El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU) se movilizó en la tarde de este miércoles frente a la sede del sindicato, en Agraciada y Bulevar Artigas, en reclamo por la contratación de personal para los diez Centros de Atención de Primera Infancia (CAPI) en Montevideo que permanecen cerrados desde que comenzó la emergencia sanitaria. El sindicato solicitó al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) la contratación temporal de entre 60 y 80 funcionarios para cubrir las vacantes de los trabajadores que actualmente están cubiertos por el subsidio por enfermedad especial aprobado debido a la pandemia de covid-19.
Desde el cierre de los centros de atención parcial, al inicio de la pandemia, los funcionarios que allí trabajaban fueron derivados a los centros de 24 horas para cubrir los “huecos” que dejaron los trabajadores con licencias especiales por covid-19, pero para el sindicato la situación “se ha prolongado demasiado en el tiempo”, dado que los CAPI no reabrieron sus puertas una vez que se reiniciaron las clases. El presidente de SUINAU, Joselo López, explicó a la diaria que “esto genera una situación realmente complicada, porque muchas de las familias que tienen estos niños, que son muy chiquitos, dependen exclusivamente de estos centros para poder salir a trabajar”.
Como solución, SUINAU planteó al directorio que contrate temporalmente, por espacio de cuatro o cinco meses, personal de una lista de prelación integrada por personas que ya habían concursado para ingresar a la institución, “de manera tal de cubrir estos huecos que dejarían los compañeros que volverían a los centros de atención parcial”. “Hemos dado un plazo hasta el 31 de julio y a partir del 1º de agosto los trabajadores no se van a reintegrar a los servicios de 24 horas, sino que van a empezar a ir a sus centros de origen”, anunció López. En total, los CAPI atienden a más de 600 niños, entre ellos hijos de mujeres privadas de libertad.
López explicó que llegó a haber hasta 150 funcionarios con licencia especial por covid-19, pero prácticamente la mitad ya se han reintegrado a sus lugares de trabajo. Asimismo, aclaró que los centros “nunca se llegaron a cerrar del todo, porque si bien no atendían a los niños, sí brindaban canastas y viandas”. “Ahora es necesario retomar toda la actividad”, consideró, y en ese sentido indicó que esta movilización “no tiene que ver ni con el salario ni con las condiciones de trabajo, sino con brindarle un servicio a la gente que vive en barrios de contexto crítico, donde están instalados estos centros de primera infancia”.