La bancada de diputados de la coalición anunció este jueves la incorporación de 32 modificaciones al proyecto de ley de urgente consideración (LUC), minutos antes de que comenzara la votación en la comisión especial que la analizó en la cámara baja. Según informó en una conferencia de prensa el presidente de la Comisión Especial que estudia la LUC, Alejo Umpiérrez, los cambios no alteran el “espíritu y la esencia” del proyecto, y en su mayoría se trata de “mejoras de redacción y gramaticales”, aunque también se solucionaron “ilegalidades o inconstitucionalidades” que se detectaron en los artículos.
Una de las innovaciones destacables refiere al artículo 11, sobre el “agravio a la autoridad policial”. Allí se excluyó específicamente a la prensa de los sujetos imputables por la norma, al agregar un párrafo que establece que “no serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial”. Umpiérrez afirmó que “jamás estuvo en el espíritu de la coalición coartar el derecho de expresión o la libertad de prensa”, por lo cual se definió corregir el artículo, que había sido objeto de críticas locales y también de organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa. Asimismo, se removió del artículo el fragmento que indicaba que el agravio podía producirse “por palabras, escritos o hechos”.
En cuanto a las inconstitucionalidades detectadas, Umpiérrez explicó que “las leyes de urgente consideración tienen limitaciones”, por lo que no se pueden establecer dentro de su contenido “normas que requieran mayorías especiales o que toquen aspectos tributarios, entre otras cosas”. En ese sentido, señaló que “había algunas normas referentes a funcionarios públicos que requieren mayorías especiales y por lo tanto no podían estar incorporadas”, y mencionó como ejemplo a las que refieren a estatutos de entes autónomos.
También se anunciaron modificaciones en los artículos sobre áreas protegidas: “De común acuerdo, los diputados hemos decidido mejorar la redacción correspondiente porque entendemos, y lo dice quien es candidato a intendente por el departamento de Rocha, que había una excesiva injerencia de los gobiernos departamentales con una potestad de veto a la creación de áreas protegidas”, manifestó el legislador nacionalista, aunque apuntó que, a su entender, “las intendencias deben estar contempladas, presentes en los procesos de resolución de lo que es parte de su territorio”.
Se introdujo, además, una variante en la redacción del artículo 399 del proyecto, que refiere a los cambios en el régimen de adopciones. Allí, la escritura actual señala que “el Tribunal podrá prescindir de la selección realizada por el equipo técnico del Departamento de Adopciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)”, y que “en estos casos el juez podrá a su elección requerir informes sociales y psicológicos de equipos técnicos del INAU, y/o del Poder Judicial”. En la nueva redacción se indica que el juez “deberá” requerir esos informes.
“Estamos canalizando un proyecto de ley que, como lo definió el presidente de la República, es una ley popular y justa; es una ley que atiende las emergencias nacionales. Va a tratar de dar solución a temas de seguridad, a temas de educación, de economía del Estado y de eficiencia del Estado, trabajando en todas las áreas del quehacer nacional”, consideró Umpiérrez, que calificó el acuerdo alcanzado por los diputados oficialistas de “la demostración de un desafío político”. “Cuando se mire a la historia política de este país, [se verá que] hubo un mojón político en el proceso de coalición novedoso de cinco partidos, que fue la ley de urgente consideración, [la cual] demostró que esa coalición política tenía viabilidad”, reflexionó.
El texto, no obstante, mantiene el derecho al personal policial y militar en situación de retiro sin “antecedentes penales ni de violencia intrafamiliar” al porte de armas, con la “previa evaluación de su idoneidad”.
Umpiérrez celebró el acuerdo alcanzado y aseguró que “la democracia ha vuelto al Parlamento”. “Esto es porque el Parlamento no es sólo el proceso por el cual los diputados vienen y se sientan en una banca y representan a una porción de la ciudadanía. Esa es parte sustancial, pero la otra es el debate, el intercambio de ideas, pensar y escuchar, aceptar, negociar, cambiar. Eso lo habíamos perdido durante 15 años en este país con una mayoría congelada de 50 votos, donde el Parlamento se había transformado sustancialmente en un homologador serial de proyectos decididos fuera del Parlamento”, finalizó.
Pero a diferencia de lo ocurrido en la cámara alta, la coalición no actuará de forma uniforme. El diputado del Partido Independiente Iván Posada se mantuvo en su postura de no acompañar varios artículos de la norma. En concreto, no votará 24 artículos, confirmó a la diaria.
Oposición mantiene postura
Por su parte, la bancada frenteamplista adoptará una posición similar a la que tomaron los senadores: en general se va a votar en contra del proyecto, con algunas excepciones, como por ejemplo el artículo que crea el Ministerio de Ambiente, para el cual se presentará una versión sustitutiva.
Según supo la diaria, con base en fuentes de la fuerza política, algunos artículos que el Frente Amplio (FA) votó afirmativamente en el Senado, no se van a acompañar esta vez, y viceversa. Entre los artículos que no se acompañarán se incluye el 16, que penaliza las agresiones a trabajadores de la educación, salud y transporte; y el 56, que sustituye la actual División Políticas de Género por una Dirección Nacional de Políticas de Género, retirando el ámbito de la órbita del director general de Secretaría. En cuando al Ministerio de Ambiente, a diferencia de lo que se hizo en el Senado, el FA presentará un sustitutivo en el que se incluye el ordenamiento territorial y el Instituto de Bienestar Animal en la órbita de la nueva cartera.
Pero no todos los legisladores del FA se comportarán de manera uniforme: el diputado de la lista 711 Felipe Carballo no votará ninguno de los artículos de la ley, según dijo el delegado ante la Mesa Política de este sector, Carlos Alejandro. El dirigente cree que el FA debe “rever” la postura que la oposición tuvo en el Senado, ya que “hay condiciones que cambiaron”, como “la actitud del propio gobierno”. Además, sostuvo que su sector apoyará “todos los mecanismos para dejar sin efecto la norma”, ya sea por medio de recursos de inconstitucionalidad o incluso promoviendo un referéndum para su derogación.