El relacionista pública Fernando Cristino fue formalizado este lunes por violencia privada, atentado y lesiones personales, luego del incidente que protagonizó en un hotel de Punta Carretas, cuando amenazó a las personas que le impidieron el ingreso. Cristino también es investigado por librar varios cheques sin fondo, además de la causa vinculada a la llamada con la vicepresidente Beatriz Argimón.
Tras dejar el Hospital Vilardebó, Cristino declaró este mediodía en audiencia de formalización ante el fiscal Diego Pérez quien lo imputó por los incidentes ocurridos el miércoles en Punta Carretas, donde protagonizó un altercado con los responsables del hotel y funcionarios de la seccional 10ª.
Cristino fue imputado por los delitos de violencia privada, lesiones personales intencionales y atentado, dado que parte de las amenazas y agresiones fueron en perjuicio de un funcionario policial.
Tras la audiencia el fiscal Pérez explicó que se le aplicaron medidas sustitutivas a la privación de libertad, con la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros al hotel donde se produjo el incidente. Además, se dispuso la realización de tareas comunitarias por dos meses.
Pérez señaló que fue evaluada la situación psicológica de Cristino, pero la coherencia del relato en la audiencia de hoy demostró que estaba apto para ser imputado. “Los hechos se dieron en una situación angustiante para el imputado que derivó en una crisis, que fue atendida”, comentó el fiscal en rueda de prensa.
El fiscal señaló que recibió una llamada de la Institución Nacional de Derechos Humanos consultándole sobre la situación de salud mental de Cristino: “me parece muy loable, fue un motivo de alegría (…) en mi caso nunca había ocurrido, espero que esa política se siga aplicando con los múltiples imputados que nosotros tenemos en esas condiciones”.
Cristino también está siendo investigado por dos causas vinculadas a cheques sin fondo que serán unificadas y quedarán en manos del fiscal Leonardo Morales y la causa que investiga la fiscal de Flagrancia Silvia Porteiro, relacionada con la llamada a la vicepresidente Beatriz Argimón, en la que el relacionista público denunció haber sido amenazado.