La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que rechaza la creación del delito de agravio a la autoridad policial, previsto en el artículo 11 de la ley de urgente consideración (LUC). La organización advierte que el nuevo tipo penal atenta contra las libertades de expresión y prensa y “sobreprotege las actuaciones de los policías”, por lo que solicita a los legisladores que sean “fieles a la tradición democrática y de libertad de expresión” de Uruguay y modifiquen la ley.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y otras autoridades de la organización, consideraron que “los legisladores se han excedido en sus labores, al crear ‘un nuevo delito de comunicación’ o una nueva acción penal contraria a principios constitucionales sobre las libertades de expresión y prensa”, y destacaron que se enmarca “en una época en que existe una controversia en el mundo entero entre los abusos cometidos por policías contra los ciudadanos y por dotar a las fuerzas del orden con mayor institucionalidad”.
El artículo 11 establece que “el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión”. Para Barnes, “los agentes de Policía deben estar protegidos de las quejas físicas y violentas; sin embargo, castigar las críticas, verbales o escritas, de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación es una forma de crear privilegios que se remontan a la desafortunada era cuando en América Latina había muchas leyes de desprecio e insulto que protegían erróneamente el honor de las autoridades”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y la promoción de las libertades de prensa y expresión, con sede en Miami, Estados Unidos. En Uruguay sus socios son El País, El Observador, Búsqueda, Saeta TV Canal 10 y El Telégrafo.