Los senadores de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano presentaron en la noche de este martes el proyecto de ley “Pretensión punitiva del Estado. Ley 18.831. Derogación”, que pretende reinstalar la ley de caducidad.
El proyecto de ley, al que accedió el programa Así nos va, de Radio Carve, y posteriormente la diaria, consta de siete artículos. El primero declara “el derecho” a los sucesores y familiares a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en “los excesos que se hubieran cometido durante la dictadura”. En la misma línea, el segundo señala que se mantendrán las reparaciones que se han otorgado a las víctimas, sucesores o familiares sometidos a “excesos” antes del 1° de marzo de 1985.
El tercer artículo establece que se declare que el derecho penal “ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención, en el marco de la llamada justicia transicional, por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema”. El cuarto pide que se derogue la Ley 18.831, que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos bajo el terrorismo de Estado. En el caso del quinto artículo, los legisladores plantean que por “imperio del principio constitucional de reserva legal, la única fuente de derecho penal es la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales”.
En el sexto artículo CA propone que se ratifique la “plena vigencia de los principios de irretroactividad de las leyes penales y de las leyes procesales penales” en los casos que sean más perjudiciales para los imputados, y exhorta a que se deroguen “todas las normas que directa o indirectamente desconozcan estos principios”. El último artículo del proyecto indica que se deberá mantener “la vigencia de todos los plazos de prescripción” previstos para los delitos del sistema penal uruguayo.
En la exposición de motivos los senadores justifican que su proyecto se propone “sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos, que finalizó hace ya más de 35 años” y lograr la “pacificación definitiva” respetando “distingos del sentir colectivo sin cuyo acatamiento la formulación propuesta puede parecer injusta”.