“Para comentar 501 artículos la central sindical uruguaya, que tiene 400.000 trabajadores, tuvo 30 minutos. Eso muestra claramente la falta de intercambio que puede haber entre el Parlamento, electo democráticamente, y el movimiento obrero”. Fueron las primeras palabras de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, luego de asistir a la Comisión Especial del Senado que trata el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que este lunes, a lo largo de toda la tarde, recibió a representantes de varios sindicatos.
Pereira subrayó que a la comisión le dejaron un documento que explica la posición que tiene la central sindical sobre el proyecto, y sostuvo que, en primer lugar, la LUC “no es el mecanismo que se debería utilizar para tratar un conjunto de temas tan abarcativo”, ya que eso “le quita calidad democrática al debate”. Agregó que la central rechaza la “limitación de los derechos” que establece la LUC, en particular, la del derecho a huelga, en referencia al artículo 397, que cuenta con todos los votos de la coalición de gobierno para ser aprobado y establece: “El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.
El presidente del PIT-CNT dijo que la diferencia que tienen con el proyecto es, además, con “cuáles son las urgencias”, porque en este momento en Uruguay hay “más de 200.000 trabajadores en seguro de paro, cerca de 450.000 personas ganando menos de 20.000 pesos líquidos y más de 100.000 uruguayos que han pasado el umbral de la pobreza”, por lo tanto, esas son las “urgencias”. “¿Qué pasa con las empresas unipersonales, los que trabajan en la feria como monotributistas, los vendedores ambulantes, las camionetas escolares, que han pasado de tener actividad plena a no tener actividad? Son las urgencias que el movimiento sindical cree que se deberían considerar hoy en el Parlamento”, subrayó. Resumiendo, la central sindical rechaza la LUC “tanto por la forma como por el contenido”, y, de hecho, la Mesa Representativa tiene a estudio llevar adelante un paro general parcial con movilización el 4 de junio, “para colocar las verdaderas urgencias que tiene la gente”.
La lista del PIT
El documento presentado por la central sindical, que consta de diez páginas, incluye duros cuestionamientos a la LUC. Al inicio se señala que “se abusa del mandato constitucional, al utilizarse una vía prevista para casos excepcionales, y se restringe el contralor parlamentario, lo cual conspira contra la ecuanimidad de la ley que se proyecta”.
“En cuanto a la oportunidad, más allá de los textos preliminares que se dieron a conocer, resulta preocupante que el gobierno haya optado, en medio de una emergencia sanitaria, con medidas de aislamiento social, que han paralizado el país, remitir este proyecto de ley; y más alarmante es que, en esencia, lo que sería verdaderamente de urgencia, atacar los efectos sociales de la crisis, no esté contemplado”, se sostiene.
Luego la central sindical se explaya en relación con cada sección del proyecto. Sobre la parte de seguridad se señala “el carácter fuertemente punitivo” en esa materia, “que se traduce tanto en la creación de nuevos delitos, el aumento de las penas y los mayores obstáculos que se establecen para acceder a la libertad vigilada”.
“Todo esto contribuiría a aumentar inevitablemente la ya desbordada población carcelaria, reduciendo las posibilidades que tienen estas instituciones de ser lugares de reinserción”, agrega la central sindical. Además, señala que “en la búsqueda de otorgar un mayor respaldo al accionar policial, se brinda mayor discrecionalidad y subjetividad en el manejo de las distintas situaciones, lo que expone a las personas a riesgos de abuso e interpretaciones de las normas que no es claro qué rumbo tomarán”.
Sobre la educación, el PIT-CNT sostiene que la LUC “plantea cambios sustanciales en varios aspectos del funcionamiento del Estado que hacen a la educación y la investigación, que atentan contra pilares históricos de la educación como la autonomía, y donde se le otorga un lugar preponderante al sector privado”. Se agrega que los cambios en el aparato institucional de la educación propuestos “apuntan a una concentración en la toma de decisiones, con un notorio incremento de la centralidad del Poder Ejecutivo”, la que se expresa “en el aumento de la injerencia” del Ministerio de Educación y Cultura, “en detrimento de la autonomía” de la Administración Nacional de Educación Pública y “afectando” a la Universidad de la República.
Les da la nafta
“Venimos a expresar nuestro rechazo enérgico a los contenidos de la LUC”, señaló, también en una conferencia de prensa, Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación ANCAP (FANCAP), quien asistió a la comisión junto con otros representantes de sindicatos de empresas públicas. Subrayó que el artículo 230, que establece la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, desconoce “la voluntad del pueblo uruguayo”, expresada en el referéndum de 2003 (que derogó la ley de asociación de ANCAP, con 62% de los votos).
Sostuvo que FANCAP defiende que la empresa de combustibles sea estatal y pública, también su monopolio, y que todo el movimiento sindical en su conjunto está comprometido con “la defensa de las empresas públicas”. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlas bajo el derecho público, en propiedad del Estado y cumpliendo el rol social que tienen que tener, para garantizar los derechos humanos fundamentales a toda la población”, señaló. Por último, subrayó que si los trabajadores del ente tienen que recurrir “nuevamente al pueblo uruguayo para que demuestre el sentido de pertenencia que tienen las empresas públicas y el rol fundamental que juegan en el desarrollo de la ciudadanía”, no dudarán “en transitar ese camino”.