El fiscal de Corte, Jorge Díaz, le transmitió este viernes al ministro del Interior su preocupación por la seguridad del personal de la Fiscalía General de la Nación y de los edificios que este organismo posee.
La reunión se produjo luego de un reclamo que le hiciera a Díaz la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que decidió tomar cartas en el asunto tras hechos como las amenazas de muerte a la fiscal de estupefacientes de Primer Turno, Mónica Ferrero.
Tras el encuentro, Díaz anunció que tanto la Fiscalía como el Ministerio llevarán adelante “acciones concretas coordinadas” entre ambas instituciones, que trabajan de forma colaborativa en la investigación y persecución del delito. “Tenemos que mejorar la seguridad existente y corregir debilidades”, dijo el fiscal de Corte, que habló de “niveles dispares” de seguridad en las distintas oficinas de la Fiscalía en el país, y recordó que existen “situaciones complejas” en algunas partes del territorio uruguayo.
Según dijo el jerarca, en vías de “racionalizar” los recursos de la Fiscalía en términos de seguridad, se buscará que toda la “actividad misional” del organismo en Montevideo ocurra en un único edificio. No obstante, sostuvo que la preocupación sobre la seguridad de quienes trabajan en Fiscalía es a “nivel nacional”, y que no puede ser que existan fiscales con más seguridad que otros en el desarrollo de sus funciones. Díaz luego consideró que la sociedad uruguaya “ha cambiado” y manifiesta “un mayor grado de violencia”, algo que también se visualiza en la actividad criminal.
Por su parte, Larrañaga aseguró que “muchos de los movimientos que se ven a nivel de amenazas” se producen porque “estamos causando problemas a esas bandas que se dan en los territorios”. El ministro prometió “no aflojar bajo ningún punto de vista”, y dijo que “no hay ninguna posibilidad” de que esas amenazas de “patoteros criminales” puedan tener “el mínimo éxito en contra del proceder de la Justicia”.