El ministro de Defensa Nacional, Javier García, respondió el pedido de informe enviado el 4 de mayo por el senador frenteamplista Óscar Andrade, quien solicitó que se expliquen las razones por las cuales se exceptuó del decreto de austeridad fiscal (90/020) al personal militar. El decreto original preveía dejar por fuera de esta norma al personal docente, al profesional técnico y especializado de la salud y al personal policial, pero un decreto posterior (135/020), aprobado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, agregó a esa lista al personal del Ministerio de Defensa Nacional de escalafón K (“militar”).
García argumenta que la aplicación en las Fuerzas Armadas (FFAA) de la reducción de la totalidad de las vacantes a diciembre de 2019 y la no renovación de dos tercios de las generadas en 2020, tal como establece el decreto, “representaría una disminución proyectada de 2.485 efectivos en un año”, lo que acarrearía “graves consecuencias en el cumplimiento de las misiones fundamentales y subsidiarias que realizan las FFAA, a lo que se le agrega el estado de emergencia nacional sanitaria [...] donde las FFAA tienen un rol relevante en su combate”. “También las tendría con respecto a las nuevas misiones asignadas por la Ley 19.677, referente a las tareas de vigilancia y seguridad en el área de frontera, que corresponde a la quinta parte del territorio nacional”, afirma el ministro.
La respuesta del titular de Defensa incluye una extensa lista de consecuencias de la aplicación de la reducción de vacantes en las FFAA, entre las que se incluye la pérdida de 15% de los efectivos del Ejército Nacional y la “eliminación del equivalente a entre cuatro y cinco batallones o, globalmente, entre ocho y diez de estos que quedarían inefectivos en un año por la pérdida de un tercio de sus integrantes”. También, “el incumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el país en materia de contribución a la paz, más aún, en el contexto actual en que la Organización de las Naciones Unidas solicita a Uruguay ampliar su presencia de efectivos”. El documento destaca que el país cuenta actualmente con unos 1.200 efectivos desplegados en contingentes en la República Democrática del Congo, en los Altos del Golán y en la península del Sinaí.
Asimismo, señala que la aplicación textual del decreto implicaría la pérdida de 16% de los efectivos de la Fuerza Aérea y la consiguiente “eliminación de una unidad operativa de la Fuerza Aérea Nacional (Policía Aérea Nacional o Brigada Aérea)”, así como dificultades para “el reemplazo y la formación de recursos humanos de alta capacidad técnica difíciles de adquirir o sustituir”, lo que afectaría “seriamente las capacidades de la Fuerza Aérea en mantenimiento mayor, perdiendo el país capacidad aeronáutica”. También se advierte sobre la posible pérdida de 11% de efectivos de la Armada Nacional, en desmedro de “las capacidades del Estado en ejercer la gobernanza en su territorio marítimo”.
“Además, entre otras actividades subsidiarias pero esenciales para la sociedad, la custodia de los perímetros carcelarios que desempeñan las FFAA, con su repercusión en materia de seguridad pública, se verían seriamente afectadas, dado que existirían dificultades para conformación de las respectivas guardias perimetrales y la rotación de sus integrantes”, continúa el jerarca. Por otra parte, considera que una reducción como la que se desprendería del decreto afectaría la capacidad de respuesta de las FFAA frente a situaciones de emergencia departamental por tragedias climáticas. “El Sinae [Sistema Nacional de Emergencias] tiene en las FFAA una fuerza operativa absolutamente irreemplazable”, consideró García.
Finalmente, el ministro arguye que aplicar el decreto sin exceptuar al escalafón militar sería, “además de un profundo error, una irresponsabilidad”. “Este Ministerio de Defensa Nacional entiende que la excepción dispuesta por el Decreto 135/2020 reconoce la importancia estratégica del componente humano de nuestras FFAA, y que la aplicación de la disminución de vacantes podría ocasionar dificultades en el normal funcionamiento de las mismas, en detrimento de la defensa y soberanía nacional, de la seguridad pública, de la atención a las emergencias y en Misiones de Paz”, finaliza.
En diálogo con la diaria, Andrade manifestó su disconformidad con la respuesta y consideró que “dice generalidades que todos sabemos: que cuidan las fronteras y que van a misiones de paz, pero no entra en detalles partiendo de la base de una discusión profunda de recursos humanos”. En ese sentido, el legislador señaló que Uruguay “tiene una cantidad de efectivos por encima del promedio de toda América Latina y un gasto en Defensa por encima de la región, sin ninguna hipótesis de conflicto bélico”. A modo de ejemplo, mencionó que “tiene 200 coroneles, cuando un coronel es para un batallón de 600 efectivos”.
A su entender, en la respuesta de García no se argumentan los motivos por los cuales “a la hora de hacer un esfuerzo del Estado no hay que hacerlo en el escalafón K”, y estimó que “a priori es muy rara la decisión”. Asimismo, sostuvo que la decisión de limitar la renovación de vacantes en otras áreas del Estado va en contra de la prédica del gobierno: “Tenemos un discurso que dice 'la informalidad laboral es un problema' y debilitamos la fiscalización; que 'los problemas ambientales son un problema' y debilitamos la institucionalidad”, expresó. “Parece que lo que sí hay para las FFAA no lo hay para otras áreas del Estado, como la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente]. Es una institución que pareciera ser intocable”, aseveró.
Andrade señaló que el asunto se va a continuar discutiendo en la bancada de senadores del Frente Amplio, porque la oposición no comparte “el corte a lo bruto en el Estado sin el análisis previo de sus funciones”. “Me parece que es poner la carreta delante de los bueyes”, concluyó.