La difusión de información que genere “incertidumbre en la población” en forma “impresa” o “artística” será sancionada penalmente en Bolivia, según establece un decreto que se hizo público el domingo. El gobierno de Jeanine Áñez, que llegó al poder tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, difundió esa decisión cuando se celebraba el Día del Periodista en el país. Poco después, la gobernante saludó a los periodistas en Twitter y dijo que su labor es “fundamental” para la democracia y la libertad de expresión.
La norma no es una excepción en el gobierno de Áñez. Se agrega otro decreto de mediados de marzo, el 4.200, que limita la libertad de expresión y de organización política. Esa norma, emitida para regular la cuarentena obligatoria dispuesta por la epidemia de covid-19, prohibió “la organización de reuniones sociales, políticas, mítines, manifestaciones, huelgas y bloqueos de calles, caminos urbanos, rurales y vecinales”.
El texto establece: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo, o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. A su vez, el decreto del domingo, el 4.231, agrega que quienes “difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística”, divulgada por cualquier “procedimiento”, y que “pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles” de “denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Al amparo del primer decreto, ya fueron condenadas decenas de personas, informó semanas atrás el diario La Razón. A mediados de abril, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que en “un patrullaje” en redes sociales fueron identificadas 67 personas que promovían “movimientos de desestabilización y desinformación” y llevaban adelante una “guerra virtual” en las redes sociales. Según informó el diario boliviano, esas personas fueron detenidas por la Fiscalía y 37 de ellas fueron condenadas mediante procesos judiciales abreviados.
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por estos casos, “dados los antecedentes de amenazas públicas emitidas por autoridades del gobierno actual contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’”. La organización consideró que “el lenguaje utilizado por Murillo podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”.
Objetivos políticos
Para Yerko Núñez, que este lunes ejercía de manera interina como ministro de la Presidencia, “los periodistas tienen que estar tranquilos”, porque están “sometidos” a la Ley de Imprenta en cuanto a su trabajo, y no al decreto. Afirmó que la medida está dirigida a quienes tratan de “confundir”, “enfrentar y dividir a los bolivianos”, y se refirió a “personas que militan en partidos políticos en un momento en que lo único que nos interesa al gobierno y a los bolivianos es cuidar la vida”.
Varios dirigentes políticos cuestionaron este decreto. El ex presidente Carlos Mesa lo calificó de una decisión “autoritaria y que vulnera derechos constitucionales fundamentales”. Una opinión similar expresó Morales. “El gobierno de facto de Bolivia cada día llega más lejos en la violación de los derechos humanos”, dijo el ex presidente, y agregó que “a seis meses del golpe de Estado, Bolivia no sólo está paralizada, sino que retrocede, vuelve a tiempos neoliberales con más desempleo, pobreza, corrupción, nepotismo, judicialización de la protesta, persecuciones y violación a la libertad de expresión”.
A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, dijo a la agencia de noticias Efe que la nueva norma “es un exceso y un grave riesgo para la libertad de expresión”. Con él coincidieron diversos artistas, quienes manifestaron su rechazo al decreto 4.231. Uno de ellos fue el escritor Gabriel Mamani, que obtuvo el Premio Nacional de Novela en 2019. “Creo que la disposición es coherente con el tono amenazante y disciplinario de todo lo que dice y hace el gobierno actual”, dijo a La Razón. “Dicen que lucharon por la democracia, pero jamás toman en cuenta el diálogo, el consenso y la concientización, elementos básicos de cualquier régimen democrático. Sólo amenazan y castigan, al más fiel estilo militar”, agregó Mamani, y se preguntó: “¿Una caricatura política puede generar ‘incertidumbre’? ¿La sátira puede ser castigada?”.