La epidemia de covid-19 llevó a varios países a analizar la situación de sus cárceles y a tomar medidas para descongestionar un sistema saturado, con hacinamiento y malas condiciones de higiene que facilitan la propagación del coronavirus. La necesidad de atender esas situaciones fue remarcada ayer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El portavoz del alto comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, dijo en una conferencia de prensa que “miles de presos y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur”. El funcionario no dio ejemplos, pero se conocen varios casos en los que el virus se propagó con facilidad, como el de una cárcel de Ohio, Estados Unidos, en la que 73% de sus 1.828 internos dieron positivo a los test de coronavirus.
Colville advirtió que la crisis sanitaria es también una fuente de violencia, y recordó que ha generado motines en diferentes países, que en algunos casos terminaron con varios muertos. En la cárcel colombiana La Modelo murieron 23 personas; en Los Llanos, en Perú, 47; y en otra cárcel de ese país, Miguel Castro, nueve, señaló. La oficina de la ONU pidió que se investiguen estas situaciones y advirtió que parecen mostrar que “en algunos casos los estados no han tomado medidas apropiadas para prevenir la violencia en estas instalaciones penitenciarias, y que han ejercido un uso excesivo de la fuerza para intentar recuperar el control”.
También en Argentina, Brasil, Estados Unidos y México hubo situaciones violentas, señaló el vocero. Fueron generadas por reclamos de mejoras en las condiciones de reclusión que redujeran la vulnerabilidad ante la epidemia, o como protesta contra las suspensiones de las visitas debido al coronavirus. Sin ese régimen, las personas encarceladas perdieron la posibilidad de ver a sus familiares e incluso de recibir la comida que ellos les hacen llegar, explicó Colville. En Argentina, cientos de presos iniciaron en abril una huelga de hambre para reclamar que se atienda su situación.
Colville destacó que algunos países tomaron medidas para excarcelar a las personas que son población de riesgo, desde enfermos crónicos hasta mujeres embarazadas. No se refirió, en cambio, a algunos gobiernos que han dispuesto excarcelaciones masivas en respuesta a la pandemia. Es el caso de Cuba, donde, según informó la agencia de noticias Efe, quedaron en libertad, con las “restricciones correspondientes”, 421 personas que cumplían prisión preventiva a la espera de un juicio, mientras que para otras 6.158 que ya cumplían condena se adelantó su salida en libertad condicional o con régimen de prisión domiciliaria.
En Perú, debido a las medidas para reducir la población en las cárceles quedó en libertad el lunes Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular, ex candidata presidencial e hija del ex presidente Alberto Fujimori. La dirigente se encontraba en prisión preventiva desde enero, a la espera de un juicio por lavado de activos, pero ese proceso judicial se retrasó debido a la crisis sanitaria y las medidas de distanciamiento social. La Fiscalía anunció que apelará la excarcelación de Fujimori, acusada de haber recibido financiación ilegal para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Una situación especial en cuanto a la violencia en las cárceles es la que se vive en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele dispuso que integrantes de bandas rivales compartan el espacio en las celdas, al tiempo que autorizó el uso de “fuerza letal” contra esas organizaciones en las calles. Otra de las medidas de las autoridades salvadoreñas consiste en sellar las puertas de las celdas con planchas de metal para evitar que se incumpla el régimen de aislamiento. El responsable de las cárceles, Osiris Luna, llegó a declarar: “No va a entrar ni un solo rayo de sol a ninguna de las celdas”. La política de Bukele fue criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Mientras tanto, en Honduras, el Centro Penal de Ilama, una cárcel de máxima seguridad que tiene una población de más de 1.000 personas, fue cerrado por la Justicia después de que muriera una de las personas privadas de libertad en sus instalaciones, un hombre de 52 años. En el fallo, el tribunal recordó que esa prisión ya fue cerrada en 2018 debido a las condiciones de hacinamiento.
Delitos leves y graves
Las medidas para descongestionar las cárceles buscan proteger a la mayoría de la población carcelaria, pero organizaciones políticas y sociales advirtieron que no deben traducirse en impunidad para quienes cometieron delitos graves, como los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante las dictaduras latinoamericanas. Por eso en Chile se puso freno a una iniciativa legal que hubiera permitido a represores de la dictadura de Augusto Pinochet cumplir su condena en prisión domiciliaria. En este caso, además, se trata de presos que no sufren el hacinamiento de las cárceles comunes, sino que cuentan con instalaciones cómodas y espacio suficiente.
También en Argentina causó repudio la decisión de un tribunal de beneficiar con prisión domiciliaria a un represor, Carlos Capdevila, que sirvió en la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese centro de detención, tortura y exterminio, Capdevila actuaba como médico en la maternidad clandestina. Ante un pedido de excarcelación, el Tribunal Oral Federal 5 decidió otorgarle un régimen de prisión domicialiaria porque el represor, condenado en tres causas distintas, tiene problemas de salud. Otros casos cuestionados fueron las liberaciones de agresores sexuales que en prisión domiciliaria implican un peligro para sus víctimas.
En este marco la Suprema Corte bonaerense aceptó un recurso que presentó el fiscal Carlos Altuve y suspendió ayer dos fallos que habilitaban prisiones domiciliarias en la provincia debido a la epidemia de covid-19. Esas sentencias buscaban proteger a quienes hubieran cometido delitos leves, pero en los hechos terminaban beneficiando a responsables de delitos graves. Según informó el diario Tiempo Argentino, el fiscal explicó que esos fallos que había emitido un tribunal de casación tenían “algunos defectos técnicos, generales”, y por eso consideró “oportuna la intervención del máximo tribunal provincial para que los corrija”.
Después de que la oposición acusara al gobierno argentino de favorecer a los presos con “liberaciones masivas”, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, afirmó que de las 12.579 personas que estaban privadas de libertad en el país “salieron 329 con prisión domiciliaria y lo determinó el Poder Judicial”.
El presidente Alberto Fernández también insistió en que la decisión es judicial y no del Poder Ejecutivo. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, tuiteó Fernández. Agregó que “organismos como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”, y que “en el mundo muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo”. En Argentina, dijo, “la solución del problema está en manos de los tribunales”.