Para los estados, someterse a los designios del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que rige las disputas con las empresas transnacionales, no suele ser un buen negocio. Se trata más bien de una concesión establecida en aras de promover y facilitar las inversiones. En cambio, hay al menos dos ganadores netos de estos procesos de arbitraje: los estudios jurídicos encargados del asesoramiento, y los denominados “terceros financiadores”: fondos de inversión que se dedican a pagar demandas para cobrar su parte.
Las demandas de empresas transnacionales contra estados amparadas en tratados eran sólo seis en 1995. En 2019 alcanzaban las 942, según el informe “Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra estados de América Latina y el Caribe”, del Transnational Institute. De estas demandas, 28% reclaman contra estados de América Latina y el Caribe. En 59% de los casos, el tribunal falló a favor del inversor. Pero incluso en aquellos procesos en los que “gana” el Estado, como en el litigio iniciado por la tabacalera Phillip Morris, termina perdiendo dinero por los costos del proceso. En aquel juicio se ordenó a la empresa pagarle al Estado uruguayo siete millones de dólares por el dinero que invirtió en el proceso de arbitraje, cuando el gasto total fue finalmente de diez millones de dólares.
Uruguay no ha sido ajeno a la referida evolución al alza de las demandas de transnacionales. Ni bien concluyó el litigio impulsado por Phillip Morris debió atender la demanda de la empresa de telecomunicaciones Italba ante el CIADI y la iniciada por la minera Aratirí ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por un monto de 3.536 millones de dólares, ambas pendientes. Y en mayo de 2019, amparándose en el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Panamá, la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holding (LARAH) demandó a Uruguay ante el CIADI por el perjuicio que el quiebre de Pluna causó en su subsidiaria, Leadgate. Esta última empresa había adquirido 75% de las acciones de la aerolínea de bandera uruguaya en 2007.
La semana pasada, el jueves 7, se conformó el tribunal del CIADI que entenderá en el caso Pluna. Según se informa en la página del CIADI, el tribunal estará presidido por el árbitro francés Alexis Mourre, designado de común acuerdo entre las partes, e integrado por el árbitro colombiano Eduardo Zuleta, designado por LARAH, y el mexicano Eduardo Siqueiros, nombrado por Uruguay. Y se sabe poco más, ya que en este tipo de litigios predomina el secretismo. Por otra parte, según informó El Observador el 1º de abril, el gobierno de Luis Lacalle Pou declaró la confidencialidad de la información sobre este juicio. La última administración de Tabaré Vázquez había hecho lo propio en 2018 respecto al litigio de Aratirí.
Según informa la publicación especializada Global Arbitration Review (GAR), en su demanda ante el CIADI, LARAH alega que invirtió recursos significativos en Pluna y acusa al gobierno uruguayo de crear problemas de liquidez innecesarios y de rechazar de forma arbitraria líneas de crédito adicionales que estaban planteadas para evitar el quiebre de la aerolínea. Sostiene que en 2012, ante los problemas financieros de Pluna, Leadgate había conseguido un financiamiento de la deuda de 30 millones de dólares, pero esta propuesta fue rechazada por los representantes del gobierno. LARAH también asegura que debió enfrentar una campaña de acoso público del gobierno que le hizo imposible atraer financiamiento. El monto de la demanda no se conoce, pero según trascendió, es de cientos de millones de dólares.
Un negocio floreciente
“Ferrere corresponde la confianza de los clientes defendiendo sus intereses hasta las últimas consecuencias”, promete la sección “Litigios” del sitio web del estudio jurídico Ferrere. Y menciona como una de las “especialidades” de sus 40 abogados litigantes el establecer “litigios contra entidades estatales”. El Estado uruguayo lo sabe de primera mano: Ferrere asesoró con éxito a bancos privados extranjeros tras la crisis de 2002, y en los últimos años, asesoró a Conecta (de Petrobras), Italba, Linzor Capital Partners (accionista de Farmashop) y Zamin Ferrous (por la minera Aratirí) en litigios internacionales del mismo tenor contra Uruguay. El diferendo con Farmashop no llegó a tribunales porque el gobierno uruguayo dio marcha atrás con la regulación propuesta, que apuntaba a evitar la concentración del mercado. En el caso de Pluna, el estudio Ferrere comparte la representación del demandante con los estudios Freshfields Bruckhaus Deringer en Nueva York y Dechamps International Law en Londres.
La profesional que figura en el lugar más destacado de la sección Litigios de Ferrere es la abogada Sandra González, quien precisamente encabeza la asesoría del estudio contra el Estado uruguayo en el juicio por Pluna, según GAR. Sandra González se formó en la Universidad de la República, es magíster en Derecho por la Facultad de Derecho de Harvard, docente de la universidad ORT, y a fines del año pasado dio una charla sobre ética profesional a estudiantes de la Universidad de Montevideo. la diaria intentó sin éxito contactarse con ella.
Otro aspirante a ganador en este proceso es el fondo estadounidense Tenor Capital Management, que de acuerdo con las publicaciones especializadas IA Reporter y GAR, es quien financia a LARAH. Según informa GAR, la compañía de inversión panameña Caballero Verde adquirió la totalidad de las acciones de LARAH, y según consta en los registros financieros de Caballero Verde, la empresa es controlada por Tenor Capital y su oficial jefe de operaciones, Daniel Kochav.
Tenor Capital se especializa en apoyar económicamente demandas contra Estados para luego quedarse con una parte de las ganancias obtenidas en el juicio, que puede llegar a hasta 70% del total. Se trata del mismo fondo que financia las demandas de las mineras canadienses Eco Oro y Crystallex contra los estados colombiano y venezolano, respectivamente.
El accionar de este tipo de fondos estimula la presentación de demandas contra estados, ya que la empresa demandante no incurre en ningún riesgo económico.
GAR reveló que la demanda de Italba contra el Estado uruguayo también es financiada por un fondo de este tipo, el australiano IMF Bentham.