Varias organizaciones sociales bolivianas respondieron a la convocatoria realizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y se manifestaron este martes en la ciudad de El Alto, situada en el área metropolitana de La Paz, en repudio a la postergación de las elecciones presidenciales, que originalmente iban a realizarse el 6 de setiembre, pero que en virtud de la pandemia de coronavirus fueron reprogramadas para el 18 de octubre.
Los movilizados confluyeron desde varias zonas de la ciudad y luego en el centro realizaron un cabildo. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, indicó que el cabildo analizó varios temas, entre ellos, la postergación de las elecciones nacionales, la estabilidad laboral y la “caída de la economía”. “Viendo las necesidades del pueblo, como el problema de la salud, la educación, la democracia, la estabilidad laboral, la caída de la economía, estamos indignados y sorprendidos por las decisiones del Tribunal Supremo Electoral [TSE], que postergó las elecciones”, dijo el dirigente sindical, de acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón.
Las movilizaciones fueron duramente criticadas desde el Ejecutivo que encabeza la presidenta de facto Jeanine Áñez. El ministro de Gobierno –cartera que cumple funciones similares a las de un Ministerio del Interior–, Arturo Murillo, criticó al ex presidente Evo Morales y también al candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, y al ex canciller David Choquehuanca.
“Si es tan valiente” para convocar a este tipo de movilizaciones en plena pandemia, debería liderar la marcha, dijo Murillo respecto del ex mandatario. “Que no sean cobardes y no se oculten detrás del Twitter, mandando a la pobre gente a morir”, agregó el ministro.
Pero mientras la crisis política continúa, la pandemia de coronavirus sigue avanzando en territorio boliviano, donde las personas diagnosticadas con el virus superan los 71.000 y las muertes atribuidas al nuevo patógeno son aproximadamente 2.700.
Acerca de este tema, en las últimas horas el Ministerio de Salud boliviano hizo públicas unas proyecciones de acuerdo a las cuales la pandemia ya alcanzó su pico en el departamento de Beni, la curva seguirá en ascenso hasta setiembre en Cochabamba, Pando, Potosí y Santa Cruz, en tanto que en los departamentos de Chuquisaca, La Paz y Oruro se alcanzará el tope de contagios en octubre, el mes previsto para las elecciones. Obviamente esta información generó la reacción de Morales, que teme una nueva postergación de las elecciones.
“En lugar de dar datos ciertos sobre picos de contagio, el Ministerio de Salud dice, después de que el TSE corrió fecha de elecciones a octubre, que este mes será de más contagio. Al gobierno de facto no le interesa la salud del pueblo. Usa la pandemia con fines políticos”, afirmó el líder del MAS en su cuenta de Twitter.
Informe sobre masacres
En el comienzo de esta semana, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) publicaron un reporte sobre “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el gobierno de la presidenta Jeanine Añez en noviembre de 2019.
El informe, titulado “‘Nos dispararon como animales’, Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, que se centra en los hechos producidos en las localidades de Senkata, en El Alto y Sacaba, en la provincia de Cochabamba, implicó, de acuerdo a sus autores, seis meses de “una investigación independiente” en el país, de entrevistas “a más de 2.000 víctimas, testigos, periodistas y funcionarios, documentando así la represión acontecida desde que el gobierno interino llegara al poder en noviembre de 2019”.
Puntualmente, en los episodios ocurridos en Senkata y Sacaba murieron 37 personas y aproximadamente 500 resultaron heridas por la acción represiva de las fuerzas estatales que allí actuaron.
“Hemos identificado patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos desde que el gobierno interino asumió el poder. Estos abusos crean un ambiente que ha socavado la posibilidad de unas elecciones libres y justas”, señala Thomas Becker, abogado internacional que forma parte de la investigación.
El reporte de la universidad de Havard y UNHR identifica cuatro áreas “en las cuales las autoridades han violado los derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros”.
Primero, “violencia de Estado contra manifestantes”, en referencia específicamente a los hechos de Sacaba y Senkata, en los que la represión policial y militar contra los manifestantes “constituye una violación directa del derecho a la vida”, asevera el reporte. “Según testigos en ambas ubicaciones, las fuerzas de seguridad abrieron fuego –sin previo aviso– contra civiles desarmados, incluidos aquellos que estaban ayudando a los heridos”, destaca el informe.
Áñez y otros integrantes de su gobierno afirmaron en reiteradas ocasiones que las muertes en Sacaba y Senkata fueron causadas por los propios manifestantes, e incluso la Fiscalía en su momento aseveró que los proyectiles que se pudieron rescatar de algunos cadáveres no eran de uso militar.
En segundo lugar, el reporte concluye que en Bolivia hay una “falta de investigaciones imparciales y acceso a la Justicia”. Se señala que el gobierno “no ha cumplido aún con sus obligaciones respecto de las matanzas de Sacaba y Senkata, u otras violaciones de derechos humanos que se han venido dando desde noviembre de 2019”.
El tercer aspecto que establece la investigación de la Universidad de Harvard y UNHR es la “persecución de los disidentes”.
El estudio afirma que “según los testigos, el gobierno de Áñez ha continuado debilitando estos derechos desde noviembre de 2019. Algunos funcionarios han amenazado a periodistas, cerrado medios de comunicación opositores, torturado y arrestado de forma arbitraria a activistas, y han acusado a oponentes políticos de delitos imprecisos como ‘sedición’ y ‘terrorismo’”.
Por último, el informe señala que en Bolivia desde noviembre persiste una práctica de “violencia ciudadana y paraestatal”, en referencia a que “algunos ciudadanos se han organizado en grupos de vigilancia parapolicial, emprendiendo acciones policiales con la aprobación del Estado y llevando a cabo ataques contra oponentes políticos. Frecuentemente, estos grupos colaboraron de forma directa con las fuerzas de seguridad al cometer abusos, aumentando así las dudas sobre si estos han estado actuando como grupos paraestatales”.