Ya son 21 las personas formalizadas en el marco de la Operación Océano, que investiga la explotación sexual de menores de edad. La veintena se superó el sábado, cuando se formalizó a un ciudadano argentino que fue detenido al entrar a Uruguay. Este domingo el periodista Antonio Ladra confirmó en su cuenta de Twitter que se trata de Ricardo Cirio, quien era director del colegio privado St. Claire, de Punta del Este, fundado en 2004. A su vez, el portal de Maldonado FM Gente confirmó que el formalizado tiene 63 años y residía en la zona del Este “desde hace varios años”.
Al igual que el resto de los implicados fue acusado de “retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico”, un delito establecido en el artículo 4 de la ley 17.815, de Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces.
Ese artículo establece que “el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”.
Cirio se suma a otros tantos formalizados en el marco de la Operación Océano, como Ariel Pfeffer, director de Endeavor e integrante del Piso 40 o el empresario Nicolás Chirico, que estaba en la primera tanda de personas investigadas. En ese grupo de imputados estaban también el diputado suplente del Partido Colorado Nicolás Ortiz, que fue suspendido del sector Ciudadanos y cuyo caso fue enviado al Comité de Ética y Conducta Política del partido, y el ex juez de menores Washington Balliva.
“Omisión” de la ANEP
Ante el caso de Cirio, Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Privada, dijo a la diaria que es importante señalar que “hay una omisión” de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “en la protección de los derechos de los estudiantes de la enseñanza privada”, ya que “no se les garantiza un protocolo con medidas de protección y de auxilio ante el acoso sexual”. Indicó que si Cirio era responsable de un colegio privado y fue formalizado por explotación sexual de menores, quiere decir que “el zorro está adentro del gallinero”.
“La ANEP puede cerrar un colegio privado, sin embargo, no tiene ningún instrumento para que los estudiantes de cualquier parte del país que sufren acoso sexual sepan a dónde recurrir y qué garantías tienen. En un colegio se puede actuar bien y en otros de forma más esquiva o dilatoria, porque genera una contrapropaganda, nadie quiere difundir eso. Entonces, hoy cualquier estudiante de la enseñanza privada si sufre acoso sexual no tiene ningún procedimiento, ninguna garantía”, finalizó.