Nos enfrentamos a “la mayor crisis de empleo después de la Segunda Guerra Mundial”, dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, este martes citando un pronóstico realizado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en el desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. También participaron en la actividad el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Gabriel Murara, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio Lestido, y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.
El tema de debate fue “Cómo enfrentar la crisis laboral” en el marco de la pandemia generada a causa del covid-19. A la situación “deteriorada” del trabajo en Uruguay antes de la emergencia sanitaria (48.000 personas en el seguro de paro) se le sumó la crisis económica y laboral, dijo el ministro, y agregó que eso llevó a que 200.000 personas solicitaran el ingreso al seguro de paro. Mieres señaló que, además, hubo “50.000 o 60.000 uruguayos con un repentino freno en su actividad”.
Sin embargo, el ministro destacó las políticas para reactivar la economía que tomó el gobierno. A modo de ejemplo, señaló que 9.000 personas recuperaron sus empleos con la reapertura de los shoppings, aunque antes los centros comerciales tenían a 12.000 personas empleadas. Mieres espera que, al abrir las plazas de comidas y con la extensión de los horarios, esas personas se reintegren.
El titular de Trabajo dijo que a muchas empresas les queda un mes de seguro de desempleo y adelantó que el gobierno tiene pensado extenderlo, con la condición de que haya un compromiso por retomar a los trabajadores. “Ahí habrá un desafío político que no es sólo del gobierno, sino de todas las partes. El objetivo es que esos trabajadores vuelvan”, dijo. En los últimos tres meses, el gobierno gastó 181 millones de dólares en subsidios por desempleo y enfermedad, dijo Mieres.
El ministro anunció además que el Poder Ejecutivo enviará una modificación a la ley de empleo juvenil, aprobada en 2013, porque considera que no dio los resultados esperados. Además, confirmó que se estudia una ley para regular el teletrabajo.
Por su parte, Lestido dijo que 97% de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas, y hay que cuidar que no cierren. Dijo que esas empresas tienen que ser representadas, porque en las negociaciones “ganan los actores de más poder, como los trabajadores sindicalizados o los grandes emprendimientos”. Lestido también sostuvo que 3% de las empresas medianas o grandes son las que más aportan al producto interno bruto y al fisco, así como “generan oportunidades y mueven la economía. Acá no hay enemigos: o ganamos todos o perdemos todos. Tenemos que tener la mente abierta y reconocer el trabajo de quienes generan trabajo”.
El empresario aseguró que no es momento para “perder el tiempo” en discutir sobre el derecho de huelga, el derecho al trabajo y a la propiedad privada, porque están consagrados por la Constitución y “nadie puede atentar contra ello”.
Murara aseguró que en abril el empleo en la industria cayó 15% y hubo 25% menos de producción. “Desde la CIU tenemos que tener una visión de cómo damos vuelta este tema de forma rápida. Para recuperar el empleo tenemos que mejorar la competitividad, con medidas temporales, para las pequeñas y medianas empresas”, dijo.
El empresario propuso modificar tarifas, como la de la electricidad, o los impuestos, para beneficiar a estos emprendimientos. Aseguró que la inserción internacional sólo es posible si se mejora la competitividad, y aseguró que en Uruguay hay una industria ociosa que puede producir para “salir de esta situación lo antes posible”.
Finalmente, el presidente del PIT-CNT dijo que hay que tener en cuenta que durante la pandemia 93.000 personas dejaron de buscar trabajo, “son desempleados”. Recordó que además de la renta universal, la central de trabajadores propone que a los hogares vulnerables se les dé de forma gratuita 180 kilovatios de energía eléctrica, 50 gigas de internet, una garrafa y 15 metros cúbicos de agua, para que “no queden por fuera de la sociedad”.
Pereira propuso que tanto el Estado como la ciudadanía prioricen la compra de productos nacionales. También dijo que el gobierno tuvo “enormes aciertos en las políticas sanitarias” y que muchas de ellas fueron posibles gracias a la existencia del Sistema Nacional Integrado de Salud y a la buena conectividad con la que cuenta Uruguay.