Cuando Leonardo Fossatti estudiaba antropología, empezó a realizar trabajos de extensión universitaria en la asociación Idas y Vueltas. En 2015 empezó a trabajar en el tema vivienda y después se incorporó al trabajo con población inmigrante. A principios de 2016 llegó a la organización el caso de una pensión en la calle Cerrito que iba a ser desalojada. Fossatti rastreó los antecedentes y no encontró mucho material sobre la problemática de las pensiones y menos aún sobre la población inmigrante que las habita. Mientras aprendía temas sobre normativas y leyes, empezó a hacer una tarea de “enciclopedia”, relevando todos los datos existentes, un trabajo que le llevó casi todo un año. En 2017 conoció el caso de una segunda pensión, ubicada en la calle Bartolomé Mitre, donde también acusaban a los inquilinos de estar ocupando de manera ilegal el inmueble y había una administradora que “desapareció”. Fossatti contó a la diaria que apareció otra persona que amenazó a los inquilinos con cortar los servicios, el lugar tenía “condiciones infrahumanas para vivir” e Idas y Vueltas empezó a hacer el seguimiento. “Ese año hubo diez denuncias más”, dijo. Durante 2017 y 2018 siguieron 11 casos y la organización Idas y Vueltas firmó un convenio con la Universidad de la República para sistematizar los datos del trabajo. Ahora, en medio de la emergencia sanitaria, no hay desalojos, pero sí procesos en marcha que requieren seguimiento.
¿Qué es lo primero que les parece que hay que cambiar en el caso de las pensiones irregulares?
El mecanismo de la denuncia. Que no haya una ventanilla única hace que todo quede fragmentado en el Estado y tengas que ir a muchos lugares a hacer denuncias distintas sobre un mismo tema: a la intendencia, al Ministerio de Vivienda. Hoy la denuncia se toma según la competencia de cada parte. Toda la parte del abuso económico, por ejemplo, no está regulado, ni para los alquileres de casas ni para las pensiones. El problema es que el funcionamiento por fuera de lo formal hace que el abuso sea mayor: no tienen recibos ni facturas. Planteamos que en el marco de la inclusión financiera tenía que haber un impulso para que las pensiones formalizaran su situación, porque pasamos tratando de demostrar que las personas que estaban en las pensiones eran arrendatarios y no ocupantes, por lo que no tienen cómo demostrar el vínculo económico con la otra persona.
¿Hubo algún cambio desde 2015 hasta ahora por la cantidad de inmigrantes que llegaron a la ciudad?
Lo que es real es que creció la cantidad de pensiones que se formalizaron en los últimos tres años y, sin duda, creció mucho la cantidad de las que son irregulares, clandestinas o casi ilegales. Hasta marzo de este año, cuando se declaró la emergencia sanitaria, los tres seguimientos que hicimos fueron en pensiones que funcionaban en inmuebles ocupados.
¿Cómo es ocupado un inmueble para funcionar como pensión?
No es una pensión porque no está registrada en ningún lado, pero funciona como tal: una persona ocupa un inmueble y subarrienda los cuartos. Ahora hay otras modalidades más visibles, como la venta de habitaciones y la estafa. También venden una habitación por, por ejemplo, tres meses, la persona se va y el lugar queda a la deriva, viene otra persona y vuelve a exigir el pago asegurando que es el verdadero administrador y el inquilino tiene que volver a pagar. También hubo venta de cuartos con papeles truchos. Eso habla del abuso ante el desconocimiento de la normativa y del Estado. Uno miraba los papeles y se notaba que no valían nada. Además, no figuraba el titular de la venta. Era alguien que no ponía ni la firma: firmaba un tercero.
¿Por qué las personas acceden sin reparos a pagar por esos lugares?
El contexto de vivienda en Uruguay es muy complejo. Muchas veces la gente tiene tanta necesidad, porque hace muy poco que llegó o corre riesgo de desalojo, entonces accede. Hay un desconocimiento de qué implica la venta, porque el contexto es muy confuso, muy abusivo. En lo que trabajamos es en fomentar el proceso de organización dentro de las pensiones. Lo primero que aclaramos es que están ocupando: hoy, mañana, dentro de un mes o dentro de dos horas se van a tener que ir. Lo que nosotros podemos hacer es acompañar el proceso para que no queden en situación de calle y ganar más tiempo. Ellos tienen que conseguir la información, relevar cuánta gente vive, si hay menores de edad o no, recolectar todos los datos, los cedulones que llegaron, los datos de los administradores. Después en Idas y Vueltas armamos el expediente. Lo que pasa a veces es que la gente no se moviliza mucho y queda a la espera de lo que pase. Ahí trabajamos más fuerte en la organización, porque si no empiezan a gestionar y activar, no seguimos monitoreando el caso. No es pedir una contrapartida, es para que no pase que van a desalojar a 80 personas y sólo cinco se ponen la patria al hombro.
En barrios como la Ciudad Vieja, ¿la Policía no debería saber cuándo se ocupa un inmueble?
Hubo una pensión de la calle Rincón en la que la Policía tenía las imágenes de las cámaras de cuando habían roto la puerta para entrar, pero no tenía quién fue el que alquiló el inmueble, porque las nueve personas que estaban en ese lugar declaraban lo mismo. Sólo pudieron acceder al momento en el que rompían la puerta y entraban. Otras veces se denunció el accionar policial dentro de las pensiones, porque entran de manera violenta e inclinando la balanza para el lado de la administración. Yo entiendo que meterse en una pensión es barro y que a veces la Policía tiene que actuar, pero nos ha pasado de encontrarnos con que nunca hay una a favor para la población que está siendo más dañada.
¿Por qué la pensión es barro?
A veces, las pensiones tienen una característica muy violenta, no en el sentido físico exclusivamente, sino una violencia simbólica. Si hay un problema en una pensión, no se resuelve conversando: se llama a la Policía y el oficial tiene que meterse a laudar un conflicto que muchas veces está subido de tono. Igual, eso no es propiedad exclusiva de las pensiones: pasa en todos lados. Además, los inquilinos no pueden demostrar que están pagando; entonces, para la Policía, son personas que están ocupando el inmueble, punto. Hay también una criminalización de la inmigración, porque cada vez que hay un problema en las pensiones se manda a la Policía o termina en un proceso judicial.
¿Qué pasa con los administradores que alquilan estos lugares y después desaparecen?
Hay que crear un mecanismo para evitar que aparezca la gente que explota este tipo de negocio. Lo que sucede es que ahora todos los mecanismos que accionan, incluso nosotros, lo hacen para atender la emergencia, pero después eso se disipa. Es fundamental que haya un equipo trabajando en el territorio, porque esto no pasa una vez por año: está pasando todo el tiempo. La respuesta es siempre artesanal. Necesitamos que se accione antes, porque, además, termina siendo más cara la respuesta. Por otro lado, no sólo hay que trabajar con la parte vulnerada, sino que también hay que ver qué está pasando con las personas que ocupan el inmueble y lo subarriendan. Algo está pasando entre la ordenanza municipal y la ley de pensiones que deja por fuera un conjunto de cosas que hace que prolifere este tipo de “negocio”. Estas personas tienen por lo menos un mínimo conocimiento de la ciudad, saben qué inmueble pueden ocupar. En las denuncias hay cosas que se repiten: desaparecen los administradores y los titulares dicen estar en desconocimiento de lo que pasa.
¿Hay elementos para sospechar que es una persona o un grupo que repite la misma modalidad de estafa?
Sí, yo lo sospecho. Pero no creo que haya un genio maligno o dos.
En el proyecto de la ley de urgente consideración (LUC) hay un artículo que regula el alquiler sin garantías. ¿Qué opinas de eso?
Idas y Vueltas tiene una posición general sobre la LUC: entendemos que varios puntos son perjudiciales para la población con la que trabajamos. En cuanto a las garantías, si hoy en día la protección para arrendatarios en el caso de las pensiones no es muy garante, la LUC va a generar un contexto más flexible para los desalojos. Igual, hubo un cambio en los procesos de desalojo: hasta hace un año y medio o dos eran civiles, lo cual es más laxo, porque existen más instancias para demostrar la calidad de arrendatario. Lo que ha pasado en el último tiempo es que se hacen juicios penales por el delito de usurpación.
¿Por qué cambió eso?
En algún momento alguien se avivó de que es una forma más rápida de hacer un desalojo. Este año, hasta marzo, hubo tres y los procesos no tenían más de un mes y medio. Además, existe la intimación a declarar bajo la amenaza de apercibimiento. Esa es una instancia violenta: amedrenta a la gente porque implica un proceso judicial que puede tener repercusiones en la obtención de la residencia o la visa. Entonces las personas se van y dejan el lugar.
¿Qué solución ofrece hoy el Estado a estas personas?
Garantía de alquiler o refugios. El problema es que a las garantías la gente no accede y los refugios son soluciones en casos muy extremos.
¿Qué tiene que tener en cuenta una persona que llega a Uruguay para no caer en pensiones irregulares?
Una pensión tiene que tener garantizadas las condiciones de vivienda. Uno no se puede meter en un cuarto de tres por tres junto con cinco personas más. También hay que asegurarse de que te den un recibo, de que no te van a tirar un colchón en el piso en un lugar lleno de cucarachas y ratas, con un baño que no funciona. La pensión tiene que tener una identificación, un cartel visible desde la calle.
La gente accede a eso porque es lo que puede, es un inmigrante en un país que no conoce. Muchas veces las pensiones formalizadas están llenas y tienen una población estable; también pueden ser muy caras. Pero no todas las pensiones son horribles: muchas trabajan muy bien. Lo que pasa es que, en un contexto de inmigración, la vivienda y el trabajo son las dos dimensiones de más emergencia. Estaría bueno poner a disposición una lista de las pensiones habilitadas y algún teléfono para llamar.
Las pensiones son lugares para vivir tan válidos como otros. Puede que algunas personas piensen que la forma de vivir es con su perro y su árbol, pero hay gente que vive toda la vida en una pensión. No es un mal necesario. Si pensamos de esa manera, seguimos contribuyendo a la imagen negativa. Si uno le cambia el nombre y lo dice en inglés, es la idea más maravillosa que prolifera en el mundo: coliving. Las pensiones son soluciones súper válidas. Tenemos que trabajar en formalizarlas y que las personas que las elijan no estén condenadas a vivir situaciones de violencia o en condiciones infrahumanas. Hay lugares que cobran 12.000 pesos por un cuarto, lo que indica que también es una manera de vivir. Son lugares en los que se puede tejer redes.
Pero parecería que vivir en una pensión es el último recurso.
Lo que también sucede es que en las pensiones hay una dimensión de género muy violenta y muchas no aceptan niños. En general, las mujeres tienen una mayor dificultad de acceso; en eso hay que trabajar. Si una pensión acepta gurises o mujeres embarazadas, no dicen nada aunque se les esté cayendo el techo encima, porque si dejan esa pensión no encuentran otra.
Contacto | La asociación Idas y Vueltas queda en Juan Carlos Gómez 1540 y el teléfono de contacto es 099 376 605.