Hasta el momento son 20 las personas imputadas en el marco de la Operación Océano, que investiga la explotación sexual de menores de edad. En la mayoría de los casos, la fiscal Darviña Viera los responsabilizó por “retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico”, un delito establecido en el artículo 4 de la Ley de Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces.
En las últimas horas, según fuentes cercanas a la investigación, Viera resolvió ampliar la imputación contra uno de los presuntos victimarios, a partir de nuevas evidencias que encontró en uno de los teléfonos incautados en la investigación.
En concreto, apelará al artículo 277-BIS del Código Penal, que prevé penas de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para quienes “mediante la utilización de tecnologías, de internet, sistemas informáticos o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos” establezca contacto o ejerza influencia sobre menores de edad para “cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad”.
Viera le imputará este delito al empresario Nicolás Chirico, que estaba en la primera tanda de personas investigadas. En ese grupo de imputados estaban también el diputado suplente del Partido Colorado Nicolás Ortiz, que fue suspendido del sector Ciudadanos y cuyo caso fue enviado al Comité de Ética y Conducta Política del partido, y el ex juez de menores Washington Balliva.
Según una nota que publicó Crónicas del Este el 13 de mayo, Chirico comenzó su carrera como guardia de seguridad en fiestas, es uno de los dueños de La Terraza y ha organizado fiestas electrónicas en Montevideo y Punta del Este.