Mediante un comunicado publicado este lunes, el ministro de Defensa de Brasil, el general Fernando Azevedo e Silva, afirmó que “las Fuerzas Armadas cumplen con su misión constitucional. La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea son organismos del Estado, que consideran la independencia y la armonía entre los poderes imprescindibles para la gobernabilidad del país”.
Por otra parte, y haciendo referencia a las agresiones sufridas por trabajadores de la prensa durante las manifestaciones pro golpistas, contra el Congreso y el Poder Judicial, realizadas por simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro, Azevedo dijo que “cualquier agresión contra los profesionales de la prensa es inaceptable”, y en ese sentido agregó que “la libertad de expresión es un requisito fundamental en un país democrático”.
Marcando una clara diferencia con el ex capitán que está a la cabeza del Ejecutivo, el general que dirige el ministerio de Defensa afirmó, refiriéndose a la covid-19: “Estamos enfrentando una pandemia de consecuencias sanitarias y sociales todavía imprevisibles, que requiere el esfuerzo y el entendimiento de todos. Las Fuerzas Armadas estarán siempre del lado de la ley, del orden, de la democracia y de la libertad. Ese es nuestro compromiso”.
Paralelamente, según informó la cadena Globo, las declaraciones de Bolsonaro durante el acto golpista del domingo en Brasilia, en las que afirmó tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, generaron molestias en las altas jerarquías castrenses.
Incluso trascendió que el domingo, ministros que integran el Supremo Tribunal Federal (STF) –la máxima instancia de la Justicia brasileña– conversaron con generales con los que suelen tener intercambios y estos últimos dijeron en forma categórica a los juristas que las declaraciones del presidente fueron a título personal y que no hay ningún riesgo de que las Fuerzas Armadas apoyen un golpe de Estado de Bolsonaro. “Si el presidente tiene esa idea tendrá que buscar apoyo en otro lugar”, aseguraron, grosso modo, los generales a los integrantes del STF.
En otro orden, este lunes asumió como nuevo director general de la Policía Federal Rolando Souza, a quien Bolsonaro designó luego de que la Justicia rechazó su intención de poner en el cargo a Alexandre Ramagem, por tener estrechos vínculos con el mandatario y sus hijos. Ayer mismo, y poco después de asumir su cargo, Souza decidió cambiar la jefatura de la superintendencia de la Policía de Río de Janeiro, lugar en el que el presidente tiene particular interés en controlar las investigaciones policiales que puedan implicar a sus familiares y aliados políticos. De acuerdo con lo que informó el periódico Folha de São Paulo, Ramagem, si hubiera asumido el puesto, también habría hecho este cambio.
En el momento de su renuncia, la semana pasada, el ahora ex ministro de Justicia y Seguridad Pública Sérgio Moro denunció que Bolsonaro quería interferir en la Policía Federal y pretendía además hacer cambios en las principales autoridades policiales de los estados de Río de Janeiro y Pernambuco.
Hablando de Moro, este lunes Agência Pública de Brasil reveló que durante el tiempo que el ex juez se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad Pública se firmaron varios acuerdos con la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), con lo que se incrementó la influencia de los agentes extranjeros tanto en la Policía Federal brasileña como en otras reparticiones del Estado dedicadas a la lucha contra el crimen. Según la investigación periodística que se llevó a cabo a lo largo de varios meses, entre otros hechos, agentes estadounidenses estuvieron en un centro de inteligencia brasileño situado en la zona de la triple frontera y además se les proporcionó a los investigadores extranjeros datos biométricos de ciudadanos brasileños.
Los vínculos de Moro con el FBI parecen haber sido muy estrechos. Según el informe de Agência Pública, en julio del año pasado, pocos días después de que el sitio de investigación The Intercept publicara los documentos del llamado Vaza Jato, el ex juez aprovechó unos días de licencia para viajar a Washington a reunirse con autoridades del FBI, datos a los que se accedió mediante la Ley de Acceso a la Información. Pocos días después del viaje de Moro a la capital estadounidense, el hacker Walter Delgatti fue detenido por la Policía Federal y admitió haber accedido en forma ilegal a los teléfonos de Moro y otros integrantes de la causa Lava Jato, en los que quedó en evidencia el accionar político del ex juez en la causa.