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Asamblea de Fancap, el 9 de junio, en su sede.

Foto: Federico Gutiérrez

FANCAP mantiene la intención de promover un referéndum contra la LUC, mientras que en otros sindicatos surgen dudas

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El secretario general de COFE, Joselo López, advirtió que la estrategia podría ser “contraproducente”.

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La Federación ANCAP (FANCAP) mantiene en pie la intención de promover el debate sobre una consulta popular contra la ley de urgente consideración (LUC) en la interna del PIT-CNT. Pese a que el proyecto sufrió modificaciones en su paso por el Parlamento, desde la Federación se considera que es posible transitar el camino del referéndum, aunque esta decisión debe ser respaldada por “todo el movimiento sindical y los sectores populares”, según dijo a la diaria el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez.

“Nosotros no queremos ser vanguardia de nada, queremos tomar las decisiones con todo el movimiento sindical y los sectores populares, pero tenemos una clara definición en ese sentido”, manifestó Rodríguez, consultado sobre la posibilidad de impulsar una recolección de firmas para derogar la LUC. Según indicó el dirigente, este miércoles se va a reunir la asamblea representativa del sindicato para analizar los cambios introducidos a la LUC y tomar una resolución en la cual, según pronosticó, “se va a reafirmar ese camino”. Rodríguez aclaró que FANCAP no pretende tomar la iniciativa por cuenta propia, sino “convocar a militar la posibilidad de un referéndum” en la central sindical. “Con una posición bien humilde, tener una postura firme”, resaltó.

Para Rodríguez no sería estratégico ir por toda la LUC, sino “por algunos artículos que son muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto”. En ese sentido, mencionó el artículo 234, que encomienda al Poder Ejecutivo la realización de un estudio del mercado de combustibles; el 282, que promueve la apertura del paquete accionario de las empresas públicas, lo cual es considerado una “privatización” por parte del sindicato, así como, en general, “los artículos que tienen que ver con educación”, “con recortes de derechos sindicales” y los que “profundizan el punitivismo” del Estado.

Si bien en el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos aún no hay una posición oficial sobre el tema, la dirigente Laura Alberti manifestó a la diaria que a priori “una iniciativa de este tipo tendría cabida” porque hay “preocupación” en el sindicato respecto de la ley. “Si hoy se impulsara una juntada de firmas nosotros la apoyaríamos porque estamos en contra de la ley”, afirmó Alberti. A su entender, “lo que está en discusión es si impulsar un referéndum sobre toda la ley o específicamente sobre artículos”, aunque consideró que “es una ley regresiva en todos los aspectos”.

En la misma línea, el dirigente de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) Marcelo Bustamante sostuvo que “formalmente no hay una definición referida al referéndum, pero internamente se está manejando la alternativa de sumarse a una iniciativa de este tipo, teniendo en cuenta que la ley va a ser aprobada como está”. Bustamante señaló que en AFFUR “se está a la espera de que otro sindicato o el PIT-CNT se mueva” para plegarse a la iniciativa.

Contraproducente

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y presidente del Sindicato Único de Trabajadores de INAU e INISA, Joselo López, advirtió que si una iniciativa de este tenor fracasara sería “contraproducente”, en el sentido de que “el gobierno va a utilizar eso como un respaldo a su gestión”. “Si avanzamos en esa dirección es para conquistar un triunfo y no generar una derrota que le dé más respaldo al gobierno”, analizó López en diálogo con la diaria.

“No hay que descartar ninguna medida, pero hay que pensarlas muy bien. Nosotros creemos que para desarrollar un referéndum o impulsar un plebiscito hay que abrir un espectro amplio de alianzas a nivel popular y social que nos permita tener éxito”, argumentó el dirigente. Para López, las modificaciones que se han introducido al proyecto barrieron con “algunos de los temas que seguramente podrían captar más la atención de la población en general”, como por ejemplo “el tema de las empresas públicas”. “Las experiencias que hemos tenido con los últimos plebiscitos que se han impulsado no son muy alentadoras, por lo tanto, creo que hay que pensar en no terminar dándole más respaldo a la ley y al gobierno”, aseveró.

El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), Favio Riverón, coincidió sobre los riesgos que conlleva promover una consulta popular en este contexto: “Estamos en un escenario muy difícil, con una alta aprobación del gobierno, donde la población en general visualiza que todo lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas y los cambios al nuevo código [en la LUC] son el camino necesario. Es parte de lo que se prometió en la campaña electoral y parte de lo que la población uruguaya terminó aceptando como lo que había que hacer”, advirtió el dirigente.

Asimismo, Riverón señaló que “los guarismos de aprobación del movimiento sindical han subido respecto de los últimos años, porque la gente ha visualizado que el movimiento sindical ha venido siendo más serio en cuanto a las propuestas que ha puesto arriba de la mesa” y que “ese escenario no se puede perder”. No obstante, afirmó que el plan de FUECYS “va a estar atado a lo que resuelva el PIT-CNT” y que tampoco descarta “la posibilidad de ir a organismos internacionales” como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de las Naciones Unidas.

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