Betty Yañíquez, que lidera la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados de Bolivia, presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho a la protesta. La legisladora del sector que lidera el ex presidente Evo Morales dijo que, si bien este derecho está contemplado en la Constitución y en normas internacionales que adoptó el país, es necesaria su ratificación porque en Bolivia actualmente hay un “estado de no derecho”.
Con su propuesta de ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social, Yañíquez busca evitar que “líderes sociales” y “dirigentes sindicales” sean perseguidos por participar en manifestaciones, informó la agencia de noticias Efe. El texto establece que queden sin efecto los procesamientos que ya se dispusieron por ese motivo.
Esta iniciativa llega después de las denuncias que presentó el gobierno de facto que encabeza Jeanine Áñez contra participantes en las movilizaciones que se llevaron a cabo en julio y las que se extendieron desde el 3 al 14 de agosto. Esas protestas fueron convocadas por la principal central sindical del país, la Central Obrera Boliviana (COB), y por organizaciones campesinas e indígenas en rechazo a una nueva postergación de las elecciones.
La crisis se atenuó con la aprobación y promulgación, por parte de Áñez, de una ley que establece que las elecciones deberán celebrarse antes del 18 de octubre. Originalmente estaban previstas para el 3 de mayo, pero fueron postergadas debido a la emergencia sanitaria. “Esta ley, más allá de las controversias, garantiza las elecciones el 18 de octubre”, dijo el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, el viernes, cuando la organización sindical decidió poner en pausa las protestas hasta el día de la votación.
El gobierno acusa a participantes en esas manifestaciones de causar un perjuicio económico al país, equivalente a unos 1.000 millones de dólares, y de provocar decenas de muertes con bloqueos de carreteras que impidieron el paso de alimentos e insumos médicos indispensables para el combate al coronavirus. Entre los denunciados están Morales, Huarachi y Yañíquez, a quienes se acusa de instigar protestas violentas, que habrían constituido delitos penales. A esas denuncias aludió el diputado Gonzalo Barrientos, del partido Unidad Demócrata, al que pertenece la mandataria de facto, quien dijo que la ley que promueve Yañíquez intenta darles impunidad a quienes cometieron “delitos contra la humanidad”.
En el Senado, de acuerdo con Efe, el líder de la bancada del MAS, Efraín Chambi, dijo que se creará una comisión para investigar la situación de las personas que fueron detenidas durante las movilizaciones y garantizar la “imparcialidad de las investigaciones”. A su vez, Boris Villa, secretario de Seguridad Social de la COB, manifestó que la central respaldará a Huarachi y que a partir de la semana que viene aumentará las medidas de presión hasta que el gobierno “respete las leyes nacionales e internacionales y que el tribunal Supremo Electoral respete la fecha de elecciones que fue sugerida por ellos mismos”, informó ABT Digital.
Ante las acusaciones, Yañíquez dijo días atrás que ella participó en una manifestación que estaba amparada en las leyes y que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actúe para asegurarle las garantías necesarias. La dirigente manifestó: “No le tengo miedo, voy a continuar en esta lucha porque estoy actuando bajo el paraguas de la Constitución, estoy al lado de mi pueblo, vamos a iniciar los procesos que el caso amerita, como la denuncia ante la CIDH, [...] porque estoy sufriendo acoso político”.