Varios senadores del Frente Amplio (FA) presentaron un proyecto de ley para dejar al margen del artículo 4º del decreto de austeridad (90/2020), que limita la renovación de vacantes en el sector público, a los porcentajes establecidos por ley para determinados colectivos sociales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del acceso al empleo en el Estado por parte de grupos “históricamente postergados”, como las personas con discapacidad, afrodescendientes, personas trans y víctimas de delitos violentos.
El único artículo del proyecto establece que “el cómputo de los puestos de trabajo a ser ocupados por personas con discapacidad, afrodescendientes, personas trans y víctimas de delitos violentos de conformidad con la normativa correspondiente, se determinará sobre la suma total de vacantes que se generen en el Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas de derecho público no estatal según corresponda, sin perjuicio del número de aquéllas que efectivamente se provean”.
En la exposición de motivos, los legisladores sostienen que la discriminación ha sido “un problema recurrente en las sociedades democráticas”, el cual Uruguay comenzó a tratar de revertir en 2010 “a través de la implementación de acciones afirmativas en beneficio de los colectivos históricamente postergados”. Entre las medidas que en su momento se establecieron se encuentra la reserva de cierto porcentaje de las vacantes generadas en el Estado (cuyo número varía según el caso de que se trate) a los efectos de ser cubiertas por personas que forman parte de esos grupos.
Por otra parte, los senadores consideran que la incidencia de la pandemia de covid-19 y la declaración de emergencia sanitaria agravaron esta situación, al generar “un escenario más complejo para el acceso al trabajo de estas personas que de por sí ya se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”. Asimismo, recuerdan que el Decreto 90/2020 dispone que los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos y, de los que se generen durante el ejercicio 2020, sólo podrá ocuparse un tercio. En el proyecto de la bancada del FA se pretende agregar a las excepciones de esta normativa (personal docente, de la salud, policial y militar) los cupos establecidos en las distintas leyes que contemplan a estos grupos.
La Ley 18.094 de 2007 establece que el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad “que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo”, en una proporción mínima no inferior a 4% de sus vacantes. La Ley 19.122 de 2013 determina que 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año deben ser ocupados por personas afrodescendientes “que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos, previo llamado público”. La Ley 19.684 de 2018 (Ley Integral para Personas Trans) dictamina que el Estado debe destinar 1% de los puestos de trabajo a personas trans “que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos”.
En busca del acuerdo
El proyecto ingresó a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, pero todavía no comenzó a tratarse. La senadora del FA Sandra Lazo, una de las firmantes del proyecto y presidenta de la Comisión, explicó a la diaria que si bien la iniciativa comenzará a discutirse formalmente en la sesión del 3 de agosto, la idea es comenzar a tejer un acuerdo con legisladores de la coalición en la semana previa, por lo que ya se iniciaron conversaciones en ese sentido.
Lazo destacó que la Comisión está integrada, entre otros legisladores, por la nacionalista Gloria Rodríguez y la colorada Carmen Sanguinetti, ambas referentes en la defensa de los derechos de las poblaciones que son objeto del proyecto, por lo que “a priori” cree “en la posibilidad de tejer acuerdos y trabajar en el proyecto”. Además, consideró que “en el marco de lo que está sucediendo, donde tenemos dificultades en el acceso al trabajo”, los colegas del oficialismo “deberían acompañar” el proyecto.
“Nosotros tenemos claro que no inventamos la pólvora, pero también somos absolutamente conscientes de que antes de las leyes que se estipularon para que hubiera cuotas no pasaba nada”, afirmó Lazo, en referencia al trabajo que ha llevado adelante el FA en materia de inclusión, aunque reconoció que falta mucho por hacer. Todavía “entran pocos”, indicó. Los datos de los informes elaborados por la Oficina Nacional de Servicio Civil que se adjuntaron a la Rendición de Cuentas de 2019 muestran que las cuotas estipuladas en las vacantes del Estado para estas minorías no se llegaron a alcanzar.