo de este plan, que incluye la prohibición del uso de internet, es que los jóvenes socialicen entre ellos y tengan nuevas experiencias en entornos separados de sus familias y sus amigos habituales. Con esta propuesta, Macron busca también desarrollar el patriotismo entre los más jóvenes, así como fomentar la cohesión social y acercar nuevos puntos de vista a todos los ciudadanos.
Este es, quizá, uno de los principales argumentos de quienes abogan por el retorno del servicio militar obligatorio: el patriotismo. A la larga, un desarrollo profundo de la identidad nacional crea una sociedad más unida y facilita la integración de minorías étnicas y culturales. Es también el caso de Alemania, donde el debate está sobre la mesa. Al igual que en Francia, en Alemania la conscripción se ve desde dos perspectivas: por un lado, como una forma de integrar a la población en una sociedad con una gran presencia de inmigrantes y cada vez más polarizada; por el otro, como una forma de entrenar a la sociedad civil para que apoye a los militares profesionales en caso de desastre o conflicto con rapidez y eficacia. El debate también ha surgido, en mayor o menor medida, en Italia y Rumanía.
Pero para algunos países, además de mejorar la capacidad de respuesta y aumentar la cohesión social, hay otro argumento más importante: la geopolítica. Ciertos países europeos ven cómo se vuelven más vulnerables frente a Rusia a medida que esta va ganando poder, como demostró la anexión rusa de Crimea en 2014. En un continente con pocas capacidades defensivas propias, retomar el servicio militar obligatorio parece un canto de sirena. Después de haber eliminado el reclutamiento forzoso en 2008, Lituania, por ejemplo, lo reintrodujo en 2015, después de la anexión de Crimea. Otros países, como Dinamarca, Estonia, Grecia y Suiza, nunca lo abandonaron.
Ahora bien, este reclutamiento tiene una diferencia sustancial con respecto a los anteriores: es altamente especializado. Suecia, por ejemplo, eliminó el servicio militar obligatorio en 2000, pero lo reintrodujo en 2017 con esta nueva perspectiva como respuesta al aumento de tensiones con el gigante ruso. El objetivo es reclutar cada año a 4.000 personas –hombres y mujeres– entre todas las que cumplan la mayoría de edad. Para ello, se realizarán test a 13.000 personas, entre voluntarios y reclutas forzosos, para seleccionar a los más interesados y mejor preparados, que servirán nueve y 12 meses. Se espera que muchos de ellos opten después por la carrera militar; en caso contrario, los conocimientos adquiridos son también útiles en la vida civil. Algunas de las nuevas habilidades que aprenderán los reclutas son la programación y las telecomunicaciones, con el afán de preparar a los ciudadanos para las necesidades y los conflictos actuales. Esta aproximación selectiva y práctica al tradicional servicio militar también se está aplicando en Noruega y Finlandia, ambos geográficamente cercanos a Rusia y con una urgencia especial en reforzar su seguridad.
Eritrea, cuando el servicio militar es eterno
Detrás de mantener o recuperar el servicio militar obligatorio puede estar la preocupación de un gobierno por amenazas de seguridad o el deseo de dar una imagen de poderío a la comunidad internacional. También puede buscar aumentar la cohesión social o resolver el desencanto juvenil con las instituciones, creando una relación más estrecha entre el Estado y los ciudadanos. Marruecos, por ejemplo, reimplantó el reclutamiento en 2018 con ese objetivo. Sin embargo, el caso de Eritrea no responde a ninguno de estos motivos.
Eritrea, un país del Cuerno de África, se independizó de Etiopía en 1993. Recientemente, en 2018, firmó con este país el fin de un conflicto entre ambos que duraba ya dos décadas. Un solo presidente ha gobernado Eritrea en su breve historia: Isaías Afewerki, que ha establecido uno de los regímenes más autoritarios del mundo. Sin medios de comunicación independientes ni libertad religiosa o de opinión, Eritrea es un país opaco al que los observadores internacionales y las ONG tienen prohibida la entrada. Los eritreos huyen del país uniéndose a las rutas migratorias que cruzan el desierto para llegar al Mediterráneo, y su principal razón para huir, además de la represión estatal, es el reclutamiento forzoso. Justificándolo con la perpetua guerra contra Etiopía, el régimen de Afewerki obliga a hombres y mujeres a cumplir con un servicio militar que puede durar desde la adolescencia hasta que cumplan 50 años, aunque teóricamente no debería extenderse más de 18 meses.
Aunque se llame servicio militar obligatorio, en la práctica este es un sistema de esclavitud disfrazado: los eritreos no reciben formación militar, aunque sí patrullan y portan armas si se les asignan tareas militares. Sin embargo, bajo este falso reclutamiento también están obligados a realizar cualquier otra tarea que se les asigne, como trabajar en las minas o la construcción, a cambio de comida racionada o un salario que no alcanza para vivir en condiciones dignas. Además, quienes no se presentan al llamamiento a filas se enfrentan a juicios que pueden durar años, que los acusados pasan encarcelados en fosas o casas abandonadas. La otra alternativa es huir del país.
Aunque sea un ejemplo excepcional por su carácter dictatorial, Eritrea demuestra cómo las actividades patrióticas impulsadas por el Estado pueden corromperse si caen en manos erróneas. El debate sobre el servicio militar obligatorio sigue abierto, porque es difícil no traspasar la línea del respeto a los derechos de los individuos cuando se establece el reclutamiento forzoso. Una cosa, no obstante, queda clara: si el gobierno que decida implantarlo no es capaz de promoverlo adecuadamente, las ventajas que pudiera tener el servicio militar obligatorio se evaporan, convirtiéndolo, en el mejor de los casos, en un hervidero de ineficacia, rechazo y resentimiento.