“Grupos pequeños y temporales de actores colectivos pueden provocar efectos explosivos”. (Sydney G Tarrow)
Fenómenos que tienen muy baja probabilidad de llegar a ser, a veces, se convierten en realidad. No era previsible que en el siglo VII un número insignificante de pastores nómadas del desierto, sin vínculos entre sí ni organización política, unificaran primero la península arábiga y se expandieran en el siglo VIII por África, Irán, Asia Central, India, la península ibérica y Francia, constituyendo un imperio en menos de un siglo.
Otro ejemplo: en plena Guerra Fría, a principios de los años 60, el Pentágono inventó una red secreta destinada a mantener las comunicaciones para prever ataques enemigos. Lo que fuera concebido como una intranet institucional secreta, restringida a personal selecto y a un número ínfimo de especialistas en inteligencia, se convirtió 30 años después en una red pública de alcance mundial que vincula virtualmente a todas las personas, más allá de que hoy sean sólo cinco empresas las que dominan el tráfico de internet (Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft). Otro fenómeno imprevisible. Tanto como que hoy, en medio de la lucha global contra la pandemia de covid-19, la plataforma Zoom haya largamente superado el precio de las siete principales líneas de navegación aérea del mundo. Haciendo un flashback, tampoco fue prevista la desaparición en cámara rápida del campo socialista y la URSS entre 1989 y 1991.
De igual forma, no es frecuente que un movimiento social nuevo, sin un acumulado de poder, sin estructura política de oportunidades, sin recursos económicos ni prensa a favor, se imponga frente a propuestas impulsadas por una alianza entre un capital monopólico y el Estado. Sin embargo, esto último ocurrió hace dos años, en 2018, en Uruguay, tras la irrupción en escena de un pequeño grupo organizado y una movilización de sólo dos meses de duración, contra el proyecto de enajenar un tramo de la rambla y transformar así un bien público en negocio empresarial. La acción del colectivo Asamblea Permanente Por la Rambla Sur (conocido como PRS) tuvo un éxito tan inmediato como imprevisible: mandó a archivar un proyecto que incluía la venta de un patrimonio estatal y la construcción por la empresa Los Cipreses SA (Buquebus) de una nueva terminal portuaria, un hotel cinco estrellas, un shopping y estacionamientos subterráneos, en dos predios que solían pertenecer a la Compañía del Gas, o sea al Estado.
La apuesta del proyecto era triple: la conversión de un bien público en bien privado, el reemplazo del debate ciudadano por una negociación de “pocos jugadores”, la sustitución de un proceso que requiere pensar la ciudad sin prisa por un proyecto de negocios a marchas forzadas.
Las apuestas fueron obturadas, como se refirió, por obra de un movimiento que condensó visión de lo público y consciencia sobre la relevancia de la rambla sur, declarada primero Monumento Histórico Nacional y consagrada después por la UNESCO como patrimonio mundial. Un movimiento que unió por una sola hebra organización comunitaria, conocimiento académico, conocimiento experimentado y conocimiento histórico. Un movimiento que unió capacidad de cabildeo, amplio repertorio de acción colectiva y respaldo de un segmento de opinión pública sensibilizada.
Lo que resulta una curiosidad histórica o una anomalía es que el citado colectivo, integrado por pocas personas, sin trayectoria, sin mayor visibilidad pública, sin publicidad, sin propaganda, sin recursos económicos, y sin haber logrado instalar el tema en la agenda mediática más allá de algunas notas de prensa y programas periodísticos fuera de horarios centrales, haya logrado frustrar una propuesta que contaba con media sanción parlamentaria y el aval de los dos principales partidos políticos en sólo dos meses: PRS se constituyó el 4 de agosto y el proyecto se archivó el 3 de octubre de 2018.
Resulta también extraño que PRS lograra obturar un proyecto en marcha contra una alianza que unía un influyente capital monopólico de trayectoria en ambas orillas del Plata y dos poderes del Estado. Y todo esto sin que mediaran “prestamistas” externos de poder y legitimidad provenientes de los grandes movimientos sociales históricos. Se trata de un enigma. Constituye lo que Nassim Nicholas Taleb denomina “cisne negro”: una rareza que deriva en “el impacto de lo altamente improbable”.
A favor de bienes públicos: la tragedia del ciclo privado
El arco de movimientos sociales es amplio. Se extiende desde los movimientos de protesta en procura de mejoras distributivas (trabajadores, cooperativistas) hasta actores sociales con una agenda posmaterialista, orientados a temas de reconocimiento cultural pero que incluyen derechos civiles: movimientos feministas, colectivos LGTBQI, movimientos afrodescendientes, movimientos de pobladores originarios, etcétera. Además de los movimientos por logro de “distribución” y “reconocimiento”, también hay otros, más esporádicos, menos ostensibles, dirigidos a la defensa de bienes públicos. Se trata de movimientos cuyos miembros no están vinculados por reivindicaciones inmediatas, ni materiales, ni culturales, sino más bien por un “imperativo categórico”, es decir, por preceptos de orden ético.
Un ejemplo fue el movimiento que nucleó una amplia coalición social contra la “ley de empresas públicas” de 1992 y la enajenación parcial de la empresa telefónica estatal. Y que resultó exitoso: 72% de los votantes logró derogar la ley. En 2004, más de 60% de los uruguayos respaldó la reforma constitucional en defensa del agua, atribuyendo al “derecho al agua” un rango constitucional y sentando las bases para que su gestión se realice de forma “pública”, “participativa” y “sustentable”. Un tercer caso es la organización PRS, que logró revertir una iniciativa que, además de contar con el aval del Poder Ejecutivo, tenía ya la sanción del Senado, tras el cabildeo de la empresa monopólica referida.
Movimientos como PRS pretenden preservar la condición pública de los bienes y servicios. ¿Qué son bienes públicos? Son bienes disponibles para todos, independientemente del poder adquisitivo o de cualquier otra consideración. Bienes “no rivales”, al decir de economistas, porque su uso por una persona no impide ni perjudica el uso simultáneo por otras: la educación, la salud, los cuidados son, en Uruguay, bienes públicos. El consumo de los bienes privados por parte de una persona, por el contrario, impide o reduce la disponibilidad de consumo por parte de otras; hace a la condición de “rival” del bien.
Lo que se pretendió en 1992 fue transformar un bien público en bien privado. De ahí que no existan, como algunos creen, bienes públicos o privados por “naturaleza”, más allá del agua o el aire. Lo que define la índole del bien es, sobre todo, el conjunto de arreglos institucionales que cada país haga en cada momento histórico. En Suecia, los cuidados de ancianos, inválidos y primera infancia están a cargo del Estado desde hace 50 años: el cuidado personal ha sido puesto fuera del ámbito del mercado y de la responsabilidad familiar, convirtiéndose en bien público. Se ha desmercantilizado y desfamilizado.
En cambio, en el sistema informal de cuidados de Estados Unidos, el costo económico y humano recae en el dinero, tiempo y esfuerzo de familiares, casi siempre mujeres, que deben abandonar sus empleos remunerados, resignar a veces su carrera, postergar o ajustar su fecundidad y restringir su vida privada para dedicarse a un trabajo sin contraprestaciones salariales ni reconocimiento simbólico. En Estados Unidos, el cuidado es, a diferencia de lo que ocurre en Suecia, un bien privado: la prestación de ese servicio debe comprarse en el mercado o recaer en la familia, en caso de no contar con dinero.
La rambla sur, cuyo trazado definitivo se aprobó en 1925, no sólo pretendía “sanear, regular y embellecer” el sur de la ciudad desde la escollera Sarandí hasta la calle Jackson, sino dotarlo de un espacio público abierto a la ciudadanía. Según lo que entendió y entiende PRS, el proyecto de enajenar los predios aledaños al Dique Mauá contradice el espíritu de la ley y de su legado cívico. Incluso más, violenta la índole pública de la rambla, resultado de un contrato social, de un pacto entre ciudadanos, confirmado durante casi 100 años. La vocación originaria de preservar ese espacio como bien común derivó en una herencia social donde los diferentes se encuentran bajo parámetros de igualdad, e intentan recrear, con mayor o menor éxito, una sociedad de semejantes.
Montevideo, por diferentes razones que a este trabajo excede enunciar, ingresó hace décadas en un “ciclo de lo privado”: un acelerado proceso de privatización que hizo retroceder espacios públicos, convirtiéndolos en ámbitos mercantilizados, y en el límite, en lugares cercados. Se trata de una tragedia cuyo “héroe trágico” es la propia ciudad, como ha escrito el sociólogo Fernando Filgueira. La ciudad como lugar de encuentro, cooperación y conflicto entre intereses y expectativas de individuos y familias, inversores, empresas constructoras, agentes inmobiliarios, bancos, bancos hipotecarios del Estado, autoridades en varios niveles de gobierno, especuladores, planificadores, urbanistas, diseñadores de política pública y gestores privados.
La ciudad, en medio de esta complejidad, se ha decantado de manera creciente en los últimos 50 años a favor de estrategias privadas antes que públicas en los diversos planos de la vida urbana: vivienda, transporte, esparcimiento, comercio, servicios, etcétera. El crecimiento de la oferta de los grandes centros comerciales cerrados, el aumento del parque automotor, el mayor gasto de bolsillo en educación y salud, la presencia de seguridad privada en barrios residenciales, comercios y shoppings, y la masiva mercantilización del ocio, son sólo algunas de las manifestaciones de este ciclo de mercado.
De manera semejante al héroe trágico de la literatura griega que se ve ante la situación de optar entre lo público y lo privado (Agamenón debe elegir entre el sacrificio de su pueblo y el de su hija), la ciudad uruguaya contemporánea ha tenido que lidiar frente a esta disyuntiva, deslizándose hacia soluciones privatistas de mercado. Y la mayoría de las veces debido a una combinatoria de políticas públicas por defecto, que dejan “hacer ciudad” al mercado, por un lado, y por otro, a políticas proactivas que incentivan la concreción de negocios donde antes existían instalaciones públicas. En esa tendencia privatista de mediano plazo hay que situar el proyecto de la empresa Los Cipreses, que en 2018 resultó finalmente descartado por efecto de ese “animal” movilizado cuyo acrónimo es PRS.
PRS como movimiento ciudadano
En primer lugar, PRS plantea lo que en la literatura jurídica se llaman “derechos de tercera generación”, entre los que se cuentan el derecho a una ciudad habitable. Las externalidades del proyecto archivado, en términos de polución del agua y el aire, así como de gentrificación y de mayor segregación sociourbana, hubieran entrado en tensión con el concepto de derecho a una ciudad habitable.
En segundo lugar, dentro de la literatura sociológica estos colectivos adquieren el nombre de “movimientos ciudadanos” porque lo que une a sus integrantes es el objetivo de preservar la condición de bien público, para ese tramo de la rambla, para la rambla en su totalidad, para la ciudad y para el país: “La Asamblea Permanente Por la Rambla Sur es un colectivo orientado hacia la protección del espacio público” (documento PRS, 2020). Y en filosofía política, el método que impulsa el movimiento es la “democracia deliberativa”, en tanto entiende que las decisiones que afectan a todos deben ser sometidas a un debate público más amplio, no restringido a los poderes del Estado: “Nos une [...] la certeza del valor que tiene habilitar un proceso de discusión en torno al destino de uso de ese lugar de la costa montevideana” (documento PRS, 2018).
Decir que este movimiento es “ciudadano” equivale a decir que carece del perfil del asociacionismo barrial, generalmente limitado a defender el lugar físico donde viven sus miembros. También equivale a decir que mira más allá, a la ciudad y a la comunidad cívica, a un “nosotros”. Además, el colectivo PRS parece abogar por lo que Robert Castel denominó “sociedad de semejantes”, donde las personas puedan compartir un patrimonio material e intangible que no sólo los ponga al resguardo del riesgo, sino que además los preserve de las fuerzas centrífugas, los haga próximos social y culturalmente: copartícipes de una experiencia humana en común.
Si bien se nutrió de la iniciativa de vecinos procedentes de diferentes barrios, de dos grupos de la sociedad civil —Vecinos Unidos del Barrio Sur y Revolviendo La Polenta— y de exponentes de la academia, PRS se ubica por su discurso y repertorio de acción en un umbral más abstracto de defensa de los derechos ciudadanos, independientemente de su locación. O sea, si bien emergió para contestar ad hoc al emplazamiento costero de una serie de equipamientos por parte de un operador privado, su batería de argumentos se extiende más allá de un “aquí” y “ahora”, contemplando un espacio extendido (ciudad, país), y un tiempo presente, con memoria (el plan de 1925) y con proyecto (planes que involucren a todos).
Vuelta al impacto de lo altamente improbable
En adelante, se presenta una cronología breve en torno al frustrado proyecto de la terminal portuaria, a efectos de calibrar la magnitud de las fuerzas en juego y del resultado imprevisible.
El Poder Ejecutivo envió en 2016 al Parlamento un proyecto de ley, aprobado en diciembre de 2017 por el Senado. En vísperas de la discusión en la Cámara de Representantes, fijada para setiembre de 2018, se organizaron encuentros de ciudadanos bajo el objetivo inmediato de frenar la enajenación de predios públicos. “Nos dimos un nombre: Por la Rambla Sur, y convencidos de que la rambla no se vende, nos pusimos a trabajar, declarándonos en Asamblea Permanente, organizándonos en comisiones y realizando actividades cada sábado en la Plaza República Argentina, junto al Dique Mauá” (Documento PSR, 2018).
En adelante, tras dirigir una carta a autoridades nacionales y departamentales, así como a organizaciones como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y la Universidad de la República (Udelar), el colectivo PRS inició una serie de entrevistas con la Comisión de Transporte de la cámara baja, diputados de todos los partidos, el Frente Amplio, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, el consejo directivo de la INDDHH, el rector de la Udelar, el consejo federal de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y varios sindicatos: construcción, funcionarios públicos y el gremio que nuclea a trabajadores civiles de los diques estatales. Después de 60 días de recorrer medios de comunicación y de recibir apoyos por algunas de estas personas y organizaciones (aunque no de las de mayor peso), el proyecto de la terminal fluvioportuaria fue archivado.
Ante este choque de perspectivas y proyectos, el sociólogo, así como cualquier ciudadano, tiene tendencia a poner su foco en la correlación de fuerzas entre ambos bloques. Muchas veces confirma que origen es destino: que el bloque robusto triunfa frente al menos fuerte. Porque los Goliat generalmente se imponen a los David. Pero a veces se encuentra con sorpresas. Hay una palabra en inglés que no tiene traducción a una única palabra en castellano: serendipity. Ocurre cuando algo destinado al fracaso, por la ley de las probabilidades o por la asimetría de los poderes enfrentados, obtiene un logro inesperado para propios y extraños.
En estos casos, las teorías y explicaciones deberían ceder paso a preguntas que quizá no tengan respuesta con la caja de herramientas disponible. Nos recordaba el cibernético, lingüista y antropólogo Gregory Bateson que a pesar del avance en teorías y herramientas, “los misterios sobre la realidad permanecen”.
Fernando Errandonea es sociólogo y profesor de Historia.