El titular del Ministerio del Interior (MI), Jorge Larrañaga, anunció el martes que su cartera coordinará acciones con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para abordar la situación de las personas en situación de calle. Este miércoles, el ministro profundizó sobre lo que pretende hacer y dijo que no se trata de “criminalizar a nadie”, sino de “ayudar a personas de extrema debilidad social”.
El ministro sostuvo que la Policía ya ha comenzado a participar “en algunos casos y acciones”, y aseguró que “no va a ser un shock” sino “algo paulatino, porque no se trata de sacar personas de algunos lugares, sino también de tener dónde darles cobijo y respuesta”. Asimismo, explicó que una vez que los funcionarios policiales retiren a la persona de la vía pública la derivarán a un refugio del Mides.
Autoridades del Mides sostuvieron en diálogo con la diaria que se están coordinando acciones con el MI al respecto, a la vez que se trabaja para fortalecer dispositivos de atención para personas en esta situación de vulnerabilidad. Sin embargo, prefirieron no comentar las declaraciones de Larrañaga.
Pero lo que puedan hacer y comentar las autoridades de dicha cartera parece ser importante nada menos que para los integrantes de la coalición. Por ejemplo, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo a la diaria que necesita “más elementos” para tener una opinión sobre el planteo de Larrañaga, porque hasta ahora se conoce la postura del MI, pero no la del Mides. “El Ministerio del Interior cumple con la ley que está vigente, conduce a esa gente en situación de calle y la deja en el Mides, y no sé como sigue después”, sostuvo. A su juicio, es “correcta” la intervención de la Policía “si hay toda una política que empieza con el Ministerio del Interior y termina con el Mides”.
Gandini dijo que “probablemente no sea un derecho dormir en la vía pública, que les pertenece a todos, y menos en la puerta de una casa, que pertenece a otros”, pero “tampoco veo la obligación de que una persona tenga que internarse en una dependencia pública”. El senador reconoció que “hay un vacío que hay que resolver adecuadamente” y dijo que conoce bastante de la población de calle y que muchas personas optan por pernoctar en la vía pública aunque se les ofrezca “otras alternativas”: “No las quieren utilizar por alguna razón”, afirmó. “También es verdad que toman un espacio que les pertenece a otros, que molestan el tránsito de las personas, hacen sus necesidades en la calle; todo eso maldispone a los vecinos”, expresó. Como la solución “no es blanco y negro”, sostuvo que necesita más información para opinar, sobre todo en los casos de personas que se niegan a concurrir a los refugios.
El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo a la diaria que si bien su partido no ha analizado el tema, “lo adecuado” es que sea el Mides el organismo que intervenga, porque es la cartera competente y adecuada “para brindar contención social a todas esas personas”. Lozano sostuvo que “la gente tiene derecho a tener una vida digna y todos los que duermen en la calle no la tienen”, por lo que “algo que hay que hacer”. Si bien dijo que no escuchó las declaraciones del ministro del Interior, manifestó que no concuerda con el planteo de que las personas “no tienen derecho” a pernoctar en la vía pública.
“Iniciativas contradictorias”
En tanto, la oposición lanzó críticas a los anuncios de Larrañaga. El diputado del Frente Amplio (FA) Gonzalo Civila expresó que le “aterra que se ponga por delante la intervención policial respecto de la intervención social en un tema tan sensible como este”. Civila sostuvo que conoce este tema “desde hace mucho tiempo” y que los técnicos que trabajan directamente con las personas involucradas saben que “este tipo de abordaje, centrado en lo represivo, puede generar consecuencias muy negativas”. Según sostuvo, en los procedimientos policiales muchas veces “hay trato humillante y violento hacia la persona que está en situación de calle” y “se la obliga a deshacerse de sus pocos bienes”. Esta situación, aseguró, “puede generar una violencia muy grande sobre derechos de personas que están en una situación de descarte prácticamente en la sociedad”. “Nos parece importante que las autoridades del Mides, que tienen entre sus cometidos velar por las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, se expresen sobre esa supuesta coordinación que habría entre los ministerios, pero que la anuncia sólo el ministro del Interior”, planteó.
En tanto, su compañero de bancada Gerardo Núñez, del Partido Comunista, dijo a la diaria que los mensajes de Larrañaga “son parte de una estrategia comunicacional para la tribuna”, pero no apuntan a resolver los “problemas de fondo” de las personas en situación de calle: “Lo que tiene que resolver el gobierno es que las personas en esta situación no lleguen a esa condición”. Sostuvo que para eso es necesario intentar que no se vulneren más los derechos de ese grupo poblacional, a fin de que “tengan otras opciones” antes que la calle. Además, dijo que el Poder Ejecutivo propone iniciativas contradictorias: por un lado, esta propuesta de “reprimir”, y por otro, las propuestas en materia de vivienda en la ley de urgente consideración, que “acortan los procesos de desalojo”. “Esa gente, una vez desalojada, ¿a dónde va a ir?”, cuestionó.
Los operativos
La Dirección de Planificación y Estrategia Policial de la Policía Nacional emitió una orden de operaciones que dispone patrullajes en “aquellas plazas, áreas verdes y parques de pública concurrencia” los días en que se produzcan “bajas temperaturas o el denominado ‘frío polar’”. Este patrullaje tendrá como objetivo “identificar a las personas que ocupan dichos espacios y coordinar con las intendencias departamentales, el Mides y ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] la atención de las mismas”. Se buscará además “liberar los espacios públicos o de pública concurrencia”. Respecto de la ejecución de la operación, se establece que deberá hacerse con la utilización de “cámaras personales” y ajustarse a las “fases” de “observación, prevención, disuasión y represión”, así como a la Ley de Procedimiento Policial. Además, se adoptarán medidas sanitarias previstas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y se advierte a los efectivos policiales que “tomen en cuenta el potencial riesgo de salud de algunas personas en cuanto a su situación física y mental”.