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Jorge Díaz en conferencia de prensa, ayer, en la Fiscalía General de la Nación.

Foto: Mariana Greif

Aumentó la proporción de imputados por violencia doméstica y estafa

3 minutos de lectura
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Un informe de Fiscalía sostiene que “el sistema penal uruguayo diversificó la persecución penal, aumentando en forma más rápida las imputaciones en delitos relativamente más complejos”

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Este miércoles de tarde, en una conferencia de prensa, la Fiscalía General de la Nación presentó un informe sobre el desempeño del sistema penal uruguayo en el primer cuatrimestre de 2020. Una de las novedades que destacó la Fiscalía fue la diversificación de la persecución penal, ya que el informe muestra que “crecen proporcionalmente más rápido las imputaciones por delitos menos frecuentes”.

En el informe se consigna que la eficacia en la imputación no es uniforme para todos los delitos: “Depende de la política de priorización que se establezca, así como de las capacidades para perseguirlos que desarrollen los equipos policiales y las fiscalías actuantes”. Se ejemplifica con que los hurtos y las rapiñas “suelen requerir menores esfuerzos en la investigación y en la generación de pruebas durante el proceso judicial”. En el otro extremo, “algunos tipos de homicidios, delitos económicos o delitos sexuales tienen mucho mayor dificultad probatoria, por lo que exigen mayor especialización en equipos policiales y fiscales, y usualmente demandan meses de investigaciones complejas para lograr responsabilizar a sus autores”.

Así las cosas, se señala que en el primer semestre de 2018 las denuncias de hurto y rapiña “representaban 60,1% de las formalizadas”; en cambio, “en el primer cuatrimestre de 2020 ese porcentaje bajó a 54,2%”. “Esa disminución de la participación de hurto y rapiña da cuenta de que en esos dos años el sistema penal uruguayo diversificó la persecución penal, aumentando en forma más rápida las imputaciones en delitos relativamente más complejos. En particular destaca el aumento comparativo de las imputaciones por delitos vinculados a situaciones de violencia doméstica y estafa”, se subraya.

La tabla que consigna el porcentaje de delitos según cantidad de denuncias con al menos un imputado muestra que violencia doméstica y “denuncias asociadas” entre enero y julio de 2018 representaban 8,8%, mientras que en el primer cuatrimestre de 2020 fueron el 12%. A su vez, teniendo en cuenta los mismos períodos, la estafa pasó de 1,9% a 5,5%.

En cuanto al aumento de imputaciones en denuncias por violencia doméstica, la Fiscalía señala dos razones. La primera es el incremento paulatino de las fiscalías especializadas en la persecución de esos delitos en Montevideo. La segunda es que desde el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación “se realizaron esfuerzos específicos para mejorar la priorización” de esos hechos. “En efecto, en 2019 se registraron más de 39.000 denuncias vinculadas a violencia doméstica. Una porción importante, que no involucran necesariamente delitos, son atendidas directamente por los juzgados con competencia en materia de Familia. Mientras que la Fiscalía debe ocuparse de aquellas que implican potenciales delitos”, se explica.

Por último, la gráfica de denuncias mensuales con al menos un imputado muestra que en distintos períodos el promedio ha ido aumentando sostenidamente. Por ejemplo, entre noviembre y diciembre de 2017, cuando empezó a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el promedio fue de 510, mientras que entre julio y diciembre de 2018 fue de 1.189. En tanto, en el primer cuatrimestre de 2020 el promedio de denuncias con al menos un imputado fue de 1.406. En el informe se subraya que “todos los meses, excepto marzo de 2020, han tenido mayor cantidad de denuncias con imputado que igual mes del año anterior”.

Por lo tanto, se destaca que “la capacidad del sistema para imputar a potenciales responsables de delitos ha continuado creciendo y se mantiene significativamente por encima de los niveles anteriores a la reforma procesal”, ya que “cada mes de 2019 se imputaron en promedio 32% más personas que entre enero y octubre de 2017”.

CPP, funcionario formalizado y audio viral

Luego de presentados los datos, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostuvo que “hay relatos que se instalan en las sociedades, que pueden tener un fundamento real o no, pero igual se instalan”, muchas veces, “de tanto repetirse”. Dijo que uno de esos relatos es el que sostenía que “los problemas de seguridad pública los había traído el CPP”. Subrayó que “no hay ningún estudio científico serio” que avale eso y destacó que la realidad actual indica “exactamente lo contrario”, porque con el nuevo CPP los privados de libertad “no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron”: al día que entró en vigencia el CPP, el 1º de noviembre de 2017, había 11.000 presos, mientras que hoy hay 12.284.

Dejando de lado los datos, Díaz comunicó “con muchísimo dolor y mucha bronca” que el martes se dispuso el sumario con separación del cargo y retención del sueldo de un funcionario administrativo de la Fiscalía, que está detenido y será formalizado, por un delito de abuso innominado de funciones. Según Díaz, el funcionario “extrajo información del sistema de la Fiscalía y se la entregó a personas ajenas a la institución que tenían vinculación con alguna persona que estaba siendo indagada”. Agregó que la investigación sigue y que, con todas las garantías, se va actuar “con muchísima firmeza”.

Por último, Díaz fue consultado por la prensa acerca de las acciones que llevará adelante la Fiscalía en relación con el audio viral entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino. Señaló que el audio se hizo viral el jueves de tarde y que ya en ese momento había una denuncia, presentada por Cristino en la seccional 10ª, asignada a la fiscal de Flagrancia Silvia Porteiro. Indicó que ya se inició la investigación y que el proceder de la Fiscalía será “investigar todos los aspectos que se mencionan en esa llamada”.

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