“Ni en la dictadura se animaron a tanto”, escribió el diputado frenteamplista Felipe Carballo en una publicación en Twitter en la que compartió un decreto del Poder Ejecutivo que actualiza la reglamentación de las cooperativas y establece que las asambleas “deberán ser grabadas, a efectos de un adecuado contralor por la Auditoría Interna de la Nación”. En la misma línea que el legislador se pronunció el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González, quien consideró que el objetivo del decreto es “tener injerencia directa en las resoluciones del movimiento cooperativo”.
Consultado por la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que la resolución surgió a pedido de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) y del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), con el objetivo de “facilitar el funcionamiento” de la “actividad por la vía virtual”. “Cudecoop pidió el decreto, Inacoop apoyó y nosotros ejecutamos”, afirmó el jerarca, a la vez que señaló que “no hay ningún cangrejo debajo de la piedra” ni “intención de controlar” por parte del gobierno.
En el mismo sentido, el vicepresidente de Inacoop, Andrés Carrasco, afirmó que la idea de autorizar las asambleas virtuales “es algo que venían reclamando las cooperativas” y que el objetivo de grabarlas es “dar fidelidad a la propia asamblea”. “Nosotros recogimos algo que entendíamos totalmente conveniente para el funcionamiento actual, donde se hace muy difícil convocar a las asambleas como tradicionalmente se hace”, añadió. Para Carrasco, grabar las asambleas es una forma de “darles más transparencia” y “nada más que eso”. “La grabación la va a realizar la propia cooperativa, y si la Auditoría Interna entiende que se tiene que mirar, se va a mirar”, indicó.
El dirigente de FUCVAM asegura que la Federación “en ningún momento hizo esa propuesta” y que supo del decreto “antes de ayer”. “Nosotros no avalamos esto para nada y no creemos que las federaciones o cooperativas lo hayan planteado en estos términos”, aseveró. Para González, el artículo 7º del decreto, que establece la grabación de las sesiones, “lesiona fuertemente la autonomía de las asambleas del movimiento cooperativo” y va en contra de un “principio fundamental” que es “la autonomía de todas las organizaciones sociales”. “Las federaciones que hayan dicho que querían esto, que lo asuman. Yo no creo que ninguna federación quiera que graben sus asambleas”, insistió.
Por otra parte, el dirigente hizo referencia a la Ley 18.407 (Ley de Cooperativas), que establece en su artículo 211 que la fiscalización sobre las cooperativas estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, a excepción “de las cooperativas sociales que serán controladas por el Ministerio de Desarrollo Social y de las cooperativas de vivienda que serán controladas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, por lo cual en el caso de las cooperativas de vivienda el contralor corresponde a este ministerio. “Lo bueno sería que los ministros leyeran bien las leyes e hicieran decretos en consecuencia”, apuntó.
El dirigente de FUCVAM adelantó que la federación “se va a oponer” a esta resolución y consideró que el Parlamento “debería tomar cartas en el asunto” porque “tiene varios vicios, incluso legales”. El asesor legal de FUCVAM se reunirá el lunes con los asesores de otras federaciones “a los efectos de analizarlo jurídicamente”, aunque González estimó que se trata de un problema “fundamentalmente político”. “Creemos que el Poder Ejecutivo debe echarse para atrás en este tema”, concluyó.