La Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género está a cargo de Darviña Viera. Tiene bajo su responsabilidad, junto con sus asistentes Fulvia Favretto y Giuliana Realini, la Operación Océano, que investiga la explotación sexual de menores de edad y por la que ya fueron formalizadas 21 personas.
Esta semana la Fiscalía habilitó un canal de comunicación para que quienes sufran o tengan información sobre casos de explotación sexual puedan realizar la denuncia al 091 507 531. La divulgación de esta información hizo explotar los teléfonos: hasta anoche, eran 11 las víctimas ya identificadas por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.
“Ese número seguramente se ampliará en los próximos días, porque tenemos más adolescentes para contactar y en las últimas horas nos llegó más información, a partir de las líneas telefónicas y otros contactos que hicimos”, explicó Realini, en diálogo con la diaria.
En paralelo, se ordenó la detención de otras tres personas que están requeridas y que estarían fuera del país. Los testimonios de las nuevas víctimas contactadas permitirían además identificar otros victimarios y por eso en la Fiscalía estiman que el número de formalizaciones también seguirá creciendo. “Esto recién empieza”, comenta, a su turno, la fiscal Viera.
¿Cuáles son los plazos? Desde el momento de la formalización, la Fiscalía tiene un año para investigar y recabar pruebas; incluso puede solicitarle al juez otro año de prórroga antes de presentar la acusación. “Pensamos que pueden surgir más imputados, pero en algún momento tendremos que hacer un corte para seguir adelante con el caso y presentar la acusación”, explica Viera.
Este viernes hubo dos fallos favorables para la Fiscalía. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno dejó firme la prisión preventiva de uno de los imputados y a otro de los formalizados resolvió imputarle reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores para mantener relaciones sexuales, la figura penal que más se ha utilizado en el marco de la Operación Océano.
Viera y Realini esperan tener el mismo resultado en otros recursos que presentaron. Por ejemplo: en el caso de seis de las 21 personas formalizadas, la Justicia entendió que no correspondía aplicar lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que inhabilita a los imputados por delitos sexuales “para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia”. ¿Esto qué significa? Que estas personas podrían, por ejemplo, estar dando clases en un liceo (algunos de ellos son efectivamente docentes) mientras dure el proceso judicial y no haya condena. Esta decisión de la Justicia fue apelada por la Fiscalía y se espera el resultado.
La respuesta a las defensas
Una de las estrategias que las defensas han esbozado en los últimos días apunta a sugerir que, en realidad, en algunos casos las víctimas habrían engañado a los victimarios con cédulas presuntamente adulteradas o mintiendo sobre su edad. Viera y Realini afirman que no hay ninguna evidencia para sostener esa hipótesis.
“Las personas formalizadas obviamente sabían que estaban con menores de edad. En la Fiscalía tenemos absoluta convicción de eso y contamos con la evidencia, por algo pedimos la formalización. Rechazamos de plano la idea de que alguno haya sido engañado, no hay ninguna evidencia de eso. En todo caso, se verá en el juicio”, señala Viera.
Por el mismo camino razona Realini: “Hay que ver la prueba en su conjunto. Algunos [formalizados] podrán decir que solicitaron la cédula antes de cometer el delito. Pero una cosa es decirlo y otra es poder probarlo: ¿qué nombre tenía esa supuesta cédula, qué edad decía y cuándo la vieron? Se habló por ahí de una cédula falsa, pero la pregunta es ¿hay signos de adulteración?, ¿cómo van a comprobar que fue adulterada?, ¿tomaron algún resguardo o solamente van a decir que la solicitaron? Repito: una cosa es decir y otra cosa es probar”.
Viera, por ejemplo, afirma, en base a la evidencia recabada, que una de las adolescentes le dice al victimario que ella iba al liceo, y el propio imputado, luego de eso, pasa a buscarla por el centro educativo. “Alguno dijo incluso que podía ser un liceo nocturno, pero eso es falso: no estamos hablando de un liceo nocturno, en este caso concreto comprobamos que la fue a buscar de tarde. O sea que sabían perfectamente que estaban con menores, porque si vas a buscar a la víctima a un liceo en plena tarde, creo que no hay mucho más para decir”, añadió la fiscal. En su opinión, la “asimetría” entre los adultos y las víctimas es “demasiado evidente”. “Estamos hablando de hombres mayores de 40 años, algunos incluso mayores de 60, ante chiquilinas de 16 o 17 años”, señaló.
En esa misma línea, Realini declaró: “Un detalle importante es que no estamos hablando de personas que sólo tuvieron relaciones sexuales con adolescentes, sino de que hubo una retribución, un intercambio, de ventajas económicas o regalos. Estamos hablando de la mercantilización de cuerpos de adolescentes. No hay ninguna duda de quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, está clarísimo que ninguno de ellos fue engañado”, agregó.
Un punto importante en esta etapa de la investigación es la pericia de teléfonos y computadoras que han sido incautados. De esta manera, ha sido posible concluir que varios de los imputados se contactaban con las víctimas por medio de sitios de internet, como la página de citas Locanto. La eventual responsabilidad penal de estos sitios no es un tema prioritario en esta etapa de la investigación, explican las fiscales. “También nos han preguntado acerca de la responsabilidad de los padres de las adolescentes, pero tampoco es algo que estemos investigando ahora. El que mucho abarca, poco aprieta, y por eso ahora estamos enfocados en la responsabilidad de los victimarios y el resguardo de las víctimas. El resto se verá después, pero seguro que se va a investigar”, explicó Viera.
En la misma línea se manifestó Realini: “Cuando se pone tanto el acento en la responsabilidad de los sitios o de las familias, está claro que se está intentando deslindar otras responsabilidades que son mucho más evidentes, en este caso de los adultos formalizados. Pero que haya otro tipo de responsabilidades no implica que estos otros delitos no se hayan cometido”.