La alerta se disparó cuando estaba por cruzar desde Colonia hacia Buenos Aires: la contadora Maya Cikurel, que en ese momento viajaba junto con su pareja, Pablo da Silveira, actualmente ministro de Educación y Cultura, fue detenida en febrero por la Interpol por estar acusada de participar en el entramado delictivo de la constructora brasileña Odebrecht. Este lunes, la jueza María Elena Maynard dictará sentencia sobre el pedido de extradición que solicita la Fiscalía de Panamá.
La contadora es acusada de ser beneficiaria de transferencias de la constructora brasileña para pagar coimas millonarias a políticos y gobernantes. Por medio de la empresa Arcadex Corporation, una offshore registrada en Belice, asociada a la contadora, la constructora depositaba coimas en la cuenta bancaria de gobernantes o políticos. Uno de los que recibió sobornos mediante esta offshore fue el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014.
En la última audiencia el fiscal Ricardo Lackner fundamentó a favor de la solicitud de extradición. Entre los varios argumentos que maneja el fiscal recalcó que se cumplieron todas las “formalidades” y explicó que en el proceso extraditorio no se resuelve ni la inocencia ni la culpabilidad de la persona, dijo en rueda de prensa tras la culminación de la audiencia. También señaló que el artículo primero del tratado de extradición firmado entre Uruguay y Panamá establece que la regla es brindar cooperación, “y la excepción es negarla”.
Extradiciones activas
En 2015 se destapó el escándalo de corrupción de la FIFA. Uno de los implicados en la trama de sobornos y coimas millonarias fue el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo, que se encontraba en Suiza. Uruguay solicitó su extradición y Figueredo fue juzgado en el país como autor de delitos de lavado de activos y estafa en la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Otro caso más reciente fue el de la solicitud de extradición del represor Manuel Cordero ‒quien está detenido en Argentina por los delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor‒ por parte del fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe. Lo que resta para su extradición a Uruguay es que Brasil dé la autorización a Argentina. El tratado de extradición de los países del Mercosur establece en su cláusula 15 que el Estado que lo entregó tiene que autorizar la entrega a un tercer país, explicó el fiscal a la diaria. La solicitud es en el marco de la denuncia por abusos sexuales y torturas cometidas contra 28 mujeres durante la dictadura.
Otro caso de extradición fue el del militar retirado Dardo Barrios ‒conocido como el Zorro‒ desde Paraguay a Uruguay por las torturas contra los jóvenes del Comité de Resistencia Antifascista y del Movimiento Marxista en el Batallón de Ingenieros 4 “Laguna del Sauce” durante la dictadura. Paraguay accedió a la extradición sólo por esta causa. Perciballe explicó que está pendiente la ampliación de la extradición por las causas del asesinato del militante tupamaro Eduardo Mondelo y del militante nacionalista Francisco Chocho. “Como hay otras causas, solicité que también requirieran la extradición por ese caso. Es un trámite formal”, explicó Perciballe.
Según explicó Lackner, si bien el abogado defensor, Gonzalo Fernández, no adelantó que apelará la decisión de la jueza, “la práctica indica que en caso de que no les resulte satisfactorio utilicen todos los medios impugnables”.
La cooperación
El principio que guía los procesos extraditorios es la cooperación entre los países. El país que recibe el pedido de extradición repasa las formalidades, pero no le compete determinar si hubo o no delito. Las extradiciones se amparan en los tratados firmados entre los países y, en caso de que estos no existan, se aplican las normas de extradición previstas en el Código del Proceso Penal.
¿Qué es lo que dicen la mayoría de los tratados? El fiscal de crimen organizado Luis Pacheco explicó que Uruguay debe controlar que el Estado requirente aporte una relación de los hechos, las normas en las que se funda la persecución, las pruebas con las que cuenta, el estado de la causa, la orden de captura y la fecha de comisión del delito.
Otros de los puntos que se toman en cuenta son que no se trate de un delito político, ya que estos están excluidos de los tratados de extradición, y que exista doble incriminación, es decir, que el delito sea castigado tanto en el país de origen como en Uruguay. Las penas impuestas deben ser mayores a los dos años, dado que esto evita que la extradición se aplique para casos menores, y el delito no debe estar proscripto en ninguna de las dos legislaciones.
Si bien se pueden identificar varios casos emblemáticos de extradición, esta no siempre se concreta. Pacheco, por ejemplo, recuerda que en el marco de la investigación de la “ruta del dinero K” que llevaba adelante solicitó la extradición del contador del empresario Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, quien figuraba como representante de la sociedad anónima que poseía el campo del Entrevero, pero fue denegada por Argentina porque ya estaba siendo juzgado ahí por lavado de dinero.
Un repaso por las extradiciones más emblemáticas
- 1989. El argentino Raúl Vivas fue detenido en Punta del Este y extraditado a Estados Unidos por lavar unos 1.200 millones de dólares mediante el Cambio Italia. Fue vinculado al cártel del narco colombiano Pablo Escobar.
- 1991. También fue detenido en Punta del Este el contador del cártel de Cali, Ramón Puente Patiño. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 30 años de prisión.
- 1993. Al ser acusado de corrupción en Francia, en 1990 el ex alcalde de Niza Jacques Médecin se fue del país y se refugió en Punta del Este. En 1993, el tribunal de Niza solicitó su extradición por estar acusado de desvío de fondos y apropiación indebida. En 1994 fue trasladado a Francia, donde fue condenado.
- 1994. En 1992 fueron detenidas 30 personas, acusadas de integrar la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA). De ese total, 13 quedaron presos en la Cárcel Central. El Estado español pidió la extradición de ocho de ellos, pero finalmente sólo prosperó la de tres ciudadanos vascos: Luis Lizarralde, Jesús María Goitia y Mikel Ibáñez. La noche del 24 de agosto de 1994, mientras los vascos hacían una huelga de hambre en el hospital Filtro, miles de personas se manifestaron en contra de su extradición. La represión de la policía culminó con el asesinato de Fernando Morroni y Roberto Facal. Esa misma noche los vascos fueron llevados al Aeropuerto de Carrasco y extraditados a España.
- 2017. Dos empresarios brasileños fueron detenidos en el marco de una operación conjunta entre las policías de Brasil y Uruguay. Vinícius Claret, conocido como Juca Bala, y Cláudio Fernando Barbosa fueron detenidos por estar acusados de lavar unos 100 millones de dólares de coimas del ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral, en el marco de la causa Lava Jato.
- 2019. La extradición de Rocco Morabito, el “rey de la cocaína de Milán”, estaba en trámite, pero no prosperó. En 2017, el narcotraficante italiano fue capturado en Punta del Este, donde vivía prófugo hacía diez años. Tenía una condena de 30 años por delitos de asociación criminal y tráfico de drogas. La extradición estaba en suspenso, dado que su defensa había presentado un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. En 2019, Morabito se escapó de la Cárcel Central.
- 2020. Gerardo González Valencia, alias el Cuini, era líder de una organización de narcotráfico mexicana y fue detenido en 2016 en Uruguay. Estados Unidos pidió su extradición, que se concretó este año, luego de que la Suprema Corte de Justicia fallara en contra del recurso de casación que había presentado su defensa para evitar que fuera extraditado. El narcotraficante había amenazado con colgar al entonces ministro del Interior de un puente.
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