La semana pasada, la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la cámara de Representantes recibió al titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, y a una delegación de la Dirección General Forestal. Si bien el propósito de la visita del ministro se debía a la importación del ganado en pie, Uriarte señaló que habló con su “gente de Forestal” y sintió la “obligación” de que lo acompañaran a la comisión para plantear algunas cuestiones sobre la iniciativa presentada por Cabildo Abierto (CA) para regular la actividad forestal.
Los integrantes de la dirección consideraron que el proyecto presentado por el diputado de CA Rafael Menéndez “no reúne en su conjunto una norma que brinde una solución regulatoria” a la forestación y “se contrapone con la normativa” vigente, “pionera en el ordenamiento territorial productivo y en la conservación de ecosistemas naturales de bosques” y que ha tenido “resultados altamente satisfactorios y positivos”.
El proyecto de ley presentado por Menéndez consta de tres artículos. El primero propone limitar la aprobación de proyectos forestales de “bosques de rendimiento que sobrepasen densidades de siembra de 150 por hectárea”. Este artículo establece que las áreas forestadas no podrán superar un índice de la Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra (Coneat) ‒que mide la capacidad productiva de los suelos‒ de 76 (el indicador promedio es 100). Además, indica que la distancia entre los bordes de los montes y el curso de agua más cercano debe ser “siempre superior a 300 metros”.
El segundo artículo plantea que los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales dedicados al área forestal estarán “obligados” a realizar “proyectos de rotación entre cultivos” entre cada período transcurrido entre la plantación y la cosecha de monte.
El tercero establece que la aprobación de los proyectos forestales estará a cargo de la Dirección Forestal y la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que deberán considerar en todos los casos “prioritariamente la voluntad de los habitantes de la zona afectada a la forestación”.
No es por acá
Uriarte se retiró de la sesión de comisión sin hacer consideraciones sobre el proyecto. Carlos Faroppa, director de la oficina, tampoco realizó comentarios. De la argumentación contra el proyecto se encargó el titular de la División Gestión de Bosque, Juan Pablo Nebel, que comenzó su exposición advirtiendo: “Lo que voy a decir puede herir la sensibilidad de alguno de los espectadores. No sé si el señor Menéndez...”. Ante la referencia, el diputado respondió: “Si es por herir la sensibilidad estoy acá hasta las cinco de la tarde, si es necesario”.
Nebel sostuvo que la legislación uruguaya en materia forestal ha sido un “ejemplo” para otros países y destacó la Ley Forestal 15.939 aprobada en 1987. En ese sentido, dijo que al analizar los artículos propuestos “rompen un poco este esquema de legislación que tradicionalmente ha sido bueno”. Sobre el artículo primero, aseguró que su problema es que “limita a la Dirección Forestal”. El ingeniero planteó que el “espíritu” del artículo es que se detengan las plantaciones en algunas áreas agrícolas, que disminuya la cantidad de sitios forestados y que se foreste en otras áreas, pero la norma “no funciona para eso”, porque sólo “limita la aprobación de los proyectos forestales de bosques de rendimiento” y quedan por fuera otros tipos de bosques.
Otro problema, según Nebel, está vinculado a los límites establecidos para el índice Coneat. Explicó que hay un montón de hectáreas de “prioridad” forestal que con un índice de 76 o más ya no se podrían utilizar para la actividad. El director sostuvo que “500.000 hectáreas de índice 83, que son sitios muy forestados”, quedarían por fuera, y calificó este artículo como “bastante potente”. Además, sostuvo que mantener una distancia superior a 300 metros entre las plantaciones también limita la cantidad de tierras para la actividad.
Juan Pablo Nebel, División Gestión de Bosque: El proyecto “atenta directamente contra el derecho de propiedad y la libertad de decisión del productor”.
Con relación al segundo artículo, el ingeniero planteó que es “inaplicable” e “irrealizable a nivel nacional en la silvicultura” por “múltiples motivos”. Expresó que “75% de los suelos forestados no son suelos aptos para otros cultivos” y por eso tienen prioridad forestal. Por último, Nebel apuntó que el tercer artículo ‒que plantea tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos‒ “atenta directamente contra el derecho de propiedad y la libertad de decisión del productor, entendiendo que el papel de ente regulador le corresponde al Estado y no al vecino”. Según interpretó, el efecto de este artículo sería que donde haya un ciudadano en contra de un proyecto de forestación, ya no se podrá seguir adelante con la propuesta.
La delegación de la Dirección Forestal volverá a comparecer ante la comisión la primera o la segunda semana de agosto para que los legisladores hagan sus planteos.
Están “preocupados”
En tanto, Menéndez reconoció a la diaria que Nebel hizo un aporte “muy valioso” a la redacción del primer artículo al plantear el cambio de “bosques de rendimiento” y dejar sólo la palabra “bosques” para abarcar los territorios que no están comprendidos como prioridad forestal. Con relación al resto de los argumentos, el diputado sostuvo que son contradictorios y que no son nuevos, porque ya los ha escuchado en la comisión por parte de otros actores involucrados con el sector forestal, como la Sociedad de Productores Forestales (SPF), la Asociación de Empresas Contratistas Forestales y la Asociación de Industriales de la Madera, que “defienden la forestación y están contra el proyecto”.
Por ejemplo, Menéndez sostuvo que los planteos sobre el segundo artículo no tienen fundamento, ya que en las tierras forestadas se puede hacer “todo” tipo de cultivos. “El argumento que ponen es que hay forestaciones en zonas rocosas en las que no se podría cultivar, pero son las menos”, planteó. Incluso, aseguró que otros actores que comparecieron ante la comisión sostuvieron que “es muy fácil y barato transformar un bosque en campo natural”. El costo sería de alrededor de 450 dólares.
Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto: “Pueblos enteros han emigrado a la ciudad porque han quedado rodeados por zonas forestadas”.
Respecto del artículo tercero, el legislador expresó que los argumentos de Nebel son “extremistas” porque “ningún ciudadano solo va a impedir que se realice una forestación”. Sostuvo que lo que ocurre es que “pueblos enteros han emigrado a la ciudad porque han quedado rodeados por zonas forestadas”.
Para Menéndez los planteos de la Dirección Forestal responden a la defensa de la actividad por intereses económicos. En esa línea, señaló que “no se puede olvidar que Faroppa, hasta hace pocos meses, estaba inmerso en negocios forestales, era el presidente de la SPF, copropietario de una consultora y asesoraba empresas en el rubro”. Señaló que es “evidente” que este proyecto impactará en el desarrollo de la actividad forestal, si no “no hubiéramos tenido a representantes de la forestación todas las semanas en comisión de Ganadería” y “no tendrían por qué estar tan preocupados”.